La Fiscalía pide que se prorrogue la prisión al Dioni de Almensilla por el "evidente" riesgo de fuga
Desfalco en el Sector F
El Ministerio Público destaca la "especial gravedad" por la apropiación indebida de más de tres millones y que no ha revelado el destino que dio al mismo
La defensa se ha opuesto a la petición de las acusaciones y ha pedido la puesta en libertad provisional durante una vista celebrada en los juzgados de Coria Del Río
La Fiscalía ha pedido este lunes a la juez de Coria del Río que prorrogue por dos años más la situación de prisión provisional de Julio Mateos Palacios, el ex tesorero de la junta de compensación del Sector F de Almensilla, que está investigado por la apropiación indebida de más de tres millones de euros, al destacar la "especial gravedad" del delito que se le imputa, así como por el hecho que no ha revelado el destino que dio al dinero, y sobre todo por el "evidente" riesgo de fuga que aprecia en el investigado, quien ya estuvo oculto en la República Dominicana durante más de un año hasta que fue capturado.
En una vista celebrada en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Coria del Río, la Fiscalía ha pedido la prórroga de la prisión provisional por otros dos años más, una petición a la que se han adherido las acusaciones particulares, mientras que la defensa del ex tesorero de la junta de compensación ha pedido su puesta en libertad.
La Fiscalía se ha remitido en la vista a un escrito presentado el pasado 31 de mayo en el juzgado, donde señala que la necesidad de mantener la medida cautelar deriva del hecho de que el delito imputado a Julio Mateos, que está en prisión desde hace casi dos años -ingresó en la cárcel el 18 de agosto de 2016-, es de "especial gravedad". Así, recuerda que el sospechoso estuvo en "paradero desconocido más de un año, y lo principal, hasta la fecha se desconoce el destino dado por el mismo al dinero presuntamente apropiado, sin que el investigado haya esclarecido dicho dato ni consignado cantidad alguna o señalado bienes suficientes como para cubrir la eventual responsabilidad civil que podría imponérsele en caso de ser condenado".
Por todo ello, la Fiscalía concluye que el riesgo de fuga "sigue siendo más que evidente, máximamente teniendo en cuenta" que la Audiencia de Sevilla confirmó esta situación de prisión provisional en febrero de 2018 y la calificó de "adecuada y proporcionada", sin que desde esa fecha hasta la actualidad "se haya producido cambio sustancial alguno de las circunstancias tenidas en cuenta para el mantenimiento de la medida que justifiquen dejar sin efecto en estos momentos".
La Fiscalía recuerda que Julio Mateos ingresó en prisión tras haberse apropiado de más de tres millones de euros de la junta de compensación del Sector F de Almensilla, y tras haber reconocido en un correo electrónico enviado al presidente y al secretario de dicha junta haber cogido dinero de la misma en mayo de 2015, desapareciendo hasta su detención en agosto de 2016 en la República Dominicana, siendo extraditado a España. Casi dos años después, según el Ministerio Público, se "mantienen y refuerzan los indicios contra el investigado".
Para la acusación publica, consta acreditado que el propio Julio Mateos entre los años 2009 y hasta finales de mayo de 2015, a través de su empresa Sema, cobró más de un millón de euros de la junta de compensación, "sin que dichas cantidades estén justificadas ni respondan a una verdadera prestación de servicios a la misma", sino que constan además "indicios contundentes que demuestran que otros cheques librados con cargo a la cuenta bancaria de la junta, habrían sido ingresados en las cuentas de Asema, entre ellos un cheque de 350.000 euros, lo que agravaría el delito de apropiación indebida" al superar una sola de las apropiaciones la cantidad de 50.000 euros.
El Ministerio fiscal considera que es cierto que a lo largo de la instrucción han "florecido indicios contra otros miembros" de la junta de delegados del Sector F, como el caso del presidente de la junta entre los años 2008 y 2012, Ismael Pérea, pero se trata de unas cantidades "sensiblemente inferiores a las presuntamente apropiadas por Mateos", y también han aparecido indicios de delito de administración desleal sobre los restantes miembros de la junta de compensación "por la ausencia de control de las cuestiones económicas, entre otras razones".
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