El juez acerca al banquillo al hijo del duque de Feria, Luis Medina, y a Alberto Luceño

El juez que ha investigado el caso mascarillas ha propuesto juzgar a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por esta presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compraventa de material sanitario en "el peor momento de la pandemia" de COVID, en 2020, inflando los precios para obtener "elevadas comisiones".

Casi un año después de que comenzase la investigación judicial -antes la dirigía en secreto la Fiscalía Anticorrupción-, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, ha puesto fin a las pesquisas al procesar a los dos únicos imputados de la causa: el aristócrata Luis Medina, hijo de Naty Abascal y del duque de Feria, y Alberto Luceño.

Al primero propone juzgarlo por un delito de estafa agravada y otro de falsedad en documento mercantil; mientras a Luceño le atribuye, además de estos delitos, otro de falsedad en documento público y un delito fiscal agravado.

No ha visto, sin embargo, el juez indicios para juzgarlos por un delito de blanqueo de capitales dado que "no trataron de ocultar el dinero percibido de las comisiones" que obtuvieron (6,1 millones de dólares) ni lo intentaron hacer desaparecer, según el auto, contra el que cabe recurso.

Un plan para obtener "el mayor beneficio económico posible"

Los hechos ocurrieron en marzo de 2020, "en el peor momento de la pandemia de la COVID y con miles de muertos" en España, cuando, según el juez, ambos investigados "aprovecharon la imperiosa necesidad" del Ayuntamiento para obtener material sanitario.

El juez cree acreditado, al menos indiciariamente, que ambos "urdieron un plan para obtener, con la excusa de altruismo, el mayor beneficio económico posible a costa del erario municipal", mediante la intermediación en la compra de material sanitario a una empresa malaya, cobrando "unas comisiones muy elevadas" que ocultarían al Consistorio de José Luis Martínez Almeida.

El "principal gestor del plan" fue Luceño, dice el juez, si bien Medina se sirvió "de su condición de personaje público y famoso", por ser hijo del duque de Feria y de Naty Abascal.

A través de su "amistad" con una directora universitaria, obtuvo el teléfono del primo del alcalde, quien a su vez consiguió que la coordinadora del Ayuntamiento, Matilde García, le facilitase el contacto de la coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos, Elena Collado, es decir, la responsable de compras.

De esta forma actuaron "al margen" del procedimiento oficial y "con manifiesta ventaja" sobre otros competidores y, tras conseguir el contacto con el Ayuntamiento, Luceño fingió tener experiencia en el sector, fábricas en China y ser agente exclusivo en Europa de la empresa malaya Leno, para lograr la firma de tres contratos con la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid.

El consistorio abonó 11,9 millones de dólares por un millón de mascarillas, 2 millones y medio de pares de guantes y 250.000 test rápidos de COVID.

Sin embargo, los empresarios "ocultaron" su "nula experiencia" en el sector y, "lo que es más grave", que "habían inflado el precio" en un 60, 81 y 71%, respectivamente, por las "elevadas comisiones" que reportaron a Luceño (5,1 millones de dólares), y Medina (un millón más).

"El Ayuntamiento de Madrid pagó un precio totalmente excesivo por un material que en parte era defectuoso", dice el juez, dado que ni los guantes ni los test fueron de la calidad prometida.

Un crné del CNI falso e instrucciones a San Chin Choon

El juez afirma que la Policía ha acreditado la "falsedad" de documentos "elaborados" por Luceño para justificar los ingresos obtenidos e intentar ocultar "el engaño que preside toda la operación".

Además de simular la firma del empresario malayo dueño de la empresa Leno, San Chin Choon, se hallaron instrucciones por escrito que Luceño le dio presuntamente sobre las respuestas que debía dar en el marco de la comisión rogatoria que cursó el juez para que declarase. El magistrado ofreció a este empresario que viniese a declarar a España, si bien finalmente no ha conseguido interrogarlo.

Sin olvidar el carné del CNI "falso" y los "numerosos documentos" relacionados con la venta de material sanitario, "con diversas versiones y modificaciones" que se encontraron en el registro de su casa, como una carta firmada por el alcalde y modificada o un certificado del hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.

También se encontró un certificado emitido por el director general de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento, donde se añadió "agente oficial del Gobierno chino", añade el juez.

El magistrado también propone juzgar a Luceño por un delito fiscal al no haber abonado a Hacienda una cuota de más de 1,3 millones de euros procedente de las comisiones, y exime a su vez a Medina del delito de alzamiento de bienes por el que le investigó.