La Fiscalía Anticorrupción mantiene la petición de dos años y medio de cárcel para el presidente del Cádiz

El séptimo juicio de Invercaria entra en su recta final y lo hace sin ningún cambio en la acusación pública. La Fiscalía Anticorrupción ha elevado este miércoles a definitivas sus conclusiones provisionales, en las que solicita una condena de dos años y medio de prisión y seis años de inhabilitación para el presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, al que considera "inductor" de sendos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, en relación con el préstamo de 150.000 euros que la sociedad pública de capital riesgo Invercaria concedió a la empresa Own&Spa, de la que era consejero y socio promotor.

El fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto Patiño solicita la misma condena de dos años y medio de cárcel para la hermana del presidente del Cádiz, María Ángeles Vizcaíno, consejera delegada de la empresa, como inductora de los mismos delitos, y eleva a seis años de cárcel y diez años de inhabilitación la pena que reclama para el tercer acusado, el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, al que atribuye la autoría de los delitos de prevaricación y malversación relacionados con la intervención en esta mercantil.

El Ministerio Público solicita unas penas inferiores para Vizcaíno y su hermana porque aprecia en su conducta una circunstancia atenuante recogida en el artículo 65.3 del Código Penal, que establece que "cuando en el inductor o en el cooperador necesario no concurran las condiciones, cualidades o relaciones personales que fundamentan la culpabilidad del autor, los jueces o tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a la señalada por la ley para la infracción de que se trate".

La novedad en esta sesión del caso ha venido de la mano de la acusación popular que ejerce el PP, que ha retirado los cargos contra los tres acusados porque, según ha explicado el abogado Wenceslao Moreno, a su juicio "no se dan los elementos del tipo delictivo por el que venían acusados los hermanos Vizcaíno y Tomás Pérez-Sauquillo". Hasta este momento, el PP había pedido una condena de tres años y medio de cárcel la petición para Manuel Vizcaíno y su hermana, mientras que para el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo solicitaba 12 años y medio de cárcel y 41 años de inhabilitación.

Por su parte, las defensas de los tres acusados han solicitado su libre absolución y, en caso de que no se atendiera esta petición, han planteado la apreciación de circunstancias atenuantes.

Así, el abogado Miguel Villegas, que defiende a María Ángeles Vizcaíno, ha insistido en solicitar la libre absolución, si bien de manera subsidiaria ha planteado la apreciación del "error invencible" en su intervención en los hechos y la aplicación de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas como my cualificada por el tiempo que ha estado paralizado el procedimiento, por lo que ha pedido la imposición de la pena en su mínima extensión.

El juicio continuará mañana con la exposición de los informes finales del fiscal, la acusación popular y de las defensas de los tres acusados.

Los peritos no ratifican una parte de sus conclusiones

Los peritos de Taxo que declararon el pasado lunes en el juicio no ratificaron una de sus conclusiones, una en la que afirmaban que se había realizado un análisis escaso por parte de Invercaria y el "destino inapropiado" de los fondos.

En concreto, los dos peritos que realizaron el informe aseguraron al inicio de su intervención ante el tribunal que no ratificaban una de las conclusiones del dictamen, en la que entendían que se producía una "limitación al alcance para poder emitir ese juicio de valor", por lo que no podían mantener dicha conclusión.

Preguntados por el fiscal, los expertos señalaron que el párrafo que no ratifican es el que decía lo siguiente: "Cabe destacar el transcurso temporal entre la concesión del préstamo y la coyuntura crítica de la beneficiaria refleja la escasez de análisis realizado por Invercaria, previo a la formalización de la operación y el destino inapropiado de los fondos aportados".

Los peritos dijeron que no ratificaban dicho párrafo porque "tras el análisis que hemos vuelto a realizar consideramos que no se dispone de suficiente información por nuestro lado como para arrojar esa conclusión y que realmente en el año 2008 la sociedad presentaba unas cuentas que presumían que iba a ser de manera favorable", aseveraron.