Ex directivos de la agencia Idea reclaman el archivo de la macrocausa de los avales

Una instrucción que puede estar caducada desde hace más de seis años. Varios ex directivos del agencia Idea investigados en la macrocausa de los avales han reclamado el archivo de las actuaciones, al considerar que se han superado los plazos de la instrucción establecidos en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), como ha ocurrido en otras macrocausas como la investigación de las ayudas a la empresa Isofotón.

Las defensas de los ex directivos considera que la instrucción de esta macrocausa "caducó el 6 de junio de 2017", por lo que "la única resolución posible en Derecho" es el sobreseimiento y archivo de la misma. En este sentido, recuerdan que en su día ya se recurrió la llamada al proceso y la ampliación de los hechos investigados, por cuanto muchos de los investigados fueron imputados cuando teóricamente la instrucción estaba acabada al haberse superado los plazos fijados en el artículo 324 de la Lecrim.

En este sentido, señalan que "llamar al proceso a los investigados allende la frontera de la caducidad les produce una indefensión real, material y efectiva que produce, de manera insoslayalable, la crisis del proceso". "No haberles oído dentor del periodo hábil de instrucción y no haberles permitido la práctica de diligencias de corte defensivo en periodo temporáneo determina, sin más la claudicación de la instrucción y divir la causa matriz en piezas separadas si la matriz está caducada, evidentemente, no subsanará el hecho cierto de la caducidad", asegura en uno de los recursos el abogado Juan Carlos Alférez, del bufete Constitución 23, Estudio de Litigación, que representa a varios de los ex directivos investigados por los avales concedidos por la agencia Idea.

El letrado ha presentado una batería de recursos de apelación en la pieza principal de esta macrocausa, después de que el juez José Ignacio Vilaplana acordad la división de la investigación en un total de 19 piezas separadas para su investigación,en un total de 19 piezas separadas para su investigación una por cada una de las empresas investigadas.

La defensa señala que si los recursos presentados prosperasen los investigados serían "expulsados del ámbito subjetivo del proceso penal y si el auto que ahora recurrimos pudiere llegar a ser usado por las acusaciones para sostener que este auto y los subsecuentes de incoación pudieren suponer una suerte de contador a cero o nuevo comienzo del plazo de caducidad, evidentemente, el fraude de ley estaría servido y por ello nos vemos obligados a alzarnos", alega en los diferentes recursos, a los que ha tenido acceso este periódico.

Por todo ello, pide a la Audiencia que anule el auto dictado por el juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana el pasado 21 de diciembre y, en su lugar, decrete que la instrucción "finalizó el 6 de junio de 2017 o subsidiariamente, el 6 de diciembre de 2018, ordenando al instructor" el archivo de l causa "al no podérsele tomar declaración como investigados ni poder desplegar el derecho de defensa".

En abril de 2021, el juez Vilaplana acordó, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, acumular en una misma causa las dos investigaciones que en los años 2014 y 2017 abrieron las magistradas Mercedes Alaya y María Núñez Bolaños, y que se denominan como “Avales I” y “Avales II”. De esta forma surgió una nueva o refundida macrocausa que nació de la macrocausa de los avales concedidos por la agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea).

En el auto dictado el pasado 21 de diciembre, el juez decidió abrir las 19 piezas separadas y, en este sentido, precisó que la investigación se refiere a la presunta perpetración de delitos de prevaricación y malversación vinculados con la indebida concesión de ayudas de salvamento y reestructuración a empresas, "sin concurrencia o cumplimiento de los requisitos y presupuestos objetivos habilitantes para ello", según los términos contenidos en la Orden de la Consejería de Innovación Ciencia y Empresa de la junta de Andalucía de 5 de noviembre de 2008 -y órdenes sucesivas-, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de Ayudas a Empresas Viables con dificultades coyunturales en Andalucía para los años 2008 y 2009.

También se investiga, prosigue Vilaplana, la "irregular concurrencia de aquéllas ayudas con otras sociolaborales o ayudas a empresa concedidas por la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucíay abonadas por la propia Agencia IDEA (habiéndose identificado hasta 19 empresas en que concurriría dicha circunstancia)". De modo que, según se deduciría de lo actuado, "por parte de los responsables y personas vinculadas a la Agencia IDEA -o a la correspondiente Consejería de Adscripción- se habría utilizado de manera ilícita la figura de los avales (su concesión y ejecución), previstos y reglados como incentivos para empresas en crisis en la referida Orden de 5 de noviembre de 2008 -y sucesivas-, como medio para hacer llegar fondos públicos a determinadas empresas de manera absolutamente arbitraria e injusta".

En la macrocausa de los avales hay 25 ex altos cargos investigados, entre ellos el ex consejero de Innovación, Ciencia y Empresa Martín Soler y el ex viceconsejero Jesús María Rodríguez Román, que está actualmente en prisión tras haber sido condenado en el caso de los ERE.