Domingo Delgado: "Yo soy el alcalde, no me voy preocupando de las áreas del Ayuntamiento, eso lo hace cada concejal"

La judicialización de la política está teniendo un claro ejemplo en los últimos días en el municipio de Burguillos. Si la Audiencia Provincial de Sevilla absolvía el pasado 22 de enero a seis concejales socialistas de un delito de calumnias contra el actual alcalde. Domingo Delgado Pino (PP), entonces denunciante, es quien se sienta ahora ante el tribunal acusado de un presunto delito de prevaricación.

El alcalde de Burguillos ordenó presuntamente a dos funcionarias municipales paralizar una treintena de multas, hechos por los que la Fiscalía reclama una condena de 9 años de inhabilitación para el regidor. Ambas han afirmado ante el magistrado del Juzgado de lo Penal 7 que no sólo recibieron "directa o indirectamente la orden de no tramitar las sanciones", sino que el alcalde "retenía" algunos de esos expedientes en su despacho o no los firmaba, por los que no se podían ejecutar.

En su escrito de acusación, la Fiscalía explica que Domingo Delgado, que entonces también era alcalde,"consciente de la ilicitud de sus mandatos" ordenó a lo largo de 2012 a la funcionaria encargada del área de Hacienda que “no iniciara la vía de apremio en 13 expedientes sancionadores incoados por diferentes causas tales como obras sin licencia, limpieza de solares y otros, una vez finalizado el periodo voluntario de pago, impidiendo de esta forma el cobro en vía ejecutoria".

Preguntado por la defensa acerca de si tenía delegadas las competencias de Urbanismo y Hacienda, que eran las áreas responsables de la tramitación de esos expedientes, Domingo Delgado recordó que es el alcalde "y no me voy preocupando por las áreas del Ayuntamiento porque cada concejal se ocupa de la suya". Respecto a la finalización de esos expedientes, según el alcalde de Burguillos, la corporación que entró tras él, "apremió sanciones que estaban pagadas en período voluntario para acusarme con esos expedientes también". Sobre sus denunciantes señaló que una es "la mujer del alcalde que me sucedió y la otra entró a dedo en el ayuntamiento y ha conseguido ser indefinida". Esta última declaró como testigo ante el tribunal y declaró a la fiscal que es personal laboral del ayuntamiento.

Valentín López, el alcalde de Burguillos que sucedió en el mandato a Domingo Delgado y uno de los denunciantes, declaró como testigo durante la vista oral y afirmó que cuando comenzó el mandato el PP solicitó un pleno extraordinario en septiembre. Fue entonces, explica, cuando encontraron los expedientes sin tramitar, casi todos de las áreas de Hacienda y Urbanismo. "El alcalde de 2011 a 2015 paralizó multas y sanciones. Decía: este sí, esto no, esto se pasa o no se pasa", afirmó.

Por otro lado, la técnico de Urbanismo explicó que las resoluciones de tramitación de sanción debían llevar la firma del alcalde "pero había expedientes que no firmaba o se guardaba en su despacho. "Cuando él no quería que se tramitara un expediente, no se hacía", agregó. La otra tecnico también ratificó que le ordenaron la paralización de expedientes, unas veces el alcalde directamente y otras a través de Urbanismo.

La defensa de Domingo Delgado pidió en las cuestiones previas la nulidad de las actuaciones por dañar la tutela judicial efectiva del acusado, puesto que "las diligencias fueron practicadas fuera de plazo, produciendo una indefensión material", indicó. Además explicó que considera que el auto de apertura de juicio oral "no recoge ningún hecho donde el acusado sepa de qué se le acusa". Sin embargo, el magistrado consideró que el juicio podía seguir adelante porque "el desconocimiento absoluto de los hechos alegado no es tal como demuestra el extenso escrito de defensa".

La denuncia fue presentada por las dos funcionarias y la corporación que ganó las elecciones en 2015, presidida por el PSOE que reactivó los expedientes, pero dos de los 13 primeros fueron declarados prescritos; en dos de ellos se pagó la sanción y el resto están en vía ejecutiva.

De los 30 expedientes, otros siete expedientes no pudieron cobrarse y los diez últimos están en vía de apremio.