La Fiscalía Anticorrupción mantiene la petición de dos años y medio de cárcel para el presidente del Cádiz
El séptimo juicio de Invercaria / Las ayudas a Own&Spa
La acusación del PP retira los cargos contra los tres acusados y las defensas solicitan la libre absolución
Los peritos no ratifican la conclusión a la que llegaron respecto a que Invercaria hizo un análisis "escaso" del proyecto y que hubo un "destino inapropiado" de los fondos públicos
Vizcaíno asegura que Invercaria les embargó 227.000 euros
El séptimo juicio de Invercaria entra en su recta final y lo hace sin ningún cambio en la acusación pública. La Fiscalía Anticorrupción ha elevado este miércoles a definitivas sus conclusiones provisionales, en las que solicita una condena de dos años y medio de prisión y seis años de inhabilitación para el presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, al que considera "inductor" de sendos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, en relación con el préstamo de 150.000 euros que la sociedad pública de capital riesgo Invercaria concedió a la empresa Own&Spa, de la que era consejero y socio promotor.
El fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto Patiño solicita la misma condena de dos años y medio de cárcel para la hermana del presidente del Cádiz, María Ángeles Vizcaíno, consejera delegada de la empresa, como inductora de los mismos delitos, y eleva a seis años de cárcel y diez años de inhabilitación la pena que reclama para el tercer acusado, el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, al que atribuye la autoría de los delitos de prevaricación y malversación relacionados con la intervención en esta mercantil.
El Ministerio Público solicita unas penas inferiores para Vizcaíno y su hermana porque aprecia en su conducta una circunstancia atenuante recogida en el artículo 65.3 del Código Penal, que establece que "cuando en el inductor o en el cooperador necesario no concurran las condiciones, cualidades o relaciones personales que fundamentan la culpabilidad del autor, los jueces o tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a la señalada por la ley para la infracción de que se trate".
La novedad en esta sesión del caso ha venido de la mano de la acusación popular que ejerce el PP, que ha retirado los cargos contra los tres acusados porque, según ha explicado el abogado Wenceslao Moreno, a su juicio "no se dan los elementos del tipo delictivo por el que venían acusados los hermanos Vizcaíno y Tomás Pérez-Sauquillo". Hasta este momento, el PP había pedido una condena de tres años y medio de cárcel la petición para Manuel Vizcaíno y su hermana, mientras que para el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo solicitaba 12 años y medio de cárcel y 41 años de inhabilitación.
Por su parte, las defensas de los tres acusados han solicitado su libre absolución y, en caso de que no se atendiera esta petición, han planteado la apreciación de circunstancias atenuantes.
Así, el abogado Miguel Villegas, que defiende a María Ángeles Vizcaíno, ha insistido en solicitar la libre absolución, si bien de manera subsidiaria ha planteado la apreciación del "error invencible" en su intervención en los hechos y la aplicación de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas como my cualificada por el tiempo que ha estado paralizado el procedimiento, por lo que ha pedido la imposición de la pena en su mínima extensión.
El juicio continuará mañana con la exposición de los informes finales del fiscal, la acusación popular y de las defensas de los tres acusados.
Los peritos no ratifican una parte de sus conclusiones
Los peritos de Taxo que declararon el pasado lunes en el juicio no ratificaron una de sus conclusiones, una en la que afirmaban que se había realizado un análisis escaso por parte de Invercaria y el "destino inapropiado" de los fondos.
En concreto, los dos peritos que realizaron el informe aseguraron al inicio de su intervención ante el tribunal que no ratificaban una de las conclusiones del dictamen, en la que entendían que se producía una "limitación al alcance para poder emitir ese juicio de valor", por lo que no podían mantener dicha conclusión.
