Griñán acude a la cita con la forense que debe emitir un nuevo informe

El ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión por el caso de los ERE, ha acudido este jueves al Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla donde una forense debe emitir un nuevo informe decisivo para determinar si debe entrar en prisión o no para cumplir la condena.

Griñán ha llegado sobre las 10:35 horas a los juzgados del Prado de San Sebastián de Sevilla en un vehículo en el que viajaba también su procurador, y ha accedido a la sede judicial por la puerta del juzgado de guardia, después de haber intentado entrar por error a través de la oficina de la Junta Electoral de Zona, que también se ubica en el mismo edificio.

El presidente no ha querido hacer ninguna declaración sobre su situación y se ha limitado a asegurar a los numerosos reporteros gráficos que se hallaban congregados en los juzgados que "las enfermedades son privadas y deberíamos respetarlas".

Cuando finalmente el ex alto cargo de la Junta ha entrado en la sede judicial se han escuchado algunos gritos de familiares de algunos detenidos que han sido conducidos esta mañana a la sede judicial.

Tras más de una hora dentro de los juzgados, Griñán ha salido sobre las 12:25 horas de la sede judicial por las dependencias de la Junta Electoral de Zona, para tratar de eludir a los medios de comunicación y los funcionarios de Justicia que se habían apostado a las puertas en el marco de las jornadas de paro y huelga en demanda de reivindicaciones laborales.

La nueva cita se produce a tan sólo diez días de las elecciones municipales del 28 de mayo. La decisión definitiva de la Audiencia sobre si debe ingresar en prisión no se conocerá en principio hasta después de las elecciones, dado que una vez que el tribunal disponga del dictamen de la forense tendrá que que darle traslado del mismo y pedir un pronunciamiento a la Fiscalía Anticorrupción y a la acusación popular que ejerce el PP, tal y como anunció recientemente la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla. Lo normal es que la Audiencia conceda un plazo de tres días a las partes para pronunciarse y, una vez reciba los informes de la Fiscalía y el PP, resolverá.

En enero pasado, el informe elaborado por la forense del IML aconsejó que Griñán no entrara en prisión y eso llevó al tribunal, una vez conocida la opinión de la Fiscalía y de la acusación popular, a aplazar la entrada en el centro penitenciario de Griñán. La forense recomendó entonces que no entrara en prisión hasta que se "confirme la remisión, en su caso, de su patología oncológica". El dictamen advertía de que aún se desconoce "cuál será la evolución" del cáncer de próstata detectado en diciembre pasado a Griñán y, en este sentido, subrayaba que los posibles efectos secundarios y las frecuentes revisiones son "poco compatibles" con la vida en prisión.

Sin embargo, una vez que ha concluido las sesiones de radioterapia, la Audiencia acordó en una providencia dictada el pasado 2 de mayo dar traslado al IML de la documentación médica aportada "a fin de que emita informe, a la mayor brevedad, sobre si el tratamiento que se prescribe es compatible con el ingreso en prisión a efectos de resolver sobre la suspensión de la ejecución a tenor del artículo 80.4 del Código Penal que fue solicitada por la representación del mismo".

En esa providencia, el tribunal recordaba que el informe aportado por los servicios que han atendido a Griñán "se especifica el plan de actuaciones consistente, tan sólo, en tratamiento farmacológico y ejercicios rehabilitadores". La forense, como hizo anteriormente, ha preferido examinar personalmente a Griñán antes de emitir el dictamen.

En este contexto, el recurso de amparo que formalizó la defensa del ex presidente andaluz a mediados de abril es prácticamente la última carta de Griñán para evitar su entrada en prisión. La defensa del ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán formalizó el pasado 12 de abril el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Supremo que confirmó su condena a seis años y dos días de prisión por el caso de los ERE. El Tribunal Constitucional, que inicialmente iba a pronunciarse sobre la admisión a trámite de los recursos de amparo el próximo 22 de mayo, ha decidido finalmente aplazar la reunión hasta después de las elecciones municipales, siguiendo la regla no escrita de que los tribunales no deben interferir en los procesos electorales.

El amparo puede ser la última oportunidad de Griñán para impedir lo que cada vez parece más próximo, su entrada en prisión y todo ello a pesar del cáncer que le fue diagnosticado en diciembre pasado. El hecho de que la Audiencia de Sevilla rechazara recientemente suspender la entrada en la cárcel del ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá –que también padece cáncer–, anticipa que el tribunal tomará la misma decisión en su caso. De hecho, el ingreso en prisión del ex presidente andaluz fue aplazado en enero pasado a la espera de que terminaran las sesiones de radioterapia previstas en el tratamiento contra la enfermedad.

Griñán, que en junio cumplirá 77 años, es el único ex alto cargo condenado por la malversación de 680 millones de los ERE que no ha pisado la cárcel, con la excepción del ex director de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez, a quien la Audiencia de Sevilla suspendió su entrada en prisión después de que el Tribunal Supremo redujera su condena a tres años.

Todos los ex altos cargos han presentado el recurso de amparo después de que el Tribunal Supremo rechazara el pasado 1 de marzo los incidentes de nulidad planteados contra la sentencia que confirmó su condena, tras haber alegado la vulneración de derechos fundamentales, entre ellos que se había vulnerado el derecho a la presunción de inocencia por la anticipación del fallo de la sentenciaen julio de 2022, dado que el contenido de la resolución no se hizo público hasta septiembre del año pasado, cuando se incorporó el voto particular que emitieron dos magistradas que entendían que Griñán y otros cuatro ex altos cargos ajenos a Empleo –Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Jesús María Rodríguez Román y Miguel Ángel Serrano Aguilar– debieron haber sido absueltos.