La ventana
Luis Carlos Peris
Reflexiones sobre vacar en agosto
Administración de Justicia
Diez funcionarios de los juzgados de lo Social de Sevilla están actualmente en cuarentena por haber mantenido contacto con otra funcionaria de uno de esos órganos que ha dado positivo en coronavirus, lo que ha obligado a desinfectar toda una planta completa de la sede judicial del edificio Noga.
La trabajadora que ha dado positivo está destinada en un juzgado de lo Social, se había realizado el test rápido por su cuenta y conoció ayer el resultado del mismo. Pertenecía al 33% de las plantillas que se reincorporaron al trabajo el 12 de mayo en la primera fase de la desescalada.
Como prestaba servicio en estos momentos en otros tres juzgados, dado que la plantilla judicial actualmente no se ha reincorporado por completo -precisamente ayer lo ha hecho el 60%-, se ha puesto en cuarentena durante 14 días a diez personas que han tenido contacto con ella. Los criterios para seleccionar a esas personas son haber estado a menos de dos metros de ella y durante más de 15 minutos.
Este ha sido el primer caso conocido de contagio por coronavirus entre funcionarios de Justicia desde los dos enfermos con hospitalización que se registraron entre el 15 y el 20 de marzo, al comienzo de la pandemia. Entonces fueron ingresados un funcionario del juzgado de instrucción 4 y un fiscal de Menores y otros dos fiscales de esta última jurisdicción quedaron aislados.
Se ha tenido conocimiento de otros casos no pertenecientes a la plantilla judicial entre detenidos o abogados, según fuentes sindicales.
Además, se han hecho tests rápidos en el Instituto de Medicina Legal a los funcionarios de los juzgados de lo Social. La responsable del CSIF de Justicia en Sevilla, Águila Fernández, ha explicado que tras este positivo, el aislamiento de las personas se ha limitado a las personas que en las últimas 48 horas han tenido contacto con la funcionaria que ha dado positivo, tras un cambio en el protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad, puesto que si el contagio se hubiera confirmado tan sólo unos días antes, el aislamiento se habría extendido a las personas que hubieran tenido contacto en los 14 días anteriores, lo que hubiera supuesto un grave problema para seguir prestando el servicio en los juzgados de lo Social.
En cualquier caso, Águila Fernández ha destacado que a día de hoy, pese a los riesgos de contagio, los funcionarios "siguen teniendo que compartir los teléfonos durante la jornada y en esta jurisdicción y también en Penal el uso es constante". Además, prosigue Águila Fernández, "no es de recibo que se hagan los test una vez que se han confirmado los contagios, se debería haber hecho antes".
La representante sindical ha señalado que entiende que se está trabajando "muy rápido" con los protocolos, pero estos contagios se podían haber evitado si "con anterioridad se hubieran hecho las mediciones" para salvar las distancias de seguridad en los juzgados, con lo que se podrían haber evitado más contagios". "Echamos también de menos que los test se hubieran hecho antes, cuando sólo estaba incorporada el 30% de la plantilla", con motivo de la fase I de la desescalada judicial y no ahora, en la fase 2, donde se han incorporado el 60% de los funcionarios".
CSIF ha denunciado que la distancia de seguridad de dos metros de separación no se cumplen en la sede del edificio Noga, por falta de espacio, ni siquiera teniendo en cuenta sólo la separación entre los funcionarios, no de la colocación de las mesas.
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