La Comisión Ejecutiva de UGT Andalucía “no trataba” las solicitudes de subvenciones de la Junta

El juicio a la antigua cúpula de UGT-Andalucía por el presunto fraude en subvenciones de la Junta, por un importe de 40 millones de euros, se reanudó ayer en la Audiencia de Sevilla con la comparecencia de una sindicalista que entre 2008 y 2013 formó parte de la Comisión Ejecutiva. Pilar Marín, que era secretaria de Gestión Interna y también llegó a ser portavoz de la organización, aseguró que este órgano “no trataba” la solicitud de ayudas y vino a decir que, aunque allí se reunían los encargados de las distintas secretarías, “cada uno era responsable” de la suya, sin que la Ejecutiva tuviese que estar al tanto. Y en esa idea se ratificó varias veces después de que algunas defensas se extrañasen de esa aparente desvinculación a pesar de que la Comisión, como explicó la testigo, se reunía "semanalmente de diez de la mañana a dos de la tarde".

“Actuamos en todo momento supeditados a la ley”, afirmó la testigo, que fue llamada al juicio por la defensa del entonces secretario general, Francisco Fernández Sevilla. “Él no participaba en la gestión económica”, indicó.

Marín también habló sobre el bote y el rápel, que según la Fiscalía Anticorrupción eran dos de los mecanismos del supuesto fraude. O más bien no habló. “No lo conocía en absoluto”, dijo respecto al bote. “No tengo conciencia de haberlo conocido en la práctica de la organización. No soy capaz de discernir si lo conocí por la prensa o por algún compañero”, reiteró respecto al rápel.

También declaró el entonces director territorial del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), la fundación de la UGT que materializó los cursos subvencionados, en Andalucía. Juan Francisco Alcaide no supo explicar por qué UGT-A imputó a la Administración “gastos de docencia directa” cuando no era el sindicato el que ejecutaba esas acciones formativas. “No dudo de la realidad de ese gasto, pero no debería estar ahí”, reconoció cuando el fiscal le fue mostrando los documentos.

El testigo también señaló que las aulas donde se impartían los cursos debían ser alquiladas sí o sí a Soralpe, la sociedad que creó el sindicato para gestionar su patrimonio “con profesionalidad”. “No había posibilidad de buscar otros proveedores. O me entendía con Soralpe o no había cursos”, espetó.