La Fiscalía pide 42 años de cárcel para el joven acusado de asesinar a su novia embarazada en El Rubio

A finales de febrero de 2023, la pequeña localidad de El Rubio se convirtió en protagonista involuntaria de los periódicos, las radios y los telediarios no sólo de Sevilla, sino de toda España, porque fue el escenario del primer asesinato machista de una menor de edad en lo que iba de año en el país. La víctima se llamaba Elia, tenía 17 años y falleció después de recibir un disparo de escopeta en la cabeza. El presunto autor de semejante barbaridad fue su novio, Germán C.V., un joven entonces de 22 años que será juzgado por un jurado popular y que ya sabe a qué posible pena se expone, al menos por parte de la Fiscalía de Sevilla: 42 años de cárcel. La acusación pública, que le atribuye un total de siete delitos, considera que el investigado no sólo acabó con la vida de su pareja, sino que la maltrató “con habitualidad”, la amenazó con “pegarle un tiro” y, al asesinarla, también mató al embrión que llevaba dentro, porque Elia estaba embarazada. Ese fue precisamente el origen de la discusión que acarreó tan trágico final, según los investigadores.

Los hechos ocurrieron el 27 de febrero de 2023, pero en realidad comenzaron antes. En su escrito de acusación, la Fiscalía relata que Germán y Elia tuvieron una relación sentimental y que él la “golpeaba e insultaba con habitualidad” para así perpetuar “una posición de dominación frente a ella”.

A continuación menciona tres episodios de ese maltrato. El primero ocurrió el 11 de enero: “Con intención de hacerle daño, habría golpeado a Elia en la cabeza y la cara y le dejó hematomas en los ojos”. El segundo fue el 15 de enero: “Le habría dicho ‘como te pegue un guantazo, vas a escupir los dientes’ con intención de intimidarla”. Y el último, después de mandarle “un vídeo en el que exhibía una escopeta”, sucedió el 25 de febrero: “Le dice que le va a pegar un tiro a ella y otro al perro, que le va a volar los sesos, que le va a pegar un tiro en la cabeza”.

Dos días después, Germán C.V. cumplió su amenaza. Según la Fiscalía, ocurrió entre la una y las cuatro de la madrugada. Ambos se encontraban en un garaje o vivienda en construcción y empezaron a pelearse “probablemente” a cuento del “reciente embarazo” de ella y de dos tests que se había hecho para confirmar su estado. En el desarrollo de esa discusión, prosigue el escrito, el supuesto homicida cogió una escopeta “sin tener licencia alguna” para su posesión; se colocó “sobre” la víctima aprovechando que estaba “reclinada en el sofá”, con lo que “anuló toda posibilidad de defensa” por parte de ella; y le disparó tras ponerle el cañón “a menos de cinco centímetros de la cabeza”. Los investigadores, de hecho, establecieron que el impacto fue “a quemarropa”. “Con el disparo habría causado la muerte de Elia y del embrión”, apostilla la acusación pública.

Estos hechos, según la Fiscalía, son constitutivos de los siguientes delitos: uno de asesinato, uno de aborto, uno de malos tratos habituales en el ámbito de la violencia de género, otro de lesiones también en el ámbito de la violencia de género, dos delitos de amenazas graves y, por último, uno de tenencia ilícita de armas.

La petición más gravosa, lógicamente, es por el asesinato de la menor de edad. La Fiscalía reclama por este hecho la pena máxima, 25 años de prisión, y que Germán C.V. no consiga los beneficios del tercer grado penitenciario hasta que haya cumplido al menos la mitad de la pena. Pero no se queda ahí, sino que también solicita que se le prohíba vivir o entrar en El Rubio durante otros 25 años, lo que en otro tiempo se denominaba exilio, y por supuesto que no pueda aproximarse a menos de 250 metros ni comunicarse con los familiares y los allegados de la fallecida.

El segundo delito en importancia es el de aborto, que obviamente se corresponde con la muerte del embrión. El artículo del Código Penal que regula esa infracción es el 144 y castiga con penas de cuatro a ocho años “al que produzca el aborto de una mujer sin su consentimiento”. La Fiscalía quiere que se le aplique también el máximo castigo contemplado por la ley, ocho años, y la máxima inhabilitación especial “para ejercer cualquier profesión sanitaria o para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados”: diez años.

Además del asesinato de la menor (25 años) y del embrión (8), la Fiscalía pide otro año de cárcel por el maltrato habitual, un año más por las lesiones, cuatro años por las amenazas graves (dos por cada uno de los dos delitos) y tres años por la tenencia ilícita de la escopeta. En total, 42 años a los que habría que restar lo que lleve en prisión provisional.

El escrito de acusación, además, considera que en los delitos de asesinato, aborto y amenazas graves concurren dos circunstancias agravantes. Una es la de género, ya que actuó como actuó porque la víctima era mujer, y otra es la de parentesco, por su relación con su pareja.