Un matrimonio de Lebrija acusado de extorsionar a dos hermanas para quitarles dinero y joyas

Durante un juicio es habitual que las versiones de la acusación y la defensa no coincidan, pero que sean, no ya contradictorias, sino diametralmente opuesta no es tan corriente, sobre todo cuando ambas son tan, al menos, "rocambolescas" como las del juicio que la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dejado visto para sentencia contra un matrimonio de Lebrija acusado de extorsionar a dos hermanas a las que, supuestamente, quitaron más de 40.000 euros en dinero y joyas.

La Fiscalía solicita para ambos la pena de cuatro años y seis meses de cárcel por un delito continuado de extorsión y una responsabilidad civil de unos 47.000 euros y la acusación particular, ejercida por Marcos Cañadas en representación de las dos hermanas denunciantes, solicitan seis años y tres meses de cárcel y 76.000 euros de responsabilidad civil.

Según las acusaciones, la mujer, Josefa G. Z. llamó repetidamente a una de las hermanas haciéndose pasar por una trabajadora de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía con la intención de reclamar una presunta deuda por la ayuda para la dependencia que cobraba por la madre. La perjudicada declaró durante la vista oral que la acusada "era su amiga desde la infancia" y se ofreció a llevar el dinero de la deuda al lugar donde había que pagarla porque "le había pasado lo mismo con su padre y sabía lo que había que hacer". La perjudicada explicó que como no tiene coche, era la acusada quien se ofrecía para llevar ella el dinero y las joyas al lugar donde "pagarle a la Junta". Asimismo, afirmó que aunque le decía a su amiga, ahora acusada, que pidiera recibos o facturas de las entregas, nunca recibió nada.

Pero no sólo recibió la llamada de la supuesta trabajadora de la Junta, a lo largo de los años en los que, según las denunciantes, duró la extorsión, también les llamó una juez que se identificó como Adela y un guardia civil "que tenía voz como de mujer haciéndose pasar por un hombre" indicándole que tenía que pagar una presunta deuda de otra de las hermanas con la Justicia. Presuntamente había sido multada con 250 euros por ejercer la prostitución. Como en esos momentos las relaciones "no eran muy buenas con esta hermana", pagó sin consultarle si eso era cierto o no, según declaró la mujer ante el tribunal.

En este punto, como la primera de las hermanas ya había gastado todo su patrimonio en pagar la falsa deuda por la ayuda de dependencia, acudió a la otra hermana perjudicada, que quedó en satisfacer la deuda pagando con las joyas que tenía. "Todo el oro se lo entregué a ella (la acusada) porque la juez me dijo por teléfono que era una colaboradora suya", declaró en la vista oral. Es aquí donde el asunto adquiere tintes más sorprendentes. Según ella, que fue la que interpuso la primera denuncia, se dio cuenta de la posible falsedad de la situación porque la juez le dijo que faltaban 12 gramos de oro para saldar la multa de la hermana, "pero antes me había llamado para decir que eran cinco gramos. Ahí fue donde me di cuenta de que algo no cuadraba y presenté denuncia ante la Guardia Civil". Al parecer, la supuesta juez le explicó por teléfono que la multa podía ser satisfecha en dinero o mediante joyas.

Es decir, desde mayo de 2013 a marzo de 2017 las perjudicadas recibieron llamadas procedentes, siempre del mismo número con un mensaje más o menos similar a: "o le entregaban dinero y joyas o la Junta de Andalucía les iba a quitar de su cuidado a su madre y su hermana".

Aunque a priori los hechos puedan resultar extraños, uno de los guardias civiles que declaró durante la vista oral calificó a la hermana que sufrió durante más tiempo la extorsión de una persona "de las que te das cuenta enseguida que tiene un nivel limitado de entendimiento sobre cómo funciona el mundo". De hecho, explicó ante el tribunal que solo sabe leer y escribir porque tuvo que dejar el colegio a los 11 años porque murió su madre y se tuvo que dedicar a la casa y sus hermanas.

Giros postales a la acusada y su suegra

La acusada niega radicalmente el relato de las perjudicadas y sostiene que padece un trastorno que le impulsa de un modo "adictivo" a comprar oro y joyas. Para poder seguir con esta adicción, según declaró ante el tribunal, utilizó el dinero que su marido tenía reservado para pagar la residencia de su madre y le pidió dinero a su amiga -una de las hermanas denunciantes- que le hizo cuatro giros postales por valor de unos 3.000 euros a nombre de la acusada y de su suegra. Un dinero que reconoce no haber devuelto "y por eso me veo aquí sentada", recalcó ante el tribunal. Según la defensa, que solicita la libre absolución del matrimonio, las hermanas denunciantes "han urdido este plan porque no se les devolvió el dinero".

La misma acusada explicó que compraba joyas a dita para después venderlas en las tiendas de comprar oro y, con ese dinero atender los plazos. De hecho, uno de los agentes de la Guardia Civil que participaron en la investigación aseguró al tribunal que se había investigado a la acusada en el transcurso de comprobaciones ordinarias de la Guardia Civil porque había un excesivo número de contratos de compraventa de oro a su nombre.

Durante sus declaraciones, las hermanas reconocieron sus joyas en algunos de estos contratos de compra venta de oro a nombre de la acusada. Incluso entre ellas hay piezas con iniciales de los nombres familiares de las perjudicadas o medallas de las devociones de la familia.