La Fiscalía pide otros siete años de cárcel para Lanzas por el ERE de Río Grande

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado otros siete años de cárcel para el conseguidor de los ERE Juan Lanzas, en relación con la ayuda de 1,5 millones concedida por la Junta a a la empresa Río Grande de Sevilla, una petición que se suma a los otros siete años que el Ministerio Público también ha solicitado para el ex sindicalista por el ERE de Mercasevilla.

La causa por el ERE de Río Grande se dirige contra nueve acusados, entre los que se encuentran la administradora única de Río Grande, Carmen García Sánchez; a la que la Fiscalía Anticorrupción solicita la misma pena de 7 años de prisión por un delito de prevaricación en concurso medial con otro de malversación de caudales públicos; así como contra varios responsables y trabajadores de la mediadora Vitalia, de la entidad Atrado Mensajería y del bufete Estudios Jurídicos Villasís, y la intrusa Carmen Fontela, que nunca había sido trabajadora de Río Grande y fue incluida como beneficiaria de una póliza de seguro, y a la que pide cuatro años y seis meses de cárcel. Para los otros acusados, solicita igualmente penas de entre seis y siete años de prisión.

En el escrito de conclusiones provisionales presentado en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, la Fiscalía solicita al juez que acuerde la apertura de juicio oral contra los nueve acusados. Así, señala que la administradora de Río Grande, María del Carmen García Sánchez, "sabedora de que la Junta de Andalucía a través de la Dirección General de Trabajo y al margen de los procedimientos legalmente establecidos podía otorgarle fondos públicos para obtener liquidez inmediata, consiguió que el Director General beneficiara a la empresa con una ayuda por importe de 1.531.299,91 euros que no consta entre las ayudas concedidas y facilitadas por la Junta toda vez que se utilizó el sistema irregular de pagos cruzados para el abono de primas de seguro de modo que dichos pagos no quedan reflejados en la contabilidad de la agencia IFA-IDEA".

Río Grande solicitó el 15 de julio de 2005 un ERE para 12 de los 33 trabajadores de la plantilla alegando causas organizativas y presentando un memoria explicativa en la que describía unos "resultados negativos del negocio, especialmente en 2004, si bien es cierto que la empresa declaró beneficios por importe de 1.250.594,42 euros".

La empresaria, prosigue la Fiscalía, "se valió del acusado Juan Lanzas Fernández" para conseguir la ayuda y así "con el fin de obtener su propósito entró en contacto con Lanzas, quien abusando de su posición como Secretario General de UGT durante el periodo que abarca desde el año 1997 al año 2002 y como asesor de Estudios Jurídicos Villasís a partir de ese año, así como sus colaboraciones como intermediario en la consultora de previsión social VITALIA, fomentó activamente la concesión y pago, a sabiendas de su ilicitud, de la ayuda referida realizando gestiones con los responsables de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, siendo éste quien puso en contacto a la mercantil con el organismo público, en concreto con el director general de Trabajo, Javier Guerrero, y recibiendo como remuneración la cantidad de 93.090,17 euros" que María del Carmen García realizóen el año 2006 a la empresa Atrado Mensajería.

Esa sociedad, propiedad de Lanzas, forma parte de un conjunto de "empresas instrumentales y personas interpuestas que se utilizaban tanto para facturar como para recibir parte de los fondos públicos que le correspondían conforme a lo acordado los responsables de Vitalia, como para generar saldos disponibles en efectivo entregados a otras personas", argumenta la Fiscalía.

La acusación pública recoge asimismo que todos los pagos realizados por el ERE de Río Grande se hicieron "a través del irregular sistema denominado por la propia Dirección General de Trabajo como pagos cruzados. Este método consiste en el desvío de fondos públicos mediante escritos en los que la dirección general ordenaba a las aseguradoras o mediadoras aplicar fondos ya recibidos de ¡FA/IDEA desde su destino inicial (el pago de determinadas pólizas) a otro distinto (el pago de pólizas diferentes). Este uso irregular provocó la carencia absoluta de control en el pago de las ayudas, dado que los denominados pagos cruzados no quedan reflejados en la contabilidad de ¡FA/IDEA ni en la de la Consejería de Empleo". Este sistema irregular fue utilizado en la totalidad de los pagos de la ayuda concedida a Río Grande, sin que conste en todo el expediente, además, "solicitud de ayuda, convenio o protocolo que avalara la concesión de la misma".

Asimismo, la concesión de estas ayudas "no fue sometida a fiscalización previa de la Intervención Delegada de la Consejería tal y como era legalmente exigible, ni se realizó seguimiento de la aplicación del importe de dinero otorgado. No existe en ninguno de los expedientes documentación que acredite el mínimo cumplimiento de las normas que regulen la concesión de subvenciones".