La Fiscalía pide cárcel para Luis Castel por un fraude como el del juez Serrano

Un nuevo frente judicial para Luis Castel. La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una condena de tres años de cárcel y el pago de una multa de cinco millones al empresario sevillano por un delito de fraude de subvenciones relacionado con la ayuda de 2,4 millones que recibió del Ministerio de Industria, en un caso que es idéntico a la investigación actualmente abierta al ex líder de Vox en Andalucía, el juez Francisco Serrano.

La Fiscalía de Sevilla ha presentado ya su escrito de conclusiones provisionales en el juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla, en el que acusa a Luis Castel y a su esposa por fraude de subvenciones, en relación con la ayuda que recibió la empresa Roccar 2010 (ahora denominada Beacombio Internacional S. L.) para desarrollar el proyecto de “nueva fábrica de cosméticos antienvejecimiento y tratamientos especiales para enfermos oncológicos”. El Ministerio de Industria concedió a la empresa el 2 de noviembre de 2015 un préstamo reembolsable de 2.299.136 euros para llevar a cabo dicho proyecto y el dinero se anticipó con fecha 9 de diciembre de 2015, previa “constitución de una garantía" de la empresa de Castel por importe de 252.581,33 euros.

Dice la Fiscalía que el 7 de marzo de 2017, la empresa beneficiaria comunicó al Ministerio de Industria el cambio de razón social de la mercantil, que pasó a denominarse Beacombio Internacional, sociedad en la que figura como administrador único Luis Castel, el empresario que en 2008 intentó comprar el Real Betis a Manuel Ruiz de Lopera por unos 60 millones.

Unos meses más tarde, en septiembre de 2017, la sociedad Beacombio Internacional fue requerida por el Ministerio para que en el plazo de 15 días hábiles presentara la cuenta justificativa de las inversiones. Sin embargo, en lugar de cumplir este requerimiento, la empresa presentó un escrito en el que renunciaba a la ayuda concedida y manifestaba “su voluntad de reintegrar toda la financiación recibida”, según recoge el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, al que ha tenido acceso este periódico.

Industria notificó a la sociedad de Castel el 25 de octubre de 2017 la resolución por la que ordenaba el reintegro total de la ayuda a raíz de la renuncia de Beacombio Internacional, que debía devolver un total de 2.502.337,75 euros en concepto de principal, los intereses financieros y los intereses de demora.

Como continuación del proceso administrativo, la empresa de Luis Castel llegó a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda el 17 de enero de 2018 para el “fraccionamiento de la deuda”, aportando como garantía hipotecaria una finca de Carmona.

La Fiscalía sostiene que a pesar del acuerdo de fraccionamiento de la deuda que se había alcanzado, “hasta la fecha sólo se ha reintegrado por parte de la misma la cuantía de 82.032,23 euros en concepto de amortización parcial de la primera mensualidad, ascendiendo la deuda a un total de 2.420.305,5 euros”, precisa la Fiscalía hispalense.

El Ministerio Público concluye en su escrito de acusación que “no se ha podido determinar el destino dado a los fondos públicos recibidos por al mercantil Roccar 2010 (actual Beacombio Internacional), sin que se haya llevado a cabo por la misma ninguna actividad encaminada a la consecución del proyecto en virtud del cual le fue concedida la ayuda”.

De esta forma, considera que los hechos son constitutivos presuntamente de un delito de fraude de subvenciones del artículo 308.2 del Código Penal, por el que solicita una condena de tres años de prisión y multa de 5 millones de euros para Luis Castel y su mujer, así que se declare la pérdida de la posibilidad de “obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el periodo de seis años”.

La acusación pública solicita asimismo que se imponga a la persona jurídica Beacombio Internacional la pena de 5 millones de multa y que no se le concedan subvenciones o ayudas públicas durante esos mismos seis años.

Este caso es idéntico a la investigación que actualmente se desarrolla al ex líder de Vox en Andalucía Francisco Serrano y a sus dos ex socios, por la ayuda de 2,4 millones de euros que también le otorgó el Ministerio de Industria para la construcción de una fábrica de Pellets en Niebla, donde la Fiscalía también aprecia indicios de un delito de fraude de subvenciones.