“Los Chorizos”: de víctimas del racismo a su tercer juicio por narcotráfico

Cuatro miembros del clan de “Los chorizos” de Estepa y una quinta persona fueron juzgados este martes por tráfico de drogas, un delito por el que la Fiscalía pidió para ellos hasta cinco años y medio de cárcel. Esta familia adquirió notoriedad cuando sus viviendas fueron incendiadas en 2014 por el vecindario que les culpaba de una oleada de robos en Estepa, lo que dio lugar a manifestaciones de protesta por el supuesto racismo de los vecinos y a la intervención de Juan José Cortés, padre de la pequeña Mari Luz, como mediador.

El juicio celebrado este martes en la Sección Primera de la Audiencia fue el tercero por narcotráfico a que se enfrenta la familia en el plazo de tres años, pues la matriarca Consuelo J.R. fue condenada en 2017 a un año y medio de cárcel y en 2019 a otro año y medio, en ambos casos tras una rebaja de la petición del fiscal y con el ingreso en prisión condicionado a que no volviera a delinquir.

En este caso, tanto Consuelo como sus hijos José María T.J. y Cristian N.J., la esposa del primero de ellos y un tercer hombre acusado de labores de vigilancia, estaban acusados de vender droga “al menudeo” en una finca de su propiedad en el denominado Camino de Jarambel, donde según los investigadores policiales el trasiego de compradores era “continuo” durante el tiempo de seguimiento, entre noviembre de 2019 y febrero de 2020.

Los acusados se acogieron a su derecho a no declarar excepto a su propio abogado, negaron dedicarse a la venta de estupefacientes, afirmaron que la droga incautada era para su consumo propio y que destinaban la finca a criar animales.

La fiscal del caso destacó en su informe que los procesados no explicaron la presencia de instrumentos para el pesaje y empaquetado de la droga y tampoco de donde obtenían su medio de vida, pues la Policía que les investigó desmintió que se dedicasen a la venta en mercadillos, como afirmó Consuelo.

Resaltó además que todos los acusados habían sido condenados por delitos similares y que la finca disponía de muros de 2,5 metros de alto, cámaras en el camino de acceso y puertas opacas para dificultar la vigilancia de lo que ocurría dentro.

La familia huyó de Estepa en 2014 cuando sus viviendas sociales fueron incendiadas durante una manifestación vecinal convocada a través de las redes sociales para protestar por los robos que les atribuían. Pero poco después regresaron y siguieron dedicándose a actividades ilícitas, según la Fiscalía, que recoge en su escrito de acusación que la Guardia Civil inició esta investigación por denuncias del propio vecindario.

A diferencia de juicios anteriores, la Fiscalía no rebajó su petición inicial pero retiró la acusación contra Paula M.V., esposa de José María, por falta de pruebas ya que los agentes que hicieron el seguimiento de la familia declararon que era la única que no pasaban grandes periodos de tiempo en la finca sino en su propia vivienda de Estepa, donde cuidaba de sus tres hijos.

A las penas por tráfico de drogas la Fiscalía añadió otro delito de defraudación del fluido eléctrico, por el que pidió nueve meses de multa con cuota de 10 euros (2.700 euros) para el titular de la finca, Cristian N.J., ya que tenían un “enganche” ilegal que causó perjuicios de 2.026 euros a Endesa.

Los acusados protagonizaron diferentes incidentes en el juicio, uno de ellos fue expulsado de la sala por hacer comentarios en voz alta y el presidente del tribunal les advirtió varias veces de que debían colocarse la mascarilla en prevención del COVID.