La Fiscalía denuncia la "voracidad en la defraudación" de UGT y critica a la Junta porque "se desentendió totalmente"

La Fiscalía Anticorrupción no sólo ha ratificado todas las penas de cárcel que ha solicitado para la antigua cúpula de UGT-A en la antepenúltima sesión del juicio que se celebra desde hace seis meses en la Audiencia de Sevilla. En consonancia con la dureza de su calificación, el acusador público ha sido igualmente rotundo en su informe final, en el que ha denunciado la "voracidad en la defraudación" del sindicato, que se quedaba "el 12,5%" de todo lo que facturaba, y ha ido más allá para criticar también a la Junta de Andalucía, la Administración que "permitió que UGT defraudara" porque "se desentendió totalmente del control de las ayudas" que le concedió durante años. Que fueron muchas, tantas que el fiscal ha afirmado que el sindicato se financiaba "exclusivamente" con el dinero de las ayudas. "¿Alguien realmente cree a estas alturas que UGT no se financia en exclusiva de subvenciones? ¿De verdad alguien cree que se va a financiar con las cuotas de los afiliados?", se ha preguntado.

El fiscal Fernando Soto ha desgranado durante algo más de una hora los "indicios sobrados" que en su opinión existen sobre el fraude en subvenciones y la falsedad documental que atribuye a la decena y media de encausados, cinco de ellos ex altos cargos del sindicato y diez proveedores. A su juicio hay "cuatro grandes grupos" de pruebas de "la realización de facturas falsas para defraudar a la Administración": las declaraciones de los testigos, las declaraciones de los acusados, los correos electrónicos entre UGT y sus proveedores y las "facturas falsas".

De todas las testificales, el fiscal ha seleccionado las de dos empleados del sindicato "aún hoy en día" que "reconocieron con la boca pequeña la existencia de un bote para pedir facturas a los proveedores" o las de varios proveedores que "punto por punto explicaron cómo UGT inducía directamente a la realización de facturas falsas".

En cuanto al intercambio de correos, para Soto constituyen "indicios poderosos y tozudos" que durante el juicio "no han sido explicados". Y a continuación ha puesto varios ejemplos, como el de una empresa no acusada que proporcionó material para una huelga general y desde el sindicato recibió la orden de poner como concepto "cursos de formación". Otra muestra ha sido la de colocar el mismo concepto a otra empresa que organizó un concierto pero facturó "un curso de orientación sobre la discriminación de la mujer". "El sindicato que tanto defiende a la mujer utiliza a la mujer para sus fiestas...", ha dejado caer.

"Este modo de actuar se utilizó de manera masiva y constituyó una forma de ser del sindicato. Se usó de manera total y expansiva en todos los programas", ha proseguido el fiscal, que en el mismo saco ha metido las supuestas facturas falsas. Falsas porque "recogen conceptos genéricos y que no responden a la realidad".

Ha sido en este punto cuando han llovido las primeras críticas a la Administración. "La Junta se desentendió totalmente del control de las ayudas, permitió que UGT defraudara y no colaboró" con la Justicia a posteriori, ha dicho el representante de Anticorrupción, que ha citado la ruptura del Gobierno andaluz con sus peritos y la "subcontratación irregular" de una empresa externa para auditar las cuentas del sindicato cuando comenzó la investigación judicial.

Soto ha insistido en este capítulo más adelante, curiosamente después de defender que la Junta no era "mala pagadora", al contrario de lo que argumentaron los acusados. "Daba el 75% de la ayuda directamente al beneficiario para que comenzara el programa. Un ciudadano, si se le concede una subvención, debe hacer primero el gasto y después se le paga", ha indicado. La Junta, en cambio, "en dos semanas prácticamente tenía todo liquidado" con UGT. "Era puntual pagadora", ha añadido para acto seguido, sin solución de continuidad, volver a lamentar que "no realizó ningún control" y que se escudó en "una empresa externa subcontratada irregularmente". La última crítica a la Junta ha caído por dejar de acusar a tres proveedores: "Nos sorprende que haya retirado la acusación contra personas que han elaborado facturas falsas, pero bueno".

En todo caso, la diana principal del informe de la Fiscalía ha sido el sindicato. "Si UGT recibió subvenciones era para que hiciera un uso fiel de esos recursos públicos y no para que se lucrara con las diferencias de lo que podía sacar a sus proveedores", ha denunciado. "Si era capaz de sacar un buen precio a sus proveedores, eso debería haber redundado en las arcas públicas, pero no quedárselo ellos", ha afirmado.

Y se lo quedaron, siempre en opinión del fiscal, con distintos mecanismos como el rápel, el bote o el alquiler "ficticio" de aulas para impartir los supuestos cursos a trabajadores. "Llegaron a montar tanta complicación que ni ellos mismos se enteraban", ha ironizado Soto, que ha mencionado un correo de la responsable del departamento de Compras en el que "llega a decir que le estaban entrando facturas de rápel que no sabía de qué eran".

Los proveedores tampoco se han librado de las quejas de Anticorrupción. "¿No sabían que el dinero procedía de subvenciones públicas?", se ha cuestionado retóricamente. "Se colocaron en una situación de ignorancia deliberada", ha considerado.

El abogado de la Junta de Andalucía, que ha sido el siguiente en informar, ha respondido a Anticorrupción pero con mesura y cierta autocrítica. "Dentro de sus posibilidades, la Administración sí ha dado el apoyo que se le pidió por parte de la Fiscalía. La Junta tiene los auditores que tiene, no tiene más. Podía haber hecho mejor el trabajo, no lo dudamos, pero se dio el apoyo que en ese momento se pudo dar", ha dicho.

El PP, por su parte, se ha adherido "íntegramente" al informe de la Fiscalía y simplemente ha apostillado que "la conducta del sindicato ha sido un poco el ocultismo". La sesión ha concluido pronto y el juicio se reanudará la próxima semana con los informes de las defensas.