La Fiscalía Anticorrupción reclama hasta 7 años de cárcel para la ex cúpula de UGT-A

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado hasta siete años de cárcel y multa de 50 millones de euros para la antigua cúpula de la UGT-A por delitos continuados de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil, en relación con el escándalo de las facturas falsas y un fraude que asciende a 40,7 millones.

En concreto, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido siete años de prisión y multa de 50 millones de euros para el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y la misma pena para el ex tesorero Federico Fresneda, la secretaria de Gestión Económica María Charpín Osuna y el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L. Enrique Emilio Goicoechea Salazar, mientras que para la responsable del departamento de Compras de UGT-A María Dolores Sánchez Montaño ha solicitado cinco años de cárcel y multa de 50 millones.

Para los otros diez acusados, los proveedores del sindicato, la Fiscalía reclama penas de tres años de prisión y multas de doce meses a una cuota diaria de 12 euros (3.600 euros). Además, la Fiscalía reclama que en concepto de responsabilidad civil Francisco Fernández Sevilla, Federico Fresneda, María Charpín y Enrique Goicoechea indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta con la cantidad de 40.750.047,74 euros, y Dolores Sánchez con 4.288.707,74 euros.

En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal delegado de Anticorrupción en Sevilla Fernando Soto considera además responsable civil subsidiario al sindicato UGT-A por la totalidad de las cuantías presuntamente defraudadas, esos 40,7 millones de euros, y también lo hace responsable solidario de las multas que solicita para la antigua cúpula de la organización sindical ahora procesada.

En cuanto a los proveedores, el Ministerio Público reclama indemnizaciones que oscilan entre los 638,56 euros y el millón de euros, y también considera responsable civil subsidiario de determinadas cuantías a las empresas proveedoras como Chavsa, Lienzo Gráfico, Publicar DM, Siosa, Imprenta Pineda, Viajes Macarena, Caronte y Carpetas Badía.

En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal relata que UGT-A, dada cuenta su "posición política, social y económica, como institución de relevancia en nuestro sistema político", ha venido siendo beneficiario de numerosas subvenciones. Un nutrido grupo de estas fueron las subvenciones destinadas a impartir formación, como una de las materias claves en las políticas activas de empleo, "singularmente en una Comunidad Autónoma como Andalucía, donde el paro es un grave problema", precisa Fernando Soto.

Para la correcta ejecución de los programas formativos, el sindicato se servía de recursos propios y ajenos, y en especial de las entidades Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) y Soralpe I Mas P Asociados Sl Unipersonal -cuya finalidad pretendida era crear una estructura de aulas y la gestión de las mismas, manteniéndolas en condiciones técnicas y equipadas para la formación, detalla el fiscal-.

El fraude del rápel y el bote

El Ministerio Público centra la acusación en 14 expedientes de subvenciones otorgadas al sindicato y recoge como mecanismos de defraudación la creación de la central de compras y la utilización de los denominados "rápel" y "bote".

Dice el fiscal que la creación de la llamada Central de Compras fue decisión directa del secretario general Manuel Pastrana Casado, en fecha no determinada del año 2006 y continuó en la implantación de la misma Francisco Fernández, que le sucedió en el cargo. Su objeto inicial era centralizar la relación con los proveedores de UGT de Andalucía, a los que se fueron uniendo las distintas uniones provinciales así como empresas y fundaciones vinculadas a UGT.

En cuanto al rápel, el fiscal precisa que era Federico Fresneda quien seleccionaba los proveedores del sindicato "sin más criterio que su libre voluntad" y atendiendo a la aceptación de las condiciones que se les imponían. Así, negociaba con los proveedores del sindicato ese rápel, un descuento ante la ingente actividad comercial. Estos descuentos, se pactaban como cláusula expresa en cada contrato o bien verbalmente.

Fresneda "exigió que estos descuentos no se materializaran en las distintas adquisiciones de bienes o prestaciones de servicios conforme se adquirían y prestaban y consecuentemente con plasmación en cada factura emitida, sino que se realizara al final de cada ejercicio fiscal". De esta manera, prosigue el fiscal, se materializaba mediante una contra factura de abono, en la que el proveedor devolvía de una vez, la totalidad del descuento al sindicato en la cuenta marcada por este en ocasiones y en otras en metálico. Sin embargo, en la cuenta justificativa que se rendía ante la administración concedente, la Dirección General de Formación, se presentaba "la primera factura sin incluir ese descuento, ocultándolo y lucrándose así en el exceso".

