El juez prorroga 18 meses la causa por vertidos a Doñana por su complejidad
Vertidos al Guadalquivir
Toxicología debe informar si mantiene sus conclusiones a la vista de los peritajes de Emasesa
El juez de instrucción 6 de Sevilla ha prorrogado otros 18 meses la causa por presunto delito ecológico en la que están investigados responsables de la empresa municipal sevillana Emasesa y agricultores por el vertido al Guadalquivir de nitrógeno y fósforo que estarían perjudicando al parque de Doñana.
En un auto, el juez José Ignacio Vilaplana atiende a la petición del fiscal de Medio Ambiente y declara la causa compleja. El plazo inicial de 18 meses de investigación, que concluía el 22 de julio, “resulta insuficiente para terminar la instrucción” ya que es previsible que haya nuevas declaraciones en calidad de investigados y nuevos informes periciales.
El juzgado está pendiente de recibir nuevos informes solicitados al SEPRONA de la Guardia Civil, al Instituto Nacional de Toxicología, a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, según el auto.
El consejero delegado de Emasesa, Jaime Palop, su antecesor y otros directivos de la empresa municipal han declarado como investigados ante la Guardia Civil investigados ante la Guardia Civildentro de la causa por deficiente depuración de nitrógeno y fósforo en las instalaciones de Tablada, El Copero y San Jerónimo.
El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses afirmó en un informe que los vertidos de esas depuradoras podrían estar causando un “daño sustancial en la calidad del ecosistema” y ahora el juez le pide que aclare si, para emitir esas afirmaciones, ha tenido en cuenta tres peritajes encargados por la propia Emasesa que sostienen exactamente lo contrario, así como los nuevos análisis de muestras obtenidas en 2019.
Los peritajes de Emasesa indican que los aportes de fósforo y nitrógeno realizado por sus aguas depuradas “no suponen variaciones significativas en la calidad del cauce del río Guadalquivir” y además el 95% de esas sustancias proceden de la agricultura.
El juez quiere que Toxicología valore si, a la vista de estos tres informes, “modifica o ratifica, en todo o en parte” sus conclusiones técnicas. También quiere que responda a otra pregunta que ya le hizo en septiembre de 2018: si la rebaja de fósforo que está llevando a cabo Emasesa en Tablada y El Copero mediante la adición de ciertas sustancias químicas “es una forma viable de reducción del fósforo en los vertidos desde el punto de vista medioambiental, sin perjuicio de otras medidas más óptimas como la construcción de una nueva planta depuradora”.
También quiere saber si existe alguna técnica alternativa para rebajar los índices de nitrógeno que no sea construir una nueva depuradora, obras que no depende de Emasesa sino de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Agricultura.
El Gobierno ya no exige eliminar el nitrógeno en Doñana
Mientras continuaba la tramitación judicial, el Ministerio para la Transición Ecológica dictó el 6 de febrero de 2019 una resolución en la que ya no figura el nitrógeno entre las sustancias que deben eliminarse en la “zona sensible” de Doñana.
Según el listado publicado para la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el tratamiento adicional solo deberá aplicarse al fósforo en las aguas residuales urbanas que vierten en Doñana y su entorno: las Lagunas de Doñana, Marismas de Doñana, Caño del Guadiamar y Arroyo Madre de las Marismas.
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