Doce causas que marcaron el 2022: De los ERE a Aznalcóllar y el caso Marta del Castillo

El año que acaba de terminar ha estado marcado por el lento desarrollo de los juicios de las macrocausas,como el de los ERE, la finalización de la investigación por las presuntas irregularidades en la adjudicación del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, o la situación de colapso que viven tanto la Audiencia de Sevilla como la jurisdicción Social, que sigue celebrando juicios a más de tres años vista.

1. Las mordidas de Fitonovo

En enero de 2022 arrancó en la Audiencia Nacional el juicio por las mordidas de Fitonovo y lo hizo con sorpresa, puesto que los dueños de la empresa sevillana pactaron un acuerdo con la Fiscalía que evitó su ingreso en prisión. Los empresarios Rafael González Palomo y su hijo, José Antonio González Baró, alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía para reducir considerablemente las peticiones de condena, desde los nueve años y medio de cárcel a los que se enfrentaban inicialmente hasta los 28 y 30 meses de prisión. Además, doce los 36 acusados fueron absueltos y abandonaron la Sala una vez que se les retiraron todos los cargos en su contra.

También en el mes de enero, el juez que investiga las macrocausas, José Ignacio Vilaplana ordenó a la Guardia Civil investigar la contratación de 84 personas en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), en el marco de las presuntas irregularidades relaciondas con esta sociedad, cuyo ex director Fernando Villén está investigado por las "orgías" pagadas con fondos públicos.

2. La investigación de la mafia del taxi

La juez finalizó en febrero la instrucción de una de las piezas de la investigación de la denominada "mafia del taxi" y lo hizo en un contundente auto en el que procesó a 27 taxistas de la Asociación Hispalense de Solidaridad del Taxi por delitos de pertenencia a "organización criminal, coacciones y daños", en relación con el uso de "medios coactivos y vandálicos" para mantener el monopolio del uso de la parada de taxis del aeropuerto de San Pablo.

Según la instructora, los taxistas del aeropuerto crearon un "catálogo de infracciones y sanciones" para perpetuar el monopolio de la parada en el aeródromo de San Pablo, unas sanciones referidas a la prohibición de cargar en la parada del aeropuerto, lo que a su juicio pone de manifiesto que este grupo de taxistas tienen "el dominio y uso exclusivo" de dicho punto de servicio, cuyo uso se "atribuyeron por la fuerza y con medios coactivos y vandálicos".

3. El caso Aznalcóllar

También fue noticia, en marzo, la finalización de la instrucción de la causa por las presuntas irregularidades en la adjudicación del concurso público para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, un caso que fue archivado en dos ocasiones por la instructora y reabierto desde la Audiencia de Sevilla por la juez Mercedes Alaya.

La decisión de la magistrada de la Audiencia provocó una dura respuesta desde los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía, que cargaron contra la juez Mercedes Alaya. El gabinete jurídico de la Junta, que ejerce la defensa de los diez funcionarios y técnicos procesados en esta causa, presentó un escrito de conclusiones en el que arremetió contra las decisiones de la Audiencia de Sevilla, por la "doble instrucción" que el tribunal ha realizado en un proceso que se inició en 2015, fue archivado en dos ocasiones por la juez instructora y en el que la Fiscalía solicitó el sobreseimiento hasta en siete ocasiones al descartar los indicios de delito. Así, criticó la "indeseable intromisión" de la Audiencia en este proceso.

En marzo, la Audiencia de Sevilla también dio el enésimo golpe a la familia de Marta del Castillo, más de 13 años después del crimen, al archivar la investigación abierta a Javier Delgado, hermano de Miguel Carcaño, a raíz de la séptima y última versión que el joven ha ofrecido del asesinato y en la que culpa a su hermano de haber dado muerte a Marta de varios golpes con la culata de una pistola.

4. El juzgado más lento está en Sevilla

En el mes de abril de 2022 volvió a constatarse que los refuerzos que en los últimos años se han efectuado sobre la jurisdicción Social de Sevilla no han podido evitar que en la actualidad sigan fijándose vistas para dentro de tres años. Un nuevo récord y una alarmante situación que llevó incluso al Consejo General de la Abogacía a dedicarle un artículo al "juzgado tortuga" de Sevilla, que tiene el dudoso honor de ser el órgano judicial más lentro de España.

