La Fiscalía pide 14 años de cárcel y una multa de 3 millones para el teniente de la Guardia Civil acusado de narcotráfico

Un jurado popular enjuiciará a partir del 5 de mayo en la Audiencia Provincial de Sevilla a un teniente de la Guardia Civil destinado en Sevilla para quien la Fiscalía reclama un total de catorce años y cuatro meses de cárcel por aliarse con varios narcotraficantes para facilitarles información sobre operativos antidroga e incluso organizar el robo de casi una treintena de fardos de hachís que estaban custodiados en la Comdandancia.

El guardia civil acusado, que responde a las iniciales R.P.M. y está en prisión preventiva desde el 10 de agosto de 2020, era el jefe de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic), con base en la Comandancia de Montequinto. Este operativo se desplaza por toda la provincia en función de las necesidades del servicio y refuerza las dotaciones de cada localidad en caso de eventos como ferias o grandes concentraciones de personas o si hay algún incidente o suceso que requiera de una mayor dotación de agentes. Es también la unidad que monta la mayoría de controles en las carreteras de la provincia.

En su escrito de conclusiones provisionales, según ha informado la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el Ministerio Público reclama para R.P.M. ocho años de prisión, multa de 5.400 euros y catorce años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de cohecho; cuatro años de cárcel y una multa de tres millones de euros por un delito de tráfico de drogas; dos años de reclusión por un delito de hurto; cuatro meses por otro delito de hurto en grado de tentativa; y el pago de una multa de 2.880 euros y tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de revelación de secretos.

La petición para un segundo acusado es de cuatro años de cárcel y multa de 3.240 euros por cohecho; otros cuatro años y multa de tres millones de euros por tráfico de drogas; dos años por hurto; y cuatro meses por tentativa de hurto. El tercer investigado se enfrenta a una solicitud de cuatro años de prisión y multa de tres millones de euros por el tráfico de drogas; a dos años por el hurto; y a cuatro meses por la tentativa de hurto.

El Ministerio Público relata en su escrito de acusación que, como consecuencia de investigaciones policiales iniciadas en febrero de 2019, se tuvo conocimiento de que el oficial acusado “colaboraba con diversas personas que se dedicaban al tráfico de drogas". En concreto les facilitaba la información policial que le pedían, "consistente fundamentalmente en consultas en las bases de datos policiales de personas y vehículos relacionados con operaciones de tráfico de drogas”. El teniente supuestamente accedía a la información de las bases de datos policiales, algo que no se entraba "dentro de sus funciones", y a continuación revelaba esa información "a cambio de prestaciones económicas”.

Con el mismo fin de “colaborar" con los narcos, el agente “se servía” del segundo acusado, quien “tenía contacto directo con las personas que se dedicaban al tráfico de drogas y era el intermediario" entre ellos y el guardia civil. Este encausado también percibía "cantidades dinerarias" por esa actividad y “facilitaba los datos requeridos” para que el agente “realizara las búsquedas en las bases de datos policiales”. Entre ambos, además, constituyeron un “blindaje” para "garantizar la seguridad de las operaciones relacionadas con el tráfico de drogas". Ese mecanismo consistía en enterarse de "si cualquier unidad policial pudiera estar investigando estas actividades" e informar a los narcos, siempre a cambio de una compensación económica.

El agente acusado también “intentó atraer” a un guardia civil encubierto, un funcionario de la Policía Judicial que había sido debidamente autorizado judicialmente para infiltrarse. El encausado se dirigió a él para que “colaborara de forma activa, fundamentalmente coordinando policialmente en las bases de datos” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “a personas y entidades en el marco de alguna investigación policial". El objetivo era "saber si estaban siendo investigadas en relación con actividades por tráfico de drogas”. ¿Por qué recurrió el teniente a ese compañero? Porque Raúl P.M. “carecía de acceso a esas bases de datos y necesitaba la colaboración del agente encubierto, que sí tenía acceso a ellas”.

El frustrado hurto de 100.000 euros

Según el Ministerio Público, el guardia civil investigado solicitó al agente encubierto “la grabación en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) de las personas físicas, personas jurídicas y vehículos vinculados a las operativas de actividades de tráfico de drogas para conseguir un plus de seguridad y garantizar el éxito de la actividad y también conocer si alguna unidad policial los estuviera investigando”.

El fiscal también se detiene en lo ocurrido el 14 de junio de 2020, cuando el guardia civil acusado supo de la existencia de un vehículo intervenido en la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla que contenía 100.000 euros ocultos en una “caleta” de su interior. El 21 de junio, los tres investigados y el agente encubierto se dirigieron a ese coche “para apoderarse" del dinero, pero "no lo pudieron lograr porque, tras rebuscar en su interior, no encontraron" nada.

El agente acusado, “con la idea de realizar cualquier actividad relacionada con el tráfico de drogas para conseguir dinero", también "organizó una operativa para apoderarse de fardos de hachís" y sustituirlos por "otros fardos de aspecto similar" con "una sustancia inocua” en su interior. En la noche del 7 de agosto de 2020, los tres acusados y el agente encubierto se dirigieron al contenedor de la Comandancia de la Guardia Civil donde se guarda la droga intervenida en operaciones policiales. Como sabían que allí "había una cantidad importante de hachís intervenido", cargaron 29 fardos en una furgoneta y en su lugar dejaron otros 16 fardos "de aspecto similar" pero llenos de "arena" para que así no hubiese sospechas de que se habían apoderado de la droga.

La furgoneta fue interceptada por la Guardia Civil cuando abandonaba la Comandancia con dos de los acusados a bordo. El agente investigado, por su parte, estaba abandonando la instalación en un vehículo oficial. El valor de la droga ascendía a 1.525.459,13 euros y “estaba destinada a ser vendida a terceras personas”.

El 5 de mayo se constituirá el jurado popular, el día 8 será el turno de las alegaciones previas y la declaración de los tres acusados, el 9 y el 10 comparecerán los testigos y el 11 les tocará a más testigos y a los peritos.