La Fiscalía Anticorrupción se opone a la exclusión de los seis ex altos cargos y a la suspensión del juicio

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la exclusión de los seis ex altos cargos investigados en la pieza en la que se investigan las ayudas por importe de 2,9 millones a la empresa sevilla Aceitunas y Conservas (Acyco) y ha rechazado también que se suspenda este juicio hasta que recaiga una sentencia firme en el denominado "procedimiento específico" de los ERE, en el que fueron condenados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y que está actualmente pendiente de la resolución de los recursos en el Tribunal Supremo.

En su intervención, el fiscal delegado de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga ha comenzado subrayando que las ayudas a Acyco "no han sido objeto ni de instrucción ni de enjuiciamiento" en la pieza política de los ERE, la del "procedimiento específico", un aspecto en el que ha asegurado que el Ministerio Fiscal en ningún momento "ha tenido duda" sobre cuál era el objeto del "procedimiento específico", que no se extiende ni abarca los distintos pagos individuales, ha añadido.

En este sentido, se ha opuesto a la exclusión del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, del ex viceconsejero Agustín Barberá, de los ex directores de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez, y del ex director de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar al entender que los autos de exclusión que ha ido dictado otro tribunal, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, no implican que se haya acordado el "sobreseimiento libre" contra estos cinco ex altos cargos, por lo que se ha opuesto a su exclusión y ha pedido que este juicio de Acyco continúe contra todos ellos.

Sobre la "vinculación" de las resoluciones dictadas por la Audiencia de Sevilla, que fue expuesta por algunas de las defensas, el fiscal ha dicho que la propia Sección Séptima ha dicho en numerosas ocasiones que "en nada le vinculaba" el auto dictado por la resolución Primera de la Audiencia, que enjuició la "pieza política", que rechazó la petición de la Fiscalía para que se realizara una delimitación del objeto de ese procedimiento por el que se concedieron las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis durante una década.

De la misma forma, el Ministerio Público se ha opuesto a que se excluya de esta causa al ex director de Trabajo Daniel Alberto Rivera, único alto cargo ahora enjuiciado que fue a su vez excluido del juicio por el denominado "procedimiento específico" y cuya defensa planteó que debía quedar fuera tras haber sido apartado del juicio a los 22 ex altos cargos de la Junta ya sentenciado. El fiscal ha recordado que la Audiencia lo excluyó de aquel macroproceso pero dejó "abierta" la posibilidad para que fuera juzgado por su presunta responsabilidad en la concesión de las ayudas concretas o individuales.

En cuanto a la petición de suspensión de esta vista oral hasta que haya una sentencia definitiva de la pieza política, el fiscal lo ha rechazado igualmente, al afirmar que "no hay razón alguna que justifique" dicho aplazamiento, dado que no hay ninguna cuestión que determine la pendencia de este procedimiento de aquél ni hay razones de "prejudicialidad".

Así, ha puesto como ejemplo que la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, que resuelve todos los recursos en la fase de instrucción de la macrocausa de los ERE, tras el dictado de la sentencia de la pieza política el pasado 19 de noviembre de 2019 "en ningún momento ha considerado la paralización de los procedimientos abreviados" que se han ido dictando respecto a las ayudas individuales, lo que ha permitido que la Fiscalía Anticorrupción haya presentado ya hasta 30 escritos de acusación relacionados con estas piezas separadas, ha precisado Egocheaga.

Por último, el fiscal ha expuesto que "en el hipotético supuesto de que no se siga la causa contra alguno o algunos de los acusados, nada obsta a que se siga con el resto de los encausados".

Lo único que ha admitido Anticorrupción y ha pedido que se estime es la petición de algunas defensas para que se excluya de este juicio el delito de asociación ilícita que reclaman algunas de las acusaciones, al entender que de los hechos incluidos en la acusación no se desprenden indicios de este delito más allá de la pertenencia de los acusados a la administración autonómica.

La Junta mantiene que sean juzgados Fernández, Guerrero y Márquez

La Junta de Andalucía, que sí ejerce la acusación particular en esta pieza de los ERE –en el procedimiento específico pidió el archivo y quedó fuera del juicio–, se ha opuesto a que sean excluidos de este juicio tres ex altos cargos: el ex consejero de Empleo Antonio Fernández y los ex directores de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez, pero no ha formulado alegaciones a las cuestiones previas planteadas por los otros tres ex altos cargos a los que la Administración andaluza no acusa en este juicio.

La Junta pide por las ayudas a Acyco una condena de seis años y medio de cárcel para el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, otros cinco años y medio para el que fuera director general de Trabajo Javier Guerrero, y tres años en el caso de su sucesor Juan Márquez, mientras que exculpa a otros tres ex altos cargos: el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, el ex director de Trabajo Daniel Alberto Rivera y el ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar.

En su turno de réplica a las cuestiones previas planteadas por las defensas, la abogada de la Junta Victoria Gálvez, ha argumentado que las resoluciones de exclusión de los ex altos cargos dictadas por la Sección Séptima de la Audiencia no se acomodan a los cauces establecidos en la ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que "se crea una gran inseguridad jurídica e indefensión para partes como la Junta de Andalucía, que es la perjudicada" por estos delitos que se investigan. Y esa inseguridad se produce porque, tras consultar la jurisprudencia, esas resoluciones de exclusión "a día de hoy no tienen equivalencia ni a un sobreseimiento provisional ni definitivo".

Por el contrario, ha defendido que Daniel Alberto Rivera sí obtuvo un pronunciamiento de sobreseimiento provisional en el "procedimiento específico" que se ha transformado en definitivo con el paso del tiempo.

La letrada de la Junta se ha opuesto además a la suspensión de este juicio porque, además de las razones expuestas por la Fiscalía, "si se accediera a esa suspensión para incorporar una sentencia futura podría infringirse el principio de seguridad jurídica", por cuanto este motivo "no es una causa de suspensión y es una prueba de futuro, que no existe todavía".

Por último, la acusación popular que ejerce el Partido Popular se ha adherido a las alegaciones realizadas por la Fiscalía Anticorrupción, salvo en lo que se refiere a la imputación por el delito de asociación ilícita, que entiende sí cabe realizar porque había una organización criminal "perfectamente jerarquizada y perdurable en el tiempo" y no es una acusación sorpresiva, si bien ya en el anterior juicio de la "pieza política" de los ERE el tribunal apartó este delito al tumbar la teoría de la 'trama criminal'.

El juicio se reanudará el próximo 13 de octubre, después de que el tribunal resuelva las cuestiones previas planteadas por las defensas y decida si la vista oral arrancará con los 12 acusados actuales, o quedarán fuera algunos de los ex altos cargos que fueron enjuiciados en el primer juicio de los ERE.