La Fiscalía Europea investiga presuntas irregularidades en el alquiler de tierras de la finca Los Carrizos de Castilblanco

La Fiscalía Europea investiga presuntas irregularidades en el arrendamiento de unas tierras de la finca Los Carrizos de Castilblanco de los Arroyos, en una denuncia que se dirige contra Mario Conde Arroyo, hijo del ex banquero Mario Conde Conde y apoderado de la sociedad Los Carrizos de Castilblanco. La querella fue presentada en los juzgados de Utrera, pero la instructora se ha inhibido en favor de la Fiscalía Europea porque este organismo investiga ya otra denuncia de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía por presunto fraude en ayudas de la Unión Europea que afecta a 104 beneficiarios de las mismas y una superficie de casi 2.000 hectáreas.

En la querella, a la que ha tenido acceso este periódico, una entidad agrícola denuncia a la entidad Los Carrizos de Castilblanco, a su apoderado y a otros dos responsables de la sociedad Quitogrande, en relación con una serie de arrendamientos rústicos de 52 hectáreas en la mencionada finca, que fueron arrendadas por Los Carrizos con la intermediación de Quitogrande.

Según el querellante, Los Carrizos y Quitogrande les "hicieron creer" que la superficies objeto de los cinco contratos de arrendamiento rústicos eran propiedad de la primera mercantil, "cuando realmente no lo eran ni formaban parte de la finca registral que se señalaba en los contratos, sino que pertenecían a otra finca registral distinta" de la que era dueña el Banco de Santander, a raíz de una ejecución de una pieza de responsabilidad civil seguida en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra el ex banquero Mario Conde Conde y que fueron adjudicadas al banco por un decreto del año 2013.

El querellante asegura que descubrió estos extremos cuando se le denegaron las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) de la campaña 2021 y la incoación de sendos procedimientos administrativos de reintegro de las ayudas concedidas, así como del inicio de expedientes sancionadores por las ayudas recibidas entre los años 2017 y 2020. En estos años, la entidad recibió un total de 94.128,03 euros en ayudas de la PAC, por los conceptos de "pago básico" -que corresponde a un mínimo que cobra un agricultor por cada derecho de PAC que activa- y "pago verde" -que es un complemento del pago básico cuando se cumplen una serie de requisitos-, y la Junta de Andalucía resolvió que los contratos de arrendamiento rústicos que había aportado para justificar su derecho al pago de las ayudas mencionadas eran "ineficaces", por no ser la arrendadora que aparece en dichos documentos la dueña de las superficies arrendadas.

En concreto, la Junta detectó que la mercantil Quitogrande aparecía como arrendador en distintos expedientes de solicitud de ayudas únicas en diversas campañas agrícolas "sin que fuera titular registral ni catastral de las parcelas arrendadas y sin que dispusiera de autorización de los titulares catastrales y propietarios de las parcelas para arrendarlas en su nombre".

Dice el denunciante que durante la vigencia íntegra de los cinco contratos de arrendamiento no recibió de la propietaria de la finca registral, es decir, la entidad bancaria, "ninguna queja o denuncia de los contratos, ni requerimiento alguno para que desocupara las superficies arrendadas o para que dejara de aprovecharlas de conformidad con los términos contractuales convenidos con quien tenía como su legítima propietaria".

Como consecuencia directa del "engaño sufrido", la entidad agrícola arrendataria asegura que ha padecido un perjuicio superior a los 150.000 euros, que desglosa de la siguiente forma: 27.960 euros que abonó a Quitogrande por el pago de los cinco contratos de arrendamientos rústicos suscritos, más los 94.128,13 euros de las ayudas de la PAC de 2017 a 2012 cuya devolución se le reclama y otros 38.050 euros correspondientes a las sanciones impuestas por la comisión de una infracción ligada a la ineficacia de cada uno de los contratos suscritos. Añade asimismo que ningún representante de Los Carrizos o de Quitogrande ha dado explicación razonable alguna de lo ocurrido, que puede conllevar "la liquidación y la ruina económica" de la sociedad agrícola perjudicada.

En todos los contratos se hacía una referencia expresa a que la sociedad Los Carrizos de Castilblanco tenía conferido un mandato a favor de la mercantil Quitogrande para que "arrendara en su nombre a terceros las referidas superficies agrícolas".

"Víctima del ilícito afán depredador"

El querellante puso en conocimiento del juzgado la existencia de una investigación en la Fiscalía Europea a raíz de la denuncia de la Junta por la comisión de un presunto fraude de subvenciones en las ayudas de la PAC, un procedimiento en el que los investigadores centran las pesquisas en el protagonismo de la sociedad Quitogrande por hechos muy similares, y asegura que la entidad fue "víctima de un ardid urdido entre Los Carrizos y Quitogrande, por el que los responsables de estas dos sociedades hicieron creer a aquella que por un precio podía arrendar y usar las superficies agrícolas concretas a fin de que fueran aprovechados agrícolamente y activar en ellos sus derechos de la PAC", un engaño que se mantuvo durante cinco años consecutivos, asevera el denunciante, que considera que los hechos pueden ser constitutivos de delitos de falsedad en documento oficial y estafa agravada, tanto por la entidad del perjuicio como por la cuantía de lo defraudado.

Asimismo, advierte de la continuidad delictiva porque "los querellados pergeñaron y ejecutaron un deliberado plan por el que mediante una pluralidad de acciones infractoras de los mismos preceptos penales o de similar naturaleza atacaron a mi representada, a quien no puede sino considerársele una víctima del ilícito afán depredador de aquéllos".

La inhibición del juez

La querella correspondió al juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Utrera, que dictó un auto inhibiéndose en favor de la Fiscalía Europea porque, según la magistrada, no hay ningún indicio de que los hechos se hayan cometido en el partido judicial de Utrera y la Fiscalía Europea está investigando la denuncia de la Junta por la posible comisión de un fraude de subvenciones con ocasión de las ayudas de la PAC.

En esa investigación figuran 104 beneficiarios de las subvenciones europeas y la sociedad Quitogrante, siendo la superficie total afectada de 1.966,74 hectáreas, al tiempo que podría tener un mayor alcance por afectar a las campañas de los años 2017, 2018, 2019 y 2020. La juez añade que la Consejería de Agricultura, que actuaba como organismo pagador, detectó "anomalías en varios expedientes en los que aparecía como arrendadora la sociedad Quitogrante, y ante la sospecha de posible creación de condiciones artificiales, inició un estudio de acreditación de la tenencia de superficies declaradas en esta situación, motivada por ser por primera vez declarantes de superficie en una provincia y sin embargo residentes en una provincia distinta, superficies declaradas como barbecho tradicional o sin producción, en ubicaciones bien dentro del entorno de un Parque Natural, bien zonas agrestes o entre invernaderos, y en las cuales en ningún caso la sociedad arrendadora era titular catastral, según consulta efectuada al catastro", según la denuncia de la Junta.

La magistrada concluye que al existir conexidad delictiva, "competencia exclusiva de la Fiscalía Europea que instruye la causa origen, quien autorizó medidas cautelares y quien no sólo incoó primero el procedimiento, sino quien investiga hechos castigados con mayor pena, debe acordarse la inhibición a dicho órgano", asevera.