La Fiscalía Anticorrupción mantiene que el ex director de la Faffe gastó más de 32.000 euros en prostíbulos

La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido este miércoles las acusaciones por delitos continuados de malversación de caudales públicos y falsedad documental contra el ex director de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén y la ex directora económica Ana Valls, en relación con el uso de varias tarjetas en distintos prostíbulos en los que se abonaron 32.556 euros con fondos públicos.

El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana ha celebrado este miércoles una vista que prevé la lay del jurado para concretar las imputaciones contra los investigados, a los que el fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto ha mantenido los cargos por malversación de caudales públicos y falsedad documental, al estimar que Villén realizó pagos por importe de 32.556 euros en varios clubes de alterne y que el dinero de estos gastos no los repuso el ex director de la Faffe de su patrimonio particular, sino que fue la propia fundación la que asumió dichos gastos. De ahí que considere que la otra investigada, la ex directora económica Ana Valls, participó presuntamente en la simulación de los reintegros de las cantidades, en connivencia con Villén.

La mayoría de los pagos se realizaron en el club de alterne Don Angelo de Sevilla, donde Villén realizó ocho pagos entre 2004 y 2010 por un importe total de 25.277 euros con las tarjetas de la Faffe, destacando los 2.656 euros gastados en un solo día, el 10 de julio de 2008, aunque hubo otros días en el que los gastos también superaron o rondaron los 2.000 euros. También se hicieron pagos en otros clubes de Sevilla, Córdoba y Cádiz.

Por su parte, la acusación popular que ejerce el PP ha pedido al juez que cite a declarar como testigo al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, al señalar que uno de los pagos realizado en el pub Don Angelo por importe de 14.737 euros la noche del 22 al 23 de marzo de 2010 coincidió con la remodelación del Gobierno andaluz que se produjo ese mismo 22 de marzo y en la que fueron cesados, entre otros, el propio ex consejero de Empleo Antonio Fernández. Sobre este extremo ya fue interrogado en su declaración el propio Fernando Villén, quien negó cualquier vinculación de este cargo con los cambios en el Ejecutivo andaluz.

Frente a la postura de las acusaciones, las defensas han reclamado al juez el archivo de la causa. El abogado Adolfo Cuéllar, que representa al ex director de la Faffe Fernando Villén, ha reconocido que aunque es cierto que se utilizaron las tarjetas de la Fundación de forma "no regular", también lo es que "todas y cada una de las disposiciones realizadas fueron devueltas inmediatamente" por Villén de su patrimonio personal.

Adolfo Cuéllar ha precisado a los periodistas que "no existe la menor prueba" de que el dinero devuelto procediera de los fondos de la propia Fundación. El defensor ha pedido el archivo de la causa al estimar que no hay malversación ni falsedad documental, y ha apuntado a asimismo que, en el supuesto de que existiera delito, el mismo había ya prescrito porque sería aplicable el artículo 433 del antiguo Código Penal.

El abogado Manuel Salinero, que defiende a la ex directora económica de la Faffe Ana Valls, también ha pedido en la comparecencia el archivo de la causa y ha solicitado al juez la práctica de nuevas diligencias, entre ellas que se incorpore el informe de la auditoría externa realizada a la Faffe de los años investigados en la que se concluye que "no hay ninguna irregularidad de caja" en las cuentas de la Fundación. Además, ha pedido que se incorporen unos cheques con algunas de las devoluciones realizadas supuestamente por Villén.

El juez deberá decidir ahora sobre la práctica de estas nuevas pruebas. En junio pasado, el juez dictó un auto en el que acordó transformar el procedimiento para que este caso sea enjuiciado ante un jurado popular, al considerar que los datos aportados a la causa llevan a la conclusión de que los hechos podrían ser constitutivos presuntamente de delitos continuados de malversación de caudales públicos y falsedad documental.

El magistrado relataba en la resolución que, según se infiere de las diligencias practicadas hasta el momento, el investigado Fernando José Villén, "prevaliéndose de su cargo como director técnico" de la Faffe, "habría venido llevando a cabo, de manera continuada, una disposición ilícita de los fondos de dicha entidad pública, desviándolos de su propia finalidad –que no es otra que el fomento y financiación de actividades relacionadas con la formación de desempleados-, utilizándolos para abonar los servicios recibidos en distintos locales de alterne de Sevilla y otras provincias andaluzas que frecuentaba, utilizando para ello las tarjetas bancarias de las que disponía (en total, tres tarjetas de las seis de que disponía como director) contra las cuentas de la referida fundación".

Mecánica financiera y de control contable “irregular"

Según el instructor, "con el fin de ocultar la ilícita disposición de fondos públicos realizada”, el investigado, "en connivencia" con la directora económica financiera de la Faffe entre 2004 y 2011, "idearon un sistema por el que se simulaban los reintegros de los referidos cargos realizados por el investigado", de forma que, "en los Libros Diarios de la Faffe, constan asientos devolución de las citadas cantidades que no se corresponden con la realidad". Así, el magistrado añade que, "a tal fin, esto es, al objeto de simular el reintegro a las arcas de la Faffe de las cantidades ilícitamente dispuestas por su director, los investigados utilizaron la caja de la Dirección Económica Financiera de la Faffe, simulando supuestas -en realidad, inexistentes- reposiciones en metálico (evitando así la utilización de transferencias bancarias o método similar) de aquéllas disposiciones ilícitas; haciendo así que los gastos se camuflaran como ingresos en la Caja Central para su posterior inclusión como tales en la contabilidad". "Tal mecánica financiera y de control contable resultaba de todo punto irregular, pues, sin perjuicio de que éste no era un procedimiento correcto para llevar a cabo la correspondiente devolución, lo cierto es que, en todo caso, cada ingreso por devolución de lo gastado indebidamente debía ir acompañado del concorde ticket de gasto o factura, al que se añadía al dorso el programa, subvención y curso al que se adscribía”, asevera el juez.