Coronavirus en Sevilla: Un grupo de juristas pide a la Fiscalía que investigue las caceroladas "ilegales" contra el Gobierno

Las caceroladas en Sevilla contra el Gobierno de Pedro Sánchez llegan a la Fiscalía. El grupo de juristas 17 de marzo ha presentado este miércoles una denuncia en la Fiscalía de Sevilla, a la que pide que investigue las manifestaciones "ilegales, organizadas y no comunicadas previamente" a la Subdelegación del Gobierno en la provincia y que, según aseguran, "ponen en peligro la salud y la vida de las personas".

En la misma denuncia, esta asociación pide al Ministerio Público que indague igualmente si los agentes de la autoridad están incurriendo en un delito grave de prevaricación, en concurrencia con otros como la coautoría en el delito de manifestación ilícita y otros posibles contra la seguridad y la salud pública. Estos delitos se habrían producido supuestamente porque, según los denunciantes, que remiten a informaciones periodísticas, los agentes de la Policía Nacional "no sólo están permitiendo con normalidad el desarrollo de manifestaciones peligrosas para la salud, sino que en ocasiones están demostrando públicamente su apoyo a las mismas mediante sonidos de sus vehículos y gestos ostensibles", asegura el grupo de juristas progresistas.

En la denuncia que suscriben los letrados Luis de los Santos y Luis Ocaña se refieren a las caceroladas que tuvieron lugar el pasado lunes, como la que se produjo en la avenida de la Palmera, en las que se exigía la dimisión o el cese del Gobierno actual, y que estaban "previstas y convocadas de antemano, según se deduce tanto de la afluencia de personas a lugares concretos como de las convocatorias que venían circulando en las redes sociales". Ayer se volvió a producir una manifestación en Santa Justa y hoy está prevista en la Plaza de España, mañana en Nervión frente al estadio del Sevilla, y el viernes en Los Remedios.

Para los denunciantes, esto demuestra que no se trata de "actos espontáneos sino de una serie de manifestaciones políticas organizadas y coordinadas", y en este sentido recuerdan que todavía continúa vigente la declaración del estado de alarma y aunque Sevilla está en la fase I de la desescalada "permanecen" las restricciones de movimiento y persiste el "riesgo para la salud derivado de la concentración de personas".

El grupo de juristas recuerda que el TSJA prohibió recientemente las manifestaciones con motivo del 1 de mayo, alegando que es "un hecho notorio que es completamente seguro que se produzcan contagios entre las personas participantes que luego puedan extenderse entre sus círculos de amistad, profesionales y familiares".

Se está infringiendo "deliberadamente la ley"

La asociación considera que "debe garantizarse el derecho de manifestación siempre y cuando se haga compatible con la protección de la salud", pero en el caso actual recuerdan que se ha olvidado el requisito inexcusable de la notificación previa a la Subdelegación del Gobierno "ante la certeza de que ésta podría prohibirlas. De este modo, resulta lógico pensar que se está infringiendo deliberadamente la ley con la intención de realizar actos que se sabe que ponen en peligro la salud pública".

En este sentido, consideran que la conducta puede enmarcarse en el artículo 513 del Código Penal, que señala que "son punibles las reuniones o manifestaciones ilícitas, y tienen tal consideración: Las que se celebren con el fin de cometer algún delito; y aquéllas a las que concurran personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligroso".

El artículo 514 castiga con penas de entre uno y tres años de prisión y multa de 12 a 24 meses a "los promotores o directores de cualquier reunión o manifestación comprendida en el número 1.º del artículo anterior y los que, en relación con el número 2.º del mismo, no hayan tratado de impedir por todos los medios a su alcance las circunstancias en ellos mencionadas", considerando reputarán directores o promotores de la reunión o manifestación los que las convoquen o presidan.

Por todo ello, el grupo de juristas concluye que estamos ante una "situación potencialmente peligrosa para la ciudadanía en la que concurre de manera evidente dolo por parte de los convocantes y organizadores que tratan de esconderse y de esquivar los requisitos legales".

Y así, concluye que "corresponde a las autoridades, en especial al Ministerio Fiscal y a las fuerzas del orden público que tengan conocimiento de ello tomar las medidas para evitar que se continúe cometiendo el delito e investigar las responsabilidades procedentes". La denuncia pide expresamente al Ministerio Fiscal que proceda a "iniciar las actuaciones correspondientes para investigar los delitos" expuestos.