La Fiscalía pide al juez que archive la causa contra Villalobos por las ayudas a La Pará de Gines

La Fiscalía de Sevilla exculpa al presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, en la causa en la que se investigan las ayudas extraordinarias concedidas por la Diputación al evento denominado La Pará de Gines. El Ministerio Público ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en el que solicita al juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana que archive la causa contra Villalobos y contra otros nueve cargos de la Diputación de Sevilla, en relación con las cuatro “subvenciones excepcionales” concedidas entre los años 2007 y 2011 por un importe total de 22.000 euros para financiar algunos eventos incluidos en La Pará de Gines, como un espectáculo ecuestre de bandoleros y otro titulado “Aromas del Guadalquivir”, así como para el pago de gastos de alquiler, montaje y desmontaje de 100 boxes.

La imputación de Villalobos se produjo a instancias de la propia Fiscalía que, ahora, ha remitido al juez la petición de archivo al no apreciar delito alguno en la concesión de las ayudas por parte de Villalobos y de los otros responsables de la Diputación de Sevilla, según han confirmado a este periódico fuentes del caso.

Además del presidente de la corporación provincial habían sido citados como investigados el ex diputado socialista Antonio Pradas; José Ignacio Calvo Saiz, jefe de servicio de la Intervención de la Diputación; el interventor Eduardo López Vitoria; el secretario general Fernando Fernández-Figueroa Guerrero; la jefa de servicio del gabinete de la Presidencia de la Diputación, Angela Ramos Rodríguez; y José Luis Rodríguez Rodríguez, vicesecretario general de la Diputación. Entre los políticos investigados se encuentran los ex diputados provinciales Manuel González Lora y Manuel Domínguez Jiménez, así como el asesor Manuel Silva Joya, ex alcalde de La Roda de Andalucía.

En el escrito, la Fiscalía cuestiona que si bien los peritos de la Intervención de la Junta consideraron que la primera ayuda concedida para La Pará podía considerarse como una subvención extraordinaria, las que siguieron en los años siguientes podían haber sido programadas si tenían esa periodicidad anual, pero no era algo que pudiera considerarse como obligatorio, por lo que descarta la existencia de delito alguno en la conducta del presidente de la Diputación y de los otros investigados relacionados con la corporación provincial.

Por el contrario, el Ministerio Público sí que se ha opuesto a la petición de archivo que han planteado las defensas de los otros investigados en la causa de La Pará, entre los que figuran el alcalde de Gines Romualdo Garrido (PSOE), la teniente de alcalde María José Posada y cinco concejales, así como cuatro ex hermanos mayores de la Hermandad del Rocío de Gines entre 2007 y 2017.

En el auto en el que imputó a Villalobos, el juez José Ignacio Vilaplana, que ahora deberá pronunciarse sobre la petición de archivo de la Fiscalía, sostuvo que estas subvenciones –de 6.000 euros cada una en los años 2007, 2009 y 2010, y de 4.000 en el año 2011– habrían sido concedidas “con omisión patente de los principios y procedimientos legalmente aplicables”, según pusieron de manifiesto los peritos de la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA). Los peritos destacaron igualmente que no existe en el “expediente” administrativo documental alguna justificativa del carácter “singular” y “excepcional” de la ayuda, que fueron supuestamente otorgadas por razón de “interés público o social”.

Esas cuatro subvenciones, según dijo entonces el juez, fueron concedidas para financiar el evento de La Pará que no era “nada excepcional, ya que el mismo es un evento ordinario, totalmente planificado en su organización y planificable en su administración y financiación y llevado a cabo de forma constante año tras año y en días determinado señalados con antelación”.

De esta forma, los responsables del Ayuntamiento de Gines, “principalmente el alcalde y el responsable de la delegación de Festejos, habrían participado en el mecanismo arbitrario de las ayudas, resultando conocedores de que se habría prescindido de los principios y del procedimiento legalmente procedentes”.

Según la investigación policial realizada, esas ayudas se habrían dado “sin justificación del carácter excepcional de la correspondiente subvención y con omisión de presupuestos normativos esenciales para su otorgamiento, como son, entre otros, la existencia de informes del proyecto que contengan claramente delimitado y especificado el objeto, servicio o finalidad de interés público o social y que motiven las razones que justifiquen la dificultad de la correspondiente convocatoria pública e inexistencia de bases reguladoras a las que puedan acogerse los posibles interesados”.

"Lo arbitrario hubiera sido negarlas", sostuvo la defensa

En julio pasado, Villalobos pidió al juez que archivara la causa en la que está investigado por las ayudas concedidas al evento denominado “Una Pará en Gines”, argumentando que las cuatro subvenciones directas excepcionales se otorgaron según el procedimiento adecuado, con los preceptivos informes, con motivación suficiente y controladas por la Intervención. “Lo arbitrario hubiera sido negarlas”, aseveró José María Calero, abogado de Villalobos.

En su escrito, el letrado de Villalobos indicaba que a pesar de que el informe jurídico no era preceptivo, “en aras a incrementar la seguridad jurídica” lo solicitó al secretario general, lo que significa que “empleó toda la diligencia debida en un buen gestor público, sometiéndose voluntariamente al criterio autorizado de un cualificado funcionario público”.

El presidente de la Diputación declaró como investigado ante el juez en marzo pasado, en una declaración en la que Villalobos se remitió a la tramitación de los expedientes. En una breve comparecencia que se prolongó por espacio de sólo 20 minutos y en la que únicamente respondió a las preguntas de su abogado, el presidente de la Diputación alegó que no intervenía en la tramitación de los expedientes y explicó al juez que no podía aportar datos sobre las cuatro subvenciones que se investigan porque cada año firma "7.000 resoluciones" y gestiona un presupuesto de 400 millones, y el presidente "no interviene" en la tramitación de los expedientes de las ayudas.