La Fiscalía Anticorrupción pide a Vilaplana unificar las dos causas de los avales de la Agencia IDEA

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de refuerzo José Ignacio Vilaplanala acumulación en una misma causa de las dos investigaciones abiertas en relación con los avales y préstamos concedidos por la agencia IDEA, otra de las macrocausas que se investigan en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Según han explicado a este periódico fuentes del caso, la Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito en el juzgado solicitando la acumulación en una misma causa de las dos investigaciones, que fueron denominadas en su día como "Avales I" y "Avales II".

La causa de los Avales I fue abierta inicialmente por la anterior titular del juzgado, Mercedes Alaya, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, pero en mayo de 2019 la juez María Núñez Bolaños decidió archivar dicha investigación porque estimó que los indicios de la comisión de los delitos de prevaricación y malversación “se han desvanecido uno por uno como consecuencia de las diligencias practicadas en el seno de la instrucción”, por lo que decretó el archivo de la macrocausa de los avales y préstamos concedidos por la agencia IDEA.

Sin embargo, la Audiencia de Sevilla revocó en junio de 2020 la decisión de Bolaños y ordenó reabrir esta causa, en la que estaban investigados el ex consejero de Innovación, Ciencia y Empresa Martín Soler, el ex viceconsejero Jesús María Rodríguez Román, el ex secretario general técnico Juan Francisco Sánchez García y el ex director de la agencia IDEA Jacinto Cañete. La Sección Primera de la Audiencia ordenó que se practicaran las diligencias interesadas por la Fiscalía y consistentes en la elaboración de un atestado por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las ayudas objeto de investigación y la elaboración de un informe pericial por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), tal y como ya acordó anteriormente este tribunal en varios autos.

La causa "Avales I" se acotó inicialmente a sólo 18 empresas después de que la magistrada limitara el objeto de la investigación en un auto dictado el 2 de marzo de 2016, en el que reclamó a IDEA únicamente la entrega de los expedientes de las empresas que pudieron "simultanear" las ayudas sociolaborales o a empresas investigadas en los ERE con ayudas públicas de "salvamento o reestructuración" a través de avales o préstamos que concedía la propia Idea en virtud de las competencias delegadas por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Las 18 empresas a las que se limita la investigación de la primera causa de los avales son las siguientes: A Novo Comlink España, Aglomerados Morell, Atarazana de Constantina, Bética Industrial, Cooperativa Panificadora de Cristo Obrero, Corchos y Tapones, Farebus, Hytasal, Industrias auxiliares Marteñas, Insersola, Matadero de la Sierra Morena, Pickman, Piensos andaluces compuestos, Saldauto, Scafa, Sociedad cooperativa industrial de Confección (Scoin), Tartesos Car y Tendencias Ferrera.

En febrero de 2017, la juez Bolaños abrió una segunda causa, denominada Avales II, en relación con un nuevo grupo de empresas que recibieron avales y préstamos de Idea. La juez Bolaños ha acordado incoar unas nuevas diligencias previas, en las que ha incorporado la documentación aportada por la agencia Idea con la relación de empresas que recibieron avales y préstamos. La instructora también requirió a la Intervención General de la Junta para que designara un perito para examinar los expedientes concretos y emitir un informe sobre determinados aspectos.

Con ese informe, se pretende averiguar si la simultaneidad constatada en estas nuevas empresas investigadas es “contraria o no a las disposiciones que resulten de aplicación y, en concreto, a la normativa comunitaria”. El perito también deberá pronunciarse sobre si la interpretación que se realiza sobre la cuestión relativa a la “superación del límite presupuestario –avales dictados en base a delegación de competencias- resulta manifiestamente contraria a la norma o por el contrario es una interpretación admitida en parámetros de normalidad de actuación y razonabilidad”.

De la misma forma, la juez quiere un informe de la interpretación que se realiza sobre la “no necesidad de autorización previa del Consejo Rector o, en su caso, del Consejo de Gobierno sobre subvenciones del año 2009 por aplicación del criterio de cuantificación por riesgo y no en su cuantía total, resulta manifiestamente contraria a la norma o por el contrario es una interpretación admitida”. Lo mismo requiere sobre la autorización previa de la Comisión Europea y sobre si la falta de publicidad detectada pudiera ser “relevante en orden al dictado de resoluciones arbitrarias e injustificadas”.

Por último, la juez pidió al perito que se pronuncie sobre “si los efectos derivados de las anteriores interpretaciones o actuaciones entrañan un riesgo de menoscabo de fondos públicos, de los que pudieran derivarse responsabilidad patrimonial del funcionario o, en su caso, pudiera ser indiciaria de ilícito penal”.

Ahora, la Fiscalía Anticorrupción solicita que se unifiquen ambas causas -la primera, en la que se investigan las ayudas a 18 empresas, y Avales II, en la que se indagan otras ayudas a otro grupo de empresas-, aunque por el momento el juez José Ignacio Vilaplana no se ha pronunciado sobre esta petición.