El retraso de la jurisdicción Social llevó incluso a un abogado sevillano, Daniel Sánchez Bernal, a acudir en amparo al Tribunal Constitucional, que acabó dando la razón al letrado. La Sala Primera estimó el recurso de amparo interpuesto en nombre de su cliente y declarada "que se ha vulnerado su derecho a un proceso sin dilaciones indebidas". La primera de las consecuencias de esta decisión es que el Juzgado de lo Social 11 de Sevilla tendrá que volver a señalar la vista lo antes posbile, puesto que este nuevo señalamiento debe ser "respetuoso con el derecho fundamental lesionado".

5. La vista de los recursos de los ERE en el Supremo

El mes de mayo arrancó con la vista en el Tribunal Supremo para la exposición de los recursos de casación contra la condena de 19 ex altos cargos de la Junta por el caso de los ERE. En esa vista, la Fiscalía culpó a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán de consentir "patentes ilegalidades".

Los fiscales del Alto Tribunal subrayaron que los informes de la Intervención General de la Junta alertando de las deficiencias en el sistema del pago de las ayudas fueron remitidos "a cuatro Consejerías y nadie hizo nada", algo que según precisaron "no es viable en una correcta administración" y teniendo en cuenta además que el sistema perduró "durante diez años".

En mayo también saltó la sorpresa en el juicio por el falso testimonio a Javier García Marín, el Cuco, y su madre, por su declaración en el juicio por el asesinato de Marta del Castillo. El Cuco reconoció que mintió y 13 años después del crimen admite que sí estuvo en el piso de León XIII la noche del 24 de enero de 2009. Así, dijo que cuando declaró como testigo en el juicio a Miguel Carcaño por el asesinato de la joven, hechos por los que ahora se enfrentan él y su madre, Rosalía García Marín, a una petición de entre ocho meses y dos años de cárcel por un delito de falso testimonio.

En la vista oral que se celebró en el juzgado de lo Penal número 7 de Sevilla y una vez que se leyó el escrito de acusación de la Fiscalía, el Cuco admitió los hechos que se le atribuyen y añadió que no tiene nada más que decir. Sus palabras ante el tribunal fueron escuetas: "Estoy de acuerdo con esos hechos pero no voy a responder a las preguntas". La madre de Marta, Eva Casanueva, que también declaró en el juicio, tuvo un encontronazo con el joven, al que espetó: "No eres capaz de miramr a la cara, ¿verdad, cobarde?".

6. La condena de dos años al Cuco y a su madre por mentir en el juicio

Un mes después, en junio, la juez hizo pública la sentencia, en la impuso la máxima pena posible -dos años de cárcel- al Cuco y a su madre, como pedía la familia de Marta, y el pago de una indemnización de 30.000 euros por el "daño moral" causado por la declaración falsa en el juicio a Miguel Carcaño.

La juez recoge como hechos probados que los padres del Cuco, antes de declarar en el juicio por el asesinato de Marta, que se celebró en el año 2011, se pusieron de acuerdo para realizar una "declaración concordante y coherente a fin de dar cobertura a la actuación de Francisco Javier durante la noche y la madrugada del día 24 de enero de 2009", todo ello "a sabiendas de que faltaban a la verdad, y sin importarles los perjuicios que ello podía irrogar para la familia" de Marta del Castillo.

En el mes de junio también se conoció la condena a la "reina Melchor". La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla condenó a penas de entre dos años y cuatro años y medio de cárcel a las cuatro personas acusadas por el desvío de fondos públicos de tres subvenciones para cursos formativos concedidas al Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible (Formades), ubicado en Almonte (Huelva), en los ejercicios 2008, 2009 y 2010, todo ello tras el juicio celebrado durante los pasados meses de febrero y marzo.

En la sentencia, con una extensión de 227 folios, el tribunal condenó a la directora gerente del Consorcio entre los años 2006 y 2011, Ana María Orihuela -que fue concejal del PSOE en Almonte-, como autora de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos y le impone cuatro años y medio de prisión y ocho años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Y en junio la Audiencia de Sevilla condenó a un año y seis meses de cárcel al ex alcalde de Cazalla de la Sierra Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del ex presidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, en otra pieza separada de los ERE en la que se investigó las ayudas que por importe de más de ocho millones de euros recibieron las empresas del corcho de la Sierra Norte. El tribunal le impuso además el pago de 8.408.096,42 euros de indemnización a favor de la Junta de Andalucía.

