La Fiscalía de Sevilla retiró este viernes dos de sus cinco peticiones de prisión permanente revisable por el triple crimen de Dos Hermanas, en concreto respecto a los dos hombres que fueron contratados para secuestrar a las víctimas. Mantuvo la solicitud de tres condenas de prisión permanente para Ricardo G.H. alias Pollino; su esposa Elisa F.M. y su padre Ricardo G.G., alias Cabo.

La fiscal del caso entiende que esos dos acusados, conocidos como Quino y el Tapita, “colaboraron eficazmente en la resolución del caso", por lo que les aplicó la atenuante analógica cualificada de confesión y dejó su petición de condena en 28 años de cárcel por cada uno de los tres asesinatos.

Entiende la Fiscalía que sin la colaboración del Tapita no se hubieran encontrado nunca los cuerpos, sepultados en una fosa a varios metros de profundidad, y Quino se entregó voluntariamente en comisaría al conocer que se había denunciado la desaparición del turco Yilmaz Giraz, su esposa Sandra Capitán y la hija de esta última, una niña de seis años.

La Fiscalía sigue considerándolos autores de un delito de asesinato aunque no fueran sus "ejecutores materiales", porque dejaron a las tres víctimas sabiendo que las iban a matar. También añadió la agravante de ensañamiento para todos los acusados por la forma en que se produjeron las tres muertes. Mantuvo sin cambios las peticiones de condena por los restantes delitos de secuestro y tenencia ilícita de armas y amplió su petición de cárcel para Ricardo G.G. alias Cabo, al considerarlo autor no solo del secuestro del Turco sino también de Sandra y de su hija.

Por su parte, las acusaciones particulares mantuvieron su petición de hasta tres condenas de prisión permanente para los siete acusados pero retiraron sus imputaciones previas por delitos de grupo criminal y lesiones psíquicas, por los que pedían hasta 12 años adicionales de cárcel.

El juicio encarará el próximo lunes su recta final con la presentación de los escritos de defensa -a la vista de las modificaciones hechas por las acusaciones- y el informe al jurado que hará la fiscal del caso.

En la sesión de este viernes, los psicólogos que atienden a los familiares de las víctimas declararon que estas personas están en una situación de riesgo y son especialmente vulnerables.

Las redes de contactos y familiares de los acusados -el clan de los Cabo- llegaban a la zona donde vivían y por eso "recibían mucha presión del entorno, tuvieron que mudarse de domicilio a otra localidad, los niños cambiaron de colegio, se sentían muy inseguros”, en palabras de los peritos.

La madre de Sandra está incapacitada laboralmente, una de sus hermanas sufre riesgo de suicidio, todos tienen "pesadillas y malestar continuo, ansiedad, alteraciones del sueño, hipervigilancia y miedo", según los psicólogos que las atienden y que advirtieron que su ayuda profesional deberá continuar después del juicio.

El padre de la niña, Joaquín Begines, sufre “imágenes que no dejan de bombardearle, un trastorno de duelo patológico, mucha ansiedad, depresión, trastornos del sueño y psicosomáticos“, según esos expertos.

En la jornada de este viernes declararon varios peritos de la Policía que informaron sobre el revólver empleado en los asesinatos, que requiere licencia de uso y normalmente se usa en tiro deportivo y caza. Aunque la munición es de fabricación italiana, su venta está autorizada en España para uso deportivo, según los expertos en balística.

Otro agente manifestó que "no se han encontrado evidencias" del uso de sosa cáustica o cal en la tierra que rodeaba los cadáveres de las víctimas en el interior de la fosa. La cal viva se degrada a carbonato de calcio, pero esta sustancia detectada en la fosa podría proceder de la misma tierra, señaló el perito.