En la rendición de cuentas que Fresneda presentaba periódicamente ante la comisión ejecutiva del sindicato, se incluía el monto obtenido por el rápel, se informaba sobre el mismo y al mismo tiempo se decidía sobre la propuesta de reparto por la comisión entra las distintas Uniones Provinciales. La gestión contable de este rápel se realizó en origen a través de hojas de cálculo excell, sin embargo ante el volumen que adquirió, se terminó materializando en el programa de gestión Spyro.

En cuanto al denominado bote, el fiscal señala que con esta figura, el sindicato, a través de Federico Fresneda, María Charpín y Dolores Montaño, se encargaba la elaboración de "facturas simuladas, que sin responder a realidad o negocio jurídico alguno, pasaba a formar parte de una cuenta acreedora de UGT con los proveedores, siempre previo pago de esas facturas". De este modo la factura, que de ordinario se identificaba con un programa formativo o conceptos genéricos, "se presentaba ante la administración como parte de la cuenta justificativa".

Esto permitía que el sindicato "sostuviera y financiara actividades al margen de la subvencionada con cargo a ese bote. Así y de esa manera, la actividad ordinaria de la entidad se sufragaba con fondos que realmente eran procedentes de subvenciones destinadas a fondos de formación".

De la misma manera que con el rápel, esto se realizaba sólo con proveedores de confianza seleccionados por Federico Fresneda. Igualmente llegó a tener plasmación contable y registral en el aplicativo Spyro, programa informático que contaba "con apartados para asentar tales anotaciones al margen de la legalidad".

Según el Ministerio Público, fue María Charpín, quien en las sesiones de trabajo con los responsables de la implantación del programa Spyro, "exigió que este programa informático contemplara estos apartados, y exigió a sus creadores que lo incluyeran. A tal extremo llegó, que incluso difundió un manual de usuario entre los empleados, en los que se daban instrucciones de cómo manejar y contabilizar las facturas de bote y rápel y tal fue su osadía, que llegó a poner ejemplos en el manual con un proveedor real de los que facturaban falsamente: Lienzo Gráfico", sostiene.

Financiar la acción sindical con el fraude

Añade el fiscal que los saldos favorables al sindicato obtenidos con esta defraudación se destinaban a financiar la acción sindical, y así destaca alguna de las descripciones referentes a los albaranes: "1000 Pay Pay orgullo al 50% CC.OO.", "Globoso rojos con lomo UGTA", "Set de bolígrafos SA organización" (Publicar DM); "5.000 carteles Manifestación 7 de octubre logos UGT-A"; "10.000 pegatinas superagarre Manifestación 7 de octubre logos UGT-A"; "Revista digital Cutural-Alb.Ajuste"; "Diseño bandera Andalucía Movilizaciones 15 de septiembre a Madrid" (Lienzo Gráfico); y "1PC TONI, c/Goles", "PC ́S Prensa", "2 PC ́S Paco Mateos y Nieves" (SIOSA).

En cuanto al rápel, el sindicato UGT-A habría recibido en los ejercicios 2005 a 2013 la cantidad total de 3.440.765 euros, importe que en su mayor parte se abonó en efectivo. El descuento generado seria de 1.024.052,51 euros en la empresa Karonte Nuevos Desarrollos, de 788.813,38 en Siosa, de 707.982,94 a través de la sociedad Publicar D&M, 515.216,66 de Chavsa, y 105.900,19 euros de Lienzo Gráfico.

Recientemente, el juez de Instrucción número 9 de Sevilla Juan Jesús García Vélez dictó el auto de procesamiento del ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y de otras 13 personas por delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil, en un auto en el que el instructor concluyó que "el cómputo global de las cantidades defraudadas" en los expedientes de subvenciones concedidas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía asciende a 40.750.047,74 euros.

El juez acordó en ese auto el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones respecto de ocho personas, entre ellas el ex secretario general del sindicato Manuel Pastrana, pero en este caso dada su "situación de incapacidad sobrevenida" por motivos de salud, tal y como puso de manifiesto el informe médico forense emitido el pasado 17 de mayo.