Griñán carga contra el interventor por incriminarle buscando una posición "más benevolente" de la Fiscalía
juicio de los ERE
El letrado José María Mohedano critica que la Fiscalía sólo asuma una parte de la declaración del interventor en el Supremo, puesto que también sostuvo en aquella comparecencia que no detectó "menoscabo de fondos públicos"
La defensa del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán ha cargado este martes contra el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez por incriminarle en este proceso buscando una posición "más benevolente" de las acusaciones, en relación con la declaración que el interventor prestó de forma voluntaria ante el Tribunal Supremo y que en el juicio de los ERE la Fiscalía Anticorrupción ha asumido como el "reflejo de la posición" del Ministerio Público, a pesar de que no se ha sometido dicho testimonio a contradicción.
Si en la sesión de ayer fue la defensa del ex interventor la que dedicó un capítulo de su informe a desmenuzar lo que pudieron haber hecho las consejerías de Empleo, Hacienda e Innovación para paralizar el pago de las ayudas supuestamente fraudulentas, en la sesión de este martes la defensa del ex presidente ha atacado la conducta del ex interventor y el hecho de que no emitiera el denominado informe de actuación, que habría hecho que las deficiencias detectadas en relación con las ayudas llegaran hasta el Consejo de Gobierno.
En su informe de conclusiones, el abogado José María Mohedano, ha planteado que con la prueba de la declaración del interventor en el Supremo se ha vulnerado el principio acusatorio, que prohíbe acusar y condenar por un hecho diferente del que no ha existido antes posibilidad de defenderse, dado que la Fiscalía ha asumido "parte" de una declaración de un coacusado que no pudo someterse a contradicción porque Manuel Gómez sólo respondió en aquella declaración a las preguntas de las Fiscalía y de las acusaciones populares, y en este juicio sólo ha declarado a la Fiscalía. "Se generó una intensa indefensión a la defensa que nunca pudo repreguntar ni someter a contraexamen a la única persona que declaraba en su contra", ha declarado Mohedano.
El letrado de Griñán ha explicado que en este caso, la prueba de cargo ha sido la declaración del interventor ante el Tribunal Supremo y su ratificación en este juicio, por lo que, "en puridad, no se acogió a su derecho a guardar silencio y a no contribuir a su propia incriminación, sino al contrario, se sometió al interrogatorio del fiscal, no se sabe si buscando hacerse beneficiario de una previsión más benevolente de las acusaciones a cambio, no se olvide, de servir de prueba de cargo contra el coacusado que no tuvo oportunidad alguna de interrogarle".
La Intervención no advirtió de "menoscabo de fondos públicos"
El defensor ha añadido que en su posición de imputado, no se le podía obligar al interventor a contestar, cosa diferente es la utilización de su testimonio por el fiscal, ha señalado el abogado de Griñán, que ha criticado que sólo se haya asumido una parte de aquella declaración en la que, ha continuado, Manuel Gómez también declaró que la Intervención no advirtió de "menoscabo de fondos públicos" en relación con las ayudas concedidas por la dirección general de Trabajo, razón por la que nunca se inició un procedimiento de responsabilidad contable.
Mohedano ha dicho que el fiscal tampoco recoge las declaraciones de todos los interventores que han sostenido que no actuaron porque no habían detectado dicho menoscabo de fondos públicos, pero ha considerado que es la propia Fiscalía la que ha proporcionado a esta defensa el "argumento definitivo" para explicar que José Antonio Griñán "no tuvo oportunidad ni motivos para actuar".
En este sentido, Mohedano ha leído parte del escrito que la Fiscalía realizó para oponerse al recurso de apelación presentado por el interventor Manuel Gómez contra el auto que transformó las diligencias en un procedimiento abreviado -de 31 de mayo de 2016- y en el que el Ministerio Público sostuvo que en los informes de la Intervención se recogen "en algunos supuestos con una redacción ambigua y evasiva, el uso inadecuado de las transferencias de financiación al IFA/IDEA" y añadía que el procedimiento específico se instauró y mantuvo durante diez años por la "ausencia de una actuación del ahora recurrente" quien como interventor general "tuvo posibilidad de poner en marcha mecanismos que pusiesen término al procedimiento y no lo hizo".
"El mismo fiscal que en su informe hace suyo para la acusación al consejero de Hacienda, José Antonio Griñán un fragmento de la declaración de Gómez en el Tribunal Supremo, afirmó un año después, en 2016, que los informes de la Intervención tenían en algunos supuestos una redacción ambigua y evasiva y que la Intervención no actuó a pesar de tener mecanismos para poner término al procedimiento". Por ello, el letrado ha concluido preguntándose "¿qué situación de emergencia podría detectar el consejero si el propio fiscal considera evasivos y ambiguos los informes de la Intervención?" y si considera el fiscal que la Intervención "no utilizó mecanismos para impedir el procedimiento".
Para la defensa, el relato de Manuel Gómez no resulta en absoluto corroborado porque, a su juicio, se trata de una prueba "sospechosa, porque proviene de persona imputada que no está obligada a decir verdad; interesada, ya que de su contenido aflora el propósito de exculpación a costa de otro inculpado; sin calidad, ya que no se ha sometido al examen contradictorio de la defensa, medio imprescindible para garantizar la información; aportada de forma parcial y fragmentaria; y contradictoria argumentalmente con las propias afirmaciones e informes del fiscal actuante en este mismo proceso".
Ni conoció el informe adicional de 2003 ni pudo hacer nada para impedir los incumplimientos
La defensa de Griñán ha afirmado que en el juicio no han quedado acreditados los hechos que le atribuye la Fiscalía respecto a que conoció el informe adicional de 2003, que alertaba de las irregularidades en relación con la concesión de las ayudas, y que no hizo nada para impedir los incumplimientos que en el mismo se señalaban.
Este conocimiento, según José María Mohedano, "no ha quedado acreditado" y Griñán "no pudo ser responsable ni de aquello que no se puso en su conocimiento, ni tampoco conoció por otros medios", sino todo lo contrario, "año tras año tomó decisiones a instancias de la Intervención General de la Junta tanto para promover la mejora del control financiero permanente como la mejora de la regulación presupuestaria".
El letrado ha añadido que ese informe de la Intervención del año 2003, que fue notificado en el año 2005, es en el que las acusaciones establecen que Griñán "tuvo que conocer las deficiencias", pero a juicio del abogado es significativo que la acusaciones siempre hablan de que "tuvo que conocer, debió conocer, pudo conocer, debía haber conocido", hasta el punto de que en el escrito de acusación de la Fiscalía en septiembre de 2016 no se concreta "cómo tuvo conocimiento de él" y en el de conclusiones definitivas se dice que el informe fue remetido a Griñán a través de la entonces viceconsejera Camen Martínez Aguayo, "como si no hubieran escuchado lo que aquella ha dicho en esta Sala", en alusión a que no trasladó ninguno de estos informes al consejero porque no se requería ninguna actuación suya, dado que ninguno era un informe de actuación que contempla el artículo 12.5 del decreto 9/9, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía.
Mohedano ha insistido en que si ni este informe ni los de cumplimiento se pusieron nunca en conocimiento del consejero de Hacienda es porque "no se proponía actuación alguna del mismo, dado que los interventores de la Junta han declarado unánimemente que nunca apreciaron la existencia de menoscabo o de riesgo de menoscabo de fondos públicos".
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