Coronavirus: La Fiscalía investiga tres residencias por trato vejatorio y dar medicamentos "caducados" a los ancianos

El fiscal delegado de la Sección de Personas Mayores y de Protección de Personas con discapacidad de la Fiscalía de Sevilla, NorbertoSotomayor, ha abierto unas diligencias de investigación contra dos directoras de tres residencias de mayores de la provincia de Sevilla por presuntos tratos vejatorios a los ancianos, así como por otros tantos delitos entre los que se investiga la distribución de alimentos inadecuados y hasta medicamentos "caducados".

En relación con el delito de trato vejatorio, el fiscal ha precisado que se investigan unas condiciones de higiene "nefastas" y el hecho de que los mayores estuvieran "sin sábanas o mantas". Respecto al delito contra la salud pública se analiza si la alimentación facilitada es "inadecuada" e incluso que se les hayan suministrado medicamentos "no prescritos, algunos caducados, o dosis no adecuadas". En cuanto al delito de falsedad, se investiga si la misma se ha producido en "documentos médicos".

Se trata de las primeras diligencias de investigación que abre la Fiscalía de Sevilla en relación con el funcionamiento de las residencias de ancianos durante la pandemia del coronavirus, dado que durante la primera ola sólo se habían abierto diligencias informativas.

Norberto Sotomayor ha explicado a este periódico que por estos hechos, por los que han declarado ya las dos directoras de los tres centros de mayores -una de ellas regenta los dos geriátricos-, se investigan en principio hasta cuatro delitos, entre ellos un posible trato vejatorio a los mayores, falsedad documento público, un delito contra la salud pública y otro de desobediencia a la autoridad, este último relacionado con los traslados de mayores entre centros "incumpliendo la normativa del Covid-19".

El fiscal ha señalado que los hechos que se investigan en estas tres residencias ubicadas en la provincia de Sevilla, de las que ha preferido no dar su localización, superan lo que son las "meras irregularidades administrativas" que se detectaron en los centros de mayores durante la primera ola y pueden acarrear responsabilidades penales.

En relación con estas diligencias, la Fiscalía ya ha tomado declaración como investigadas a las dos directoras de los tres centros de mayores, aunque el caso aún no ha sido denunciado en los juzgados por parte del Ministerio Público, que está a la espera de recibir nuevos informes de los servicios de Inspección de la Junta, que deben analizar todos los datos como los traslados de los mayores entre centros e incluso verificar los "pastilleros", para ver qué medicamentos les han dado.

190 fallecidos en las residencias en la segunda ola de la pandemia

El fiscal ha recordado que en esta segunda ola de la pandemia del coronavirus se han registrado ya 184 fallecidos en la residencias de mayores de la provincia y otros seis en las residencias de discapacidad, lo que hace un total de 190 defunciones en ambos centros desde finales de agosto.

En las residencias de ancianos hay actualmente 104 positivos de coronavirus entre los residentes y 73 trabajadores contagiados, mientras que en las residencias de discapacidad hay cinco positivos entre los residentes y seis empleados.

La segunda ola de la pandemia supera ya los 151 fallecidos que se registraron en la primera ola, hasta principios del pasado mes de julio.

Tras acabar la primera ola, el fiscal emitió un decreto en el que puso de manifiesto que la Junta no conocía al completo las residencias que había en la provincia de Sevilla al inicio de la pandemia del coronavirus. En ese informe el fiscal delegado de Personas Mayores destacó la "gravedad de la falta de un conocimiento completo de las residencias de Sevilla y provincia por parte de la administración" cuando se decretó el estado de alarma, lo que provocó que la mayoría de las residencias no recibieran órdenes y directrices de la Junta "hasta el mismo día de la declaración del Estado de Alarma", el 14 de marzo, o incluso "con posterioridad". Y concluyó además que, en la mayor parte de las ocasiones, "la iniciativa de la administración fue nula o escasa para mantener informadas a las residencias y facilitarles pautas de actuación".