Coronavirus: Un sindicato advierte de que la reanudación de la actividad judicial beneficiará a los bancos

STAJ solicitó al Ministerio que el retorno a la actividad comenzara por los procedimientos de familia y los que pudieran favorecer a los sectores más vulnerables

Más del 80% de los escritos presentados son ejecuciones hipotecarias o dinerarias

Juzgados del Prado de San Sebastián
Juzgados del Prado de San Sebastián

El retorno de la actividad judicial beneficiará a los bancos y asfixiará más a la familias endeudadas. Esto es lo que opina el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), que en sus alegaciones a la Resolución del Ministerio de Justicia, ha instado al Ejecutivo a que no se dejase a la "ponderación de abogados y procuradores la presentación de escritos", debiendo establecerse los criterios para la paulatina vuelta a la normalidad, de modo que la tramitación, entrada y registro de asuntos quedara bajo el control del Gobierno. Para este sindicato, se deberá empezar por mantener en suspenso aquellos procedimientos que pudieran ahondar en el agravamiento de situaciones económicas precarias, y priorizar los procedimientos relativos a Familia o aquellos que pudieran derivar beneficios a los sectores de la población más vulnerables en la presente crisis.

Una vez abierta la posibilidad de la tramitación y registro de la presentación de escritos ante la Administración de Justicia, la falta de adopción de estos criterios, ha puesto de manifiesto lo advertido por STAJ, pudiéndose constatar que más del 80 % de los escritos que se han presentado lo han sido en ejecuciones hipotecarias (un 45%) o ejecuciones dinerarias (un 35%), procedimientos en los que la parte ejecutante son bancos o entidades financieras, es decir, procedimientos en los que "se persiguen bienes de personas que, por regla general, están pasando por momentos difíciles económicamente y que, a buen seguro, tras la declaración de estado de alarma y paralización de muchos sectores de la producción, su situación se habrá agravado".

Con ello, el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, ha tomado en consideración las reivindicaciones de las "cúpulas colegiales de la Abogacía y la Procuraduría para acelerar la reanudación de la actividad de esta Administración, pero en materias que, en plena crisis sanitaria, en poco o en nada ayudan a la ciudadanía y que de ningún modo son esenciales para la vida de la mayoría de los ciudadanos en estos momentos", considera STAJ, que advierte de que entre los escritos más presentados están los que se solicitan el embargo de la devolución de Hacienda.

La reactivación de la actividad judicial sin establecer límites a la presentación de escritos y demandas supondrá, además, el "agravamiento de la situación de atasco en la tramitación procesal e impedirá que, a medio plazo, puedan destinarse los recursos humanos a la atención de otros procedimientos judiciales que sí podrían contribuir a la protección de colectivos que hayan sido especialmente castigados por la crisis, como son los trabajadores asalariados, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, todo ello por la falta de previsión y criterios sociales para el restablecimiento gradual de la actividad de la Administración de Justicia".

Por todo ello, STAJ critica que la incorporación paulatina de los funcionarios y consiguiente exposición al contagio del coronavirus a la que se enfrentan, ya que las medidas de protección llegan tarde y escasamente a las sedes judiciales, se realiza sin atender a criterios de necesidad sino de satisfacción a determinados sectores y colectivos, para los que estos trabajadores están exponiendo su salud y la de sus familiares.

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