El Dioni alega que va a ser abuelo para acreditar que no volverá a fugarse

El ex tesorero de la junta de compensación del Sector F de Almensilla Julio Mateos Palacios, conocido como el Dioni de Almensilla, ha alegado entre otras cuestiones para tratar de acreditar que no volverá a fugarse que el procesado va a ser abuelo en fechas próximas, circunstancia que según su defensa revela un "claro y sobrevenido arraigo familiar que elimina cualquier conjetura acerca del riesgo de fuga", por lo que ha solicitado a la juez su puesta en libertad sin fianza.

La acusación particular que ejerce la junta de compensación del Sector F, por su parte, ha presentado un escrito en el que se opone a la excarcelación del principal acusado de apropiarse de varios millones de euros, señalando que "no se puede dudar que no desaprovechará su eventual puesta en libertad para volver a intentar sustraerse a la acción de la Justicia".

En este sentido, la acusación advierte de que la "feliz noticia de la que da cuenta" la defensa no influiría en reprimir su fuga porque, según recuerda, "cuando en su día huyó y se mantuvo oculto durante más de un año, poco le importó dejar atrás mujer, hijos, familia, trabajadores y al colectivo de personas integradas" en la junta de compensación, "de cuya confianza era acreedor".

La junta de compensación destaca asimismo el "quebranto económico que causó y del que no ha querido dar explicación pese a que ya han transcurrido cuatro años desde que comunicó por correo electrónico que se había apoderado del dinero de mi representada", dice la acusación, que subraya además los "graves y múltiples indicios racionales de criminalidad que pesan" sobre el Dioni de Almensilla.

La Fiscalía de Sevilla ha apoyado la excarcelación de Julio Mateos Palacios, siempre y cuando abone previamente una fianza de 300.000 euros, algo que en principio parece complicado puesto que el acusado tiene embargados todos sus bienes.

Además del embarazo de una hija del Dioni, la defensa alega principalmente que Julio Mateos lleva casi tres años en situación de prisión provisional y así indica que "el mero transcurso del tiempo que ha pasado privado de libertad, necesariamente ha disminuido el riesgo de fuga", al tiempo que el delito de apropiación indebida que se le atribuye está castigado con una pena que iría de los tres años y medio de cárcel a los seis años. Este mismo argumento es el que emplea la Fiscalía de Sevilla para apoyar la libertad bajo fianza de esos 300.000 euros.

La defensa argumenta que aceptando el peor de los escenarios posibles, que la condena fuese de seis años de cárcel -"algo imposible al no concurrir la agravante de reincidencia"-, tampoco esa pena justificaría la medida cautelar, puesto que el procesado "habría cumplido más de un tercio de la pena, casi la mitad, con la posibilidad de disfrutar de permisos de salida y acceder incluso al tercer grado. Estamos ante una medida cautelar que está suponiendo el cumplimiento de una pena de carácter anticipado, en una cuantía que ya es muy elevada".

Se declara inocente

En el escrito, la defensa sale al paso de las manifestaciones respecto a que el acusado no ha dado cuenta del paradero del dinero apropiado, al afirmar que no lo ha dicho "por la sencilla razón de que el investigado defiende su inocencia y niega haber cometido el delito".

Así, afirma que actualmente le asiste la "presunción de inocencia, y no se puede partir de la base de que ha sustraído el dinero y tiene la obligación de devolverlo", porque será tras el juicio cuando se dilucide "si puede ser condenado o no".

De la misma forma, Julio Mateos señala que no puede olvidarse que hay "otras personas a la que se imputa el mismo delito y se encuentran en libertad".

Por todo ello, propone que si a pesar de todo se considera que persiste el riesgo de fuga, podrían adoptarse otras medidas "menos gravosas" que la privación de libertad, como por ejemplo la presentación "dos veces al día" ante las fuerzas de seguridad -a las nueve de la mañana y a las nueve de la noche-, la colocación de una pulsera de control telemático y la prohibición de abandonar la provincia de Sevilla, la entrega del pasaporte, y la prohibición de acudir al término municipal de Almensilla.