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El decano del Colegio de Abogados de Sevilla (ICAS), Óscar Fernández León, ha enviado este viernes una carta a los sindicatos CSIF, CCOO, UGT y STAJ con motivo de la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia, que reclaman mejoras salariales tras comprobar que el Gobierno aceptó pagar más a los letrados judiciales. En la misiva, Fernández traslada "la preocupación del colectivo por la incidencia y repercusión" del paro indefinido que comenzó el 17 de abril y propone una medida para paliar el "perjuicio" que padecen los abogados "y la ciudadanía". La idea es "avisar con un día de antelación las posibles suspensiones de las actuaciones judiciales".
El decano, desde el respeto a la huelga, recuerda que esta situación "está afectando no sólo a los profesionales, sino también a los ciudadanos", debido a "la incertidumbre" sobre la celebración o suspensión de actos judiciales. Así, en muchos casos, "clientes, procuradores, graduados sociales, testigos y/o peritos" acuden al juzgado de turno y se encuentran "en ese momento" con que el acto se suspende por la huelga.
Por tanto, con el objetivo de "mitigar de alguna manera el perjuicio que se origina a los profesionales y a los ciudadanos", el responsable del ICAS pide a los sindicatos que hagan llegar a sus afiliados del sector su petición de que comuniquen en el tablón de anuncios y las salas de vista las suspensiones señaladas para cada día. Y también reclama que hagan eso "a ser posible un día antes y, como mal menor, a primera hora del día en cuestión, esto es, a las nueve de la mañana".
De este modo "se evitan el desplazamiento innecesario y los gastos y molestias que ello lleva aparejado a los profesionales y ciudadanos afectados". "A buen seguro se agradecerá, pues, con todo el respeto que nos merece la postura adoptada, la emisión del comunicado que se interesa tendrá muy buena acogida por todos", prosigue el decano.
Fernández aprovecha el escrito para recordar a los sindicatos que el ICAS "no escatimará esfuerzos" para que "a la mayor brevedad" haya una reunión entre el Ministerio de Justicia y los funcionarios "que permita alcanzar un acuerdo que sea satisfactorio para su colectivo". Los abogados "incluso" se han ofrecido a mediar en el conflicto.
"Estamos convencidos de que con la unión, el esfuerzo y reivindicaciones de todos los operadores jurídicos en este concreto asunto, como en otros que nos afectan, en un futuro que deseamos sea a medio plazo podamos disponer de todos los medios y consensuar las diferentes posturas para disfrutar de una verdadera Justicia", apostilla Fernández.
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