Varios testigos insisten en el "caos" de la documentación de los expedientes que les enviaron en "cajas de pollo"

Varios testigos que participaron en la revisión de las ayudas cuando estalló el escándalo de los ERE han insistido este lunes en el juicio por el denominado “procedimiento específico” en el “caos” de la documentación que obraba en los expedientes que les fueron remitidos en “cajas de pollo”, ha llegado a afirmar unos de los funcionarios de la Consejería de Empleo.

El primero de los testigos en declarar, José Francisco De Pablo Doblas, que fue jefe de servicio en la Consejería de Empleo, ha explicado gráficamente que toda la documentación de los expedientes, “por decirlo de alguna manera” ya que había un “desorden absoluto”, estaban en unas “cajas de pollo” que les remitieron desde la Consejería. “No había visto en mi vida un expediente de ese tipo”, ha aseverado el funcionario.

Sobre el trabajo de revisión que realizaron, el testigo ha explicado que en algunos constaban los listados del ERE previo y en otros no, y ha señalado cómo en el ERE de Mercasevilla detectaron la presencia de intrusos, de personas que no estaban relacionadas con la empresa. “No sabíamos a lo que nos enfrentábamos, descubríamos sobre la marcha lo que había allí”, ha explicado José Francisco de Pablo.

Otro de los testigos, Luis Amate García, que fue asesor técnico de la secretaría general técnica de la Consejería de Empleo, también participó en la revisión de los expedientes, que tuvo lugar en una sala cerrada que se habilitó y en la que se hicieron dos grupos de trabajo, facilitándoles seis o siete empresas a cada uno. “Era un caos de documentación, con fotocopias duplicadas, triplicadas y cuadriplicadas”, ha subrayado este funcionario, que considera que no eran verdaderos expedientes administrativos y que ha dicho que cuando propuso quitar las fotocopias repetidas le dijeron que las dejara tal cual, que no tocaran los expedientes.

El funcionario ha añadido que revisaron pólizas y relaciones de trabajadores, para que comprobaban si estaban dados de alta, pero ha aclarado que “no eran fiscalizadores ni interventores, eran funcionarios” e hicieron “lo que buenamente pudieron”, ha dicho el funcionario, que ha afirmado que no conocía que existieran estas ayudas.

En la sesión de esta mañana también ha declarado Miguel Ten, que fue asesor en la Consejería de Empleo con Antonio Fernández, tanto en su etapa como viceconsejero, primero, y luego como consejero, y que ha explicado que tuvo conocimiento del convenio marco de 17 de julio de 2001 por el que se concedían las ayudas.

Este testigo ha afirmado que el jefe de gabinete del consejero le encargó tras la firma de dicho convenio la aplicación del mismo en relación a una ayuda para una empresa de artes gráficas de Jerez de la Frontera, y cuando planteó dudas, al comentar “¿esto cómo se hace?” porque “no lo veo claro”, el jefe de gabinete le dijo que dejara el asunto que ya lo harían en la dirección general de Trabajo.

Miguel Ten ha indicado que, en su opinión, el establecimiento de este sistema se produjo a raíz de los reparos de la Intervención general de la Junta a las ayudas a Hijos de Andrés Molina (Hamsa). “Ante la imposibilidad de seguir tramitando como ayudas excepcionales las ayudas por esos reparos, pienso que fue cuando hicieron el convenio marco” para que el pago de las ayudas lo efectuara el IFA/IDEA a través de las transferencias de financiación que recibía de la consejería de Empleo.

También ha dicho que hubo “intentos de poner en marcha hasta tres o cuatro veces” la orden reguladora de las ayudas, pero al final no se hizo, ha dicho el testigo, quien también ha defendido la actuación del ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, que fue excluido de esta causa por la Audiencia de Sevilla. “Rivera se encontró con un berenjenal, le aconsejé que no hiciera más órdenes de pago”, ha explicado el testigo, que ha advertido de la “cierta inconsciencia” de Rivera, dado que “estaba convencido” de que la tramitación de las ayudas era legal, debido a que existía una encomienda de gestión. “Daniel Rivera estaba convencido de que estaba actuando conforme a Derecho”, ha aseverado.

Otro testigo que ha declarado esta mañana, Ignacio González Vila, que también formó parte del grupo de revisión de los expedientes, ha señalado que revisaban los expedientes “cotejando la documentación y comprobando la coherencia entre el ERE y las ayudas sociolaborales”, y ha coincidido en que la documentación “adolecía de una falta de orden” y no estaban completos, porque faltaban las solicitudes y las resoluciones.