Las conformidades previas a los juicios se harán de forma telemática en Sevilla

Las conformidades se podrán hacer en Sevilla a través de un correo electrónico. La Fiscalía de Sevilla y el Colegio de Abogados de Sevilla han suscrito un acuerdo para potenciar el servicio de conformidades a través de medios telemáticos, con la finalidad de agilizar el proceso en el marco de la crisis sanitaria del coronavirus y la paralización de la Administración de Justicia.

El diputado Segundo de la junta de gobierno del Colegio de Abogados de Sevilla, Manuel Pérez Cuajares, ha remitido una carta a todos los letrados sevillanos informando de la creación de este nuevo servicio y en la que recuerda "las consecuencias que la pandemia y el decreto de estado de alarma están produciendo en el ámbito de la Administración de Justicia, habida cuenta la paralización de las actuaciones judiciales y la suspensión de los plazos procesales y juicios señalados".

El impulso del servicio de conformidades busca "conseguir el mayor dinamismo posible en la resolución de procedimientos en el ámbito penal y el lógico y necesario alivio de la carga que soporta dicha jurisdicción y que se verá sin duda aumentada en los próximos meses", de ahí que la Fiscalía y el Colegio hayan decidido "potenciar el servicio de conformidades que ya venía funcionando para que lo siga haciendo incluso de forma no presencial".

Para ello, se ha decidido la creación de un correo electrónico específico de contacto entre la Fiscalía y las abogadas y abogados que lo precisen, en orden a la gestión del citado servicio de conformidades.

Manuel Pérez Cuajares ha explicado a este periódico que se ha dado traslado además a los abogados de las normas de funcionamiento de este servicio telemático, en la que se incluye un "modelo normalizado de comunicación con el servicio de conformidades".

La solicitud de esta conformidad se podrá realizar sin perjuicio de las conformidades que puedan alcanzarse en el juzgado de guardia en el caso de diligencias urgentes, o de las que puedan alcanzarse durante la tramitación de la causa antes de la apertura de juicio oral o incluso en estrados el mismo día del señalamiento, ha señalado Pérez Cuajares, que ha añadido que no obstante si se realiza telemáticamente la petición a través del correo deberá realizarse con una antelación mínima de "15 días" respecto a la fecha del señalamiento de la vista oral.

En el caso de que se trate de una conformidad que afecta a varios acusados, se deberá especificar en el correo que se trata de una "actuación conjunta en la que el comunicante actúa en nombre y representación de los restantes", dado que en este caso la conformidad debe ser "asumida por todas las partes de la causa, no resultando operativa ninguna conformidad que se ajuste a esa condición", según el protocolo acordado por el fiscal jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo, y el colegio de abogados para la potenciación de este servicio telemático de conformidades.

Tras la recepción de la solicitud, el servicio de conformidades de la Fiscalía contactará telefónicamente "el primer jueves siguiente a la recepción" de la misma con el letrado, "consensuándose entre el fiscal y abogado los términos de un preacuerdo alcanzado sobre la conformidad, si la misma resultara factible". Dice el protocolo que el fiscal realizará dos intentos de contacto, con intervalos de 60 minutos, con el letrado y en caso de no lograrse el contacto, el abogado deberá "reproducir su petición" de conformidad.

En el caso de que ese trate de víctimas especialmente vulnerables que no estén perdonadas en la causa antes de que se valide el preacuerdo, éstas "deberán ser oídas por la Fiscalía, comunicándose al abogado la decisión final sobre la procedencia de la conformidad alcanzada".

Si finalmente se alcanza el preacuerdo, el abogado deberá remitir al correo de conformidades un escrito firmado también por el defendido, debidamente escaneado, y a continuación el fiscal comunicará al tribunal la modificación de su escrito de conclusiones en los términos acordados.

Por último, se ha creado una comisión de seguimiento entre la Fiscalía y el Colegio de Abogados con el objetivo de controlar el desarrollo y evolución práctica de dicho servicio.