La Fiscalía investiga los pagos de Zoido al abogado del PP en los ERE

El fiscal jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo, investiga los pagos que Juan Ignacio Zoido realizó al despacho del abogado del PP en los ERE Luis García Navarro por su intervención como acusación particular en el caso Mercasevilla en representación del Ayuntamiento hispalense.

La denuncia en la Fiscalía hispalense ha sido presentada por el presidente del grupo Novasoft, Francisco José Barrionuevo, que figura como investigado en la macrocausa de Invercaria, y que atribuye supuestamente al letrado del PP delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, estafa procesal y cooperación necesaria en un delito de falso testimonio en la causa de Invercaria.

La Fiscalía de Sevilla ha abierto diligencias de investigación, como suele ser normal en estos casos, y está investigando los hechos que se recogen en el escrito presentado por el denunciante y que pueden concluir con la presentación de una denuncia por parte de la Fiscalía en el juzgado de guardia, si se considera que los hechos pueden ser delictivos, o con el archivo de la misma, en caso contrario, según confirmaron a este periódico fuentes del Ministerio Público.

La denuncia relata que entre los años 2011 a 2015 el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado entonces por alcalde del PP Juan Ignacio Zoido, contrató al bufete García Navarro&Fuster Asociados para la "asesoría jurídica" del caso Mercasevilla, la empresa pública participada mayoritariamente por el Consistorio. En el año 2011, la contratación se realizó mediante la figura de un contrato menor por valor de 17.000 euros, mientras que en los años siguientes se tramitó como procedimientos negociados sin publicidad por importe de 51.000 euros en el año 2012, y de 57.000 euros en los tres siguientes ejercicios (2013, 2014 y 2015). En total, los pagos ascendieron a 239.000 euros.

Dice el denunciante que el procedimiento negociado sin publicidad debe ser utilizado “en contadas ocasiones, pues supone una excepción al principio de concurrencia, y en buena medida al de publicidad (principios básicos y fundamentales del Derecho de la contratación pública)”.

Las invitaciones para el contrato de 2012 se lanzaron “apenas unos días antes de la fecha de contratación” y las sucesivas ofertas del bufete García Navarro&Fuster se registraban siempre “apenas dos o tres días antes de la adjudicación”. El Ayuntamiento pedía tres ofertas y “casualmente las ofertas más altas se correspondían siempre con el mismo bufete Piñeyro García-Quílez (58.000 euros en 2012 y durante los años siguientes exactamente la misma cantidad: 59.900 euros)”.

En todos esos casos, la oferta ganadora fue la de Luis García Navarro por importe de 57.000 euros (2013, 2014 y 2015), mientras que en 2012 la adjudicación fue por valor de 51.000 euros. El tercer bufete aspirante, Sanguino Abogados, ofertó 58.000 euros entre los años 2013 y 2014, y 59.040 euros en 2015.

En la denuncia, el presidente de Novasoft sostiene asimismo que la vinculación entre el bufete García Navarro&Fuster y el denunciante de Invercaria Cristóbal Cantos “no es ya una mera sospecha o conjetura, sino una realidad”. Para acreditar estos extremos, aporta una sentencia dictada el pasado 11 de abril de este año por el juzgado de Primera Instancia número 5 de Sevilla, en la que se desestima una demanda de Cristóbal Cantos contra el bufete Piñeyro García-Quílez, en la que reclamaba la devolución de 16.000 euros por su defensa en el caso Invercaria.

En esa sentencia, que condena además a Cantos a pagar 8.400 euros al bufete, la juez considera como hechos acreditados que en noviembre de 2013 Cristóbal Cantos, por “mediación o recomendación” de la letrada “Laura Fuster Martínez” (sic) –en realidad se refiere a Lourdes Fuster, socia y mujer de Luis García Navarro–, el ex directivo contactó con el letrado Jaime García-Quílez para solicitar sus servicios profesionales.

La defensa de Cristóbal Cantos "podría ser sufragada por el PP"

Dice la juez que este letrado “expresamente reconoció al ser interrogado” que “inicialmente en la primera reunión [con Cantos] no se pactó ningún tipo de honorario en la creencia de que los mismos podrían ser sufragados por el Partido Popular”.

Estos extremos, según Francisco Barrionuevo, evidencian la “connivencia” con el denunciante del caso Invercaria para “incriminar a altos cargos de dicha empresa pública y a los empresarios que accedieron a financiación por la misma, lo que supone un pacto corrupto, debido a que se hace un uso fraudulento de la Administración de Justicia y en ningún caso se pretende la búsqueda de la verdad, con la insana intención de crear sospechas con medias verdades y falsos testimonios, y todo ello al servicio de intereses espurios, cometiendo presuntamente un delito de estafa procesal”.

De otro lado, el denunciante también incluye en la denuncia los 41 contratos menores del bufete de García Navarro con el Ayuntamiento de Burguillos por importe de 236.000 euros –hechos que fueron denunciados y archivados en su día–, y también dedica una parte a su contratación desde 2008 como secretario adjunto del consejo de administración de la RTVA a propuesta del PP con “dedicación exclusiva” hasta que fue cesado en julio de 2018.

En este sentido, Barrionuevo considera que no cumplió con su “obligación de dedicación de 35 horas semanales” y cree que esas cantidades “deberán ser devueltas al ente público”.