La Fiscalía reclama hasta ocho años de cárcel para el ex líder de Vox Francisco Serrano por fraude de subvenciones

Hasta ocho años de cárcel. Esta es la petición de condena que ha realizado la Fiscalía de Sevilla para el ex líder de Vox en Andalucía Francisco Serrano y sus ex socios Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros, en relación con la ayuda de 2,5 millones que recibieron del Ministerio de Industria para la construcción de una fábrica de pellets en Niebla.

La sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Sevilla ha presentado su escrito de conclusiones provisionales, en el que atribuye un delito de estafa y subsidiariamente dos delitos de fraude de subvenciones para los tres acusados. De esta forma, la reprensentante del Ministerio Público reclama una condena de seis años de prisión y una multa de 5.400 euros para los tres acusados por un delito de estafa, como petición principal, si bien de manera subsidiaria considera que si los hechos fueran finalmente considerados como fraude de subvenciones, en este caso considera que los tres acusados serían responsables de dos delitos, por los que reclama una condena de cuatro años de prisión y multa de 7.467.000 euros por cada delito.

En cualquier caso, la Fiscalía solicita que los tres acusados indemnicen de manera conjunta y solidaria al Ministerio de Industria con los 2.489.000 euros del importe de la ayuda concedida.

En el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, al que ha tenido acceso este periódico, la Fiscalía recoge que los hechos se remontan al año 2016 cuando Francisco Serrano y sus dos socios, "con ánimo de enriquecimiento injusto, se concertaron con la intención de obtener fraudulentamente ayudas públicas, para lo cual decidieron participar en el programa de ayudas para Actuaciones de Reindustrialización (Reindus) convocado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el cual establece que para nuevas empresas, recién constituidas, el importe máximo de la ayuda concedida no puede superar el triple del capital social".

Así, los acusados constituyeron el 30 de marzo de 2016 la sociedad Biowood Niebla, en cuya escritura pública de constitución hicieron constar "aportaciones no dinerarias inexistente", en concreto una serie de máuinas como un secadero rotativo con caldera de biomasa y tres granuladoras para la futura fábrica de pellets en la localidad onubense de Niebla.

Las máquinas "no existían", fue un "artificio" para lograr la ayuda

Sin embargo, las máquinas que afirmaban poseer "no existían en realidad puesto que no habían llegado a ser fabricadas, entregadas ni adquiridas en forma por ninguno de ellos, así pues la aportación de las mismas al capital social fue fraudulenta, y se empleó como artificio para simular una solvencia inexistente, incrementando de forma ficticia el capital social y simulando la titularidad de unos fondos propios que eran indispensables para obtener a su favor el préstamo público del programa Reindus", ya que, según la Fiscalía, los tres acusados eran "perfectos conocedores" de que la orden reguladora del programa Reindus establecía que las ayudas no podían superar en tres veces los fondos propios del solicitante.

Dice la Fiscalía que una vez realizadas las comprobaciones oportunas por el arquitecto municipal del Ayuntamiento de Niebla, a fecha 30 de agosto de 2022, sólo consta ejecutada obra de acuerdo con el proyecto por un importe de 512.229,51 euros correspondientes a la nave, y 142.621,52 euros de las oficinas, que asciende a 654.851,03 euros -siendo el importe máximo del préstamo destinado a edificación de 544.316 euros-, "sin que los acusados hayan comprado ni instalado nada del presupuesto para aparatos y equipos de producción, ni se ha procedido al reintegro de las cantidades".

El Ministerio Público concluye que "no se ha podido determinar el destino de 1.944.684 euros del total de los fondos recibidos por Biowood Niebla, sin que se haya llegado a desarrollar la totalidad de las actuacones para las que se concedió el referido préstamo".

Industria concedió a los tres acusados el 1 de diciembre de 2016 un préstamo por importe de 2.489.000 euros para llevar a cabo el proyecto mencionado con un plazo de amortización de diez años, un preiodo de carencia de tres años, y un tipo de interés del 4,09%. El préstamo fue pagado anticipadamente con fecha 29 de diciembre y en la resolución de concesión se establecía que las inversiones y gastos previstos deberán realizarse "en el plazo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y la fecha que resulte una vez transcurridos 18 meses contados desde el 24 de noviembre de 2016".

Una vez recibida la ayuda, el dinero fue transferido a otras cuentas y unos 438.000 euros fueron empleados en diversas operaciones como "préstamos a terceros, retiradas de efectivo, pago de facturas y otros gastos varios, ninguna de ellas relacionadas con la finalidad para la que fue concedido".