Preguntados por el fiscal, los expertos señalaron que el párrafo que no ratifican es el que decía lo siguiente: "Cabe destacar el transcurso temporal entre la concesión del préstamo y la coyuntura crítica de la beneficiaria refleja la escasez de análisis realizado por Invercaria,previo a la formalización de la operación y el destino inapropiado de los fondos aportados".
Los peritos dijeron que no ratificaban dicho párrafo porque "tras el análisis que hemos vuelto a realizar consideramos que no se dispone de suficiente información por nuestro lado como para arrojar esa conclusión y que realmente en el año 2008 la sociedad presentaba unas cuentas que presumían que iba a ser de manera favorable", aseveraron.
La actividad de Own&Spa fue "ridícula", según Anticorrupción
En su escrito de calificación, el fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto concluye que la actividad real de Own&Spa Desarrollos S.L. fue "ridícula, sin un centro de producción ni trabajadores conocidos" y recuerda que la sociedad limitada se constituyó con un capital social de 3.000 euros y cuyo objeto social era el "diseño, construcción y puesta en marcha de instalaciones de ocio relacionadas con el agua, destinadas al buen cuidado físico y de la salud o de relajación o mantenimiento corporal", además de "gestionar contratos de licencia, asesoramiento y transmisión de tecnología de empresas nacionales y extranjeras relacionadas con instalaciones de agua", estando su domicilio social en la localidad sevillana de Bormujos, aunque "no se conocen centros de trabajo, producción o trabajadores", insiste el fiscal.
Dice el Ministerio Público que un poco antes de la constitución de la sociedad, en enero de 2007, Manuel Vizcaíno contactó con Invercaria a través del directivo Gonzalo Alba Beteré, con la idea de desarrollar "un negocio de Spa ligado a la actividad inmobiliaria", acompañando en ese primer contacto el acusado un "documento de pobre contenido".
El proyecto fue dado de alta en Invercaria ese mismo mes y comenzó al análisis por el departamento de Promoción, que el 5 de julio de 2007 comunicó vía e-mail que el proyecto y el plan de negocios "era insuficiente y la necesidad de profundizar en el análisis del proyecto", enviándose documentación el 3 de octubre pero sin modificar dicho proyecto. El 10 de octubre hubo una segunda reunión entre los hermanos Vizcaíno y el personal de promoción, cuyo director, Cristóbal Cantos, les manifestó una serie de "reparos definitivos" a la inversión, entre ellos que "Invercaria no aceptaba una elevada prima de inversión en la entrada en capital, injustificada en una sociedad sin actividad y que no se había exigido al resto de los socios", y concluía que en todo caso solicitaran "financiación adicional y distinta".
Cristóbal Cantos expuso las "deficiencias" del proyecto
Pero a pesar de que el director de Promoción expuso las "deficiencias" del proyecto a los directivos de Invercaria, el entonces presidente Tomás Pérez-Sauquillo, prosigue la acusación pública, "manifestó que había que estar a la espera, pues iba a hacer consultas, arguyendo un interés estratégico, aunque Cristóbal Cantos seguía manteniendo los reparos técnicos al proyecto".
En enero de 2008, tras una tercera reunión, María Ángeles Vizcaíno insistió en el proyecto, pero Cristóbal Cantos terminó por "archivarlo, pues ninguna comunicación habían recibido acerca del interés estratégico por Tomás Pérez-Sauquillo y las deficiencias técnicas apreciadas continuaban sin subsanarse".
"A pesar de todo ello, a sabiendas de que el director de Promoción se había opuesto, que el proyecto tampoco fue analizado por el departamento de Análisis, tal y como describe el procedimiento inversor establecido en el plan director de la compañía, el acusado Tomás Pérez-Sauquillo decidió personalmente conceder la ayuda". Así, el 23 de julio de 2008 se celebró un consejo de administración en el que presentó el proyecto al resto de consejeros, "en realidad sólo a Bienvenido Martínez, el único consejero asistente junto al acusado", al que manifestó que esta inversión había sido aprobada por el Comité de Inversiones.
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