7. La condena de Chaves y Griñán en el Tribunal Supremo

Una sentencia histórica y un castigo ejemplar once años después de que se iniciara la investigación del escándalo de los ERE. El Tribunal Supremo anticipó el pasado mes de julio su sentencia por el caso de los ERE, en el que decidió enviar a prisión al ex presidente de la Junta José Antonio Griñán y a otros ocho ex altos cargos de la Junta que fueron condenados en noviembre de 2019 por la Audiencia de Sevilla por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por la concesión de 680 millones de euros en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis en el periodo 2000-2009.

La Sala II del Tribunal Supremo anticipó el martes 26 de julio el fallo de la sentencia que resolvió los recursos presentados por los 19 ex altos cargos condenados por la Audiencia de Sevilla y de esta forma confirmó la condena de los ex presidentes de la Junta José Antonio Griñán -que fue condenado a seis años y dos días de prisión- y Manuel Chaves -nueve años de inhabilitación especial- y de la mayoría de los ex altos cargos, con la excepción de cuatro de ellos.

El Alto Tribunal sólo estimó totalmente los recursos de los ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo Javier Aguado Hinojal, Juan Francisco Sánchez García y Lourdes Medina Varo, a los que absolvió del delito continuado de prevaricación administrativa.

El fallo cuenta con un voto particular de dos magistradas que consideran que también deberían haber sido estimados parcialmente los recursos interpuestos por Miguel Ángel Serrano Aguilar, Jesús María Rodríguez Román, Francisco Vallejo Serrano, Carmen Martínez Aguayo y José Antonio Griñán Martínez y que, una vez anulada la sentencia de instancia, estos ex altos cargos deberían haber sido absueltos del delito continuado de malversación de caudales públicos.

De otro lado, en el mes de julio un juzgado de lo Penal de Sevilla hizo pública la sentencia que condenó a un año de cárcel al psiquiatra Javier Criado, que había sido juzgado por un delito contra la integridad moral por el trato “inapropiado, soez y humillante” a una de sus pacientes.

La juez apreció en la sentencia la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, por lo que le impuso un año de prisión y la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 300 metros de la víctima durante un plazo de dos años, así como que indemnice con la suma de 5.000 euros a la denunciante en concepto de daños morales derivados del delito objeto de condena.

8. El juicio contra Boliden por el vertido tóxico, 25 años después

Este 2022 también fue noticia que el juicio contra la multinacional Boliden por el vertido tóxico que se produjo en las minas de Aznalcóllar en 1998 se celebrará a partir del 4 de julio de 2023, es decir, 25 años después de que se produjera la catástrofe ecológica. En este proceso, la Junta de Andalucía reclama a la multinacional suecocanadiense el pago de los 89.867.545 euros que costó la limpieza de los lodos contaminantes, tras haber fracasado las negociaciones que se han mantenido en los últimos años para intentar poner fin a un litigio que se prolonga ya desde hace dos décadas tras haber pasado por un tortuoso laberinto judicial.

El juez de Primera Instancia número 11 de Sevilla celebró en septiembre una audiencia previa al juicio, en la que se resolvieron las alegaciones sobre la proposición de pruebas, y al término de la misma fijó el inicio de la vista oral para el 4 de julio de 2023. El juicio se desarrollará en un total de seis sesiones y en el mismo comparecerán 12 testigos y un perito propuesto por las tres empresas demandas: Boliden Apirsa, Boliden AB y Boliden BV.Han pasado ya 24 años del desastre de la mina de Aznalcóllar y aún no se ha resuelto este litigio sobre el pago de la limpieza de la zona afectada por un riada tóxica que anegó 4.600 hectáreas de la cuenca del Guadiamar con metalespesados y lodos contaminados que llegaron a los aledaños del parque natural de Doñana.

9. El ex ministro Bernat Soria, procesado por alzamiento de bienes

En septiembre, otro juzgado de Sevilla procesó al ex ministro de Sanidad Bernat Soria por un delito de alzamiento de bienes. El juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha procesado al ex ministro de Sanidad Bernat Soria por un delito de frustración de la ejecución -alzamiento de bienes- por haberse desprendido supuestamente de su patrimonio para no pagar una deuda de 400.000 euros de su empresa Newbiotechnic -pionera de la biotecnología en Andalucía y que en su día estuvo en un concurso de acreedores-, y a cuyo pago fue condenado en una sentencia dictada el 31 de mayo de 2021.

