La Fiscalía Anticorrupción pide el ingreso en prisión ya de Griñán y de los otros condenados

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la petición de la defensa de José Antonio Griñán y de los otros ocho ex altos cargos condenados a penas de prisión por el caso de los ERE a suspender la ejecución del ingreso en prisión mientras se tramitan los indultos que han sido presentados. En un escrito presentado ayer en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, encargada de la Ejecución de la sentencia, el Ministerio Público se opone a la suspensión y pide el ingreso en prisión ya de Griñán y de los otros ex altos cargos.

En octubre pasado, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla incoó la ejecución de la sentencia del denominado "procedimientos específico" de los ERE y pidió a la Fiscalía Anticorrupción y a la acusación popular que ejerce el PP que se pronunciaran sobre la suspensión de la ejecución del ingreso en prisión del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán y de los otros ocho ex altos cargos condenados a penas de cárcel por malversación mientras se tramitan los indultos parciales que todos han solicitado al Ministerio de Justicia.

Ahora, el Ministerio Público ya ha respondido a la Sala, que aún no ha recibido el informe solicitado a la acusación popular -que se espera sea presentado a principios de la próxima semana-, por lo que será entonces cuando se pronuncien los magistrados encargados de resolver la ejecución de la sentencia de los ERE (Pilar Llorente, Patricia Fernández y Enrique García López-Corchado).

Lo que dice el Código Penal

El artículo 4.4 del Código Penal establece precisamente la posibilidad de suspender la ejecución, aunque su redacción es algo confusa. Dice este precepto que “si mediara petición de indulto, y el juez o tribunal hubiere apreciado en resolución fundada que por el cumplimiento de la pena puede resultar vulnerado el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, suspenderá la ejecución de la misma en tanto no se resuelva sobre la petición formulada”.

De la misma forma, este artículo posibilita la suspensión de la ejecución de la pena “mientras no se resuelva sobre el indulto cuando, de ser ejecutada la sentencia, la finalidad de éste pudiera resultar ilusoria”.

El supremo aún no ha resuelto la aclaración y el incidente de nulidad

El proceso iniciado por la Audiencia de Sevilla se produce a pesar de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo aún no se ha pronunciado sobre las peticiones de aclaración y de nulidad de la sentencia que se presentaron a finales de septiembre pasado.

En este sentido, la defensa del ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán presentó un incidente de nulidad contra la sentencia del Tribunal Supremo que ratificó su condena de seis años de prisión por el caso del "procedimiento específico" de los ERE. El abogado del ex presidente, José María Calero, alegó la vulneración de varios derechos fundamentales y solicitó expresamente a la Sala que suspenda la ejecución de la sentencia para "evitar que el incidente pudiera perder su finalidad".

En el escrito, la defensa de Griñán señala que el contenido del incidente de nulidad "afecta a cuestiones esenciales que pudieran alterar el contenido final del fallo, de ser estimados sus motivos. Es por ello razonable que deba esperarse a la resolución del mismo para dar inicio a la ejecución de la sentencia, precisamente en los términos previsto en la ley".

Sin embargo, el Supremo devolvió los autos a la Audiencia de Sevilla y la Sala incoó la fase ejecutoria, solicitando el informe a las acusaciones.

Por su parte, la defensa del ex consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, que fue condenado a 9 años de inhabiltacion, presentó un escrito ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en el que solicitaba la aclaración o complemento de hasta cuatro afirmaciones de la sentencia relacionados con su actuación como presidente de la Comisión General de Viceconsejeros de la Junta -conocidos como los "consejillos"- y el conocimiento o no que la misma tuvo de las ayudas sociolaborales de los ERE.

El Tribunal Supremo confirmó la sentencia que condenó a seis años de cárcel por un delito de malversación, a José Antonio Griñán, en relación con el pago de 680 millones de las ayudas de los ERE. Los otros ocho ex altos cargos que también han solicitado el indulto son los ex consejeros Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, José Antonio Viera y Antonio Fernández, los ex viceconsejeros Jesús María Rodríguez Román y Agustín Barberá, el ex director de Trabajo Juan Márquez y el ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar.

El ex presidente de la Junta José Antonio Griñán fue condenado a seis años y dos días de cárcel, mientras que Antonio Fernández fue condenado a siete años, 11 meses y un día de prisión; José Antonio Viera a siete años y un día de prisión; Carmen Martínez Aguayo a seis años y dos días de prisión; Francisco Vallejo a siete años y un día de prisión; Agustín Barberá a siete años y un día de prisión; Jesús María Rodríguez Román a seis años y dos días de prisión; el ex director general de Trabajo Juan Márquez a tres años de prisión y el ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar a seis años, seis meses y un día de prisión.