La magistrada María Núñez Bolaños dictó un auto en el que acordó continuar las actuaciones contra el ex ministro y también contra sus dos hijas por haber realizado una "despatrimonialización fraudulenta" que ha hecho imposible el cobro de dicha deuda.10. El carpetazo al accidente del microbús en la CampanaEn el mes de octubre se produjo el cierre a la investigación penal del accidente del microbús de Tussam en La Campana, que provocó diez heridos, dos de ellos de gravedad.

La juez de Instrucción número 20 de Sevilla, Adelaida Maroto, dio carpetazo a la causa tres años después, al estimar que la investigación ha caducado sin que se haya investigado la responsabilidad de ninguna persona y todo ello a petición de la Fiscalía de Sevilla.

En el auto, la instructora señaló que una vez examinadas las actuaciones practicadas, "se advierte que el procedimiento se incoa por auto de fecha 17 de diciembre de 2019 [en realidad el suceso se produjo el 7 de diciembre, por lo que debe ser un error], acordando el sobreseimiento provisional de las actuaciones" y, prosigue, el "10 de diciembre de 2019 se reapertura el procedimiento y no es sino hasta el 9 de julio de 2021 cuando se dicta un auto de prórroga" de la investigación.

De esta forma, la instructora concluyó que teniendo en cuenta estos plazos "debe declararse la instrucción concluida, de conformidad con el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tal y como interesa el Ministerio Fiscal", aseveró. Este artículo establece un plazo máximo de la investigación de un año, salvo que se acuerde la prórroga del mismo.En octubre también se hizo pública la acusación de la Fiscalía para los dueños de la empresa Magrudis, que provocaron en agosto de 2019 el mayor brote de listeriosis detectado en España.

La Fiscalía de Sevilla reclama una condena de diez años de cárcel para los dueños de Magrudis por el contagio que causó la muerte de cuatro personas, siete abortos y lesiones a otras 244 personas. En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público pidió igualmente que el Ayuntamiento de Sevilla sea declarado responsable civil subsidiario del brote y que, de esta forma, haga frente al pago de los gastos originados por el contagio, que inicialmente el Ministerio Público cifra en unos 800.000 euros, pero que la Junta de Andalucía ya ha cifrado en 3.428.663,02 euros.

Y en la madrugada del 1 de octubre, la Policía Local de Sevilla detuvo a la actriz sevillana María León, tras un altercado en el que presuntamente agredió a una agente del cuerpo.

11. La Fiscalía pide el ingreso en prisión de los ex altos cargos tras la condena de los ERE

En el mes de noviembre y una vez que la Audiencia de Sevilla inició la ejecución de la sentencia del "procedimiento específico" de los ERE, la Fiscalía Anticorrupción solicitó el ingreso en prisión del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán y de otros ocho ex altos cargos condenados por el delito de malversación de caudales públicos.

Por su parte, el ex presidente respondió que "no es un político corrupto" y pidió a la Audiencia que rechazara la petición del Ministerio Público. En su alegato, la defensa de Griñán sostuvo que esto es un hecho "notorio" y considera que el adjetivo de "corrupto" no puede utilizarse para referirse a él incluso a pesar de la sentencia condenatoria, por cuanto la misma indica sobre él que "debió representarse la probabilidad” de la existencia de desvío de fondos de la finalidad presupuestaria.

12. El nuevo giro al caso de los ERE: la enfermedad de Griñán

En diciembre se produjo un nuevo giro al caso porque, de un lado, la Audiencia de Sevilla rechazó los recursos de súplica de las defensas de los ex altos cargos y les dio un plazo de diez días para el ingreso voluntario en prisión -plazo que se cumple el 2 de enero-, y de otro, porque la defensa del ex presidente de la Junta acreditó ante el tribunal que le acaba de ser diagnosticado un cáncer de próstata, una enfermedad de "alto riesgo" por la que ha reiterado su petición de que se suspenda su entrada en un centro penitenciario.

Mientras tanto, la ex consejera de Economía y Hacienda Carmen Martínez Aguayo fue la primera de los ex altos cargos que entró en prisión. Lo hizo el 28 de diciembre en la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Martínez Aguayo acudió a media mañana de este día al centro penitenciario de mujeres ubicado en la localidad sevillana, acompañada de su abogado, Víctor Moreno Catena.