El fiscal sitúa a Chaves como el artífice del cambio que permitió las irregularidades

Chaves como artífice que autorizó el cambio del sistema que permitió las irregularidades relacionadas con las ayudas de los ERE. Esta es la tesis que el fiscal delegado de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga ha defendido para justificar la condena del ex presidente de la Junta Manuel Chaves por un delito continuado de prevaricación y por el que reclama una condena de diez años de inhabilitación.

En la sesión de esta tarde, el representante de la Fiscalía Anticorrupción ha culminado su informe con el repaso de los hechos que atribuye a cada uno de los 21 ex altos cargos y en el que se ha referido de manera más extensa.

El fiscal ha comenzado reiterando que la "necesidad de agilidad y rapidez" a la hora de conceder las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis en el periodo investigado hizo que el entonces presidente de la Junta Manuel Chaves "consintiera el cambio" en el sistema que hasta el año 2000 se venía empleando para la concesión de estas ayudas y que se plasmó, según ha precisado el fiscal, en una modificación presupuestaria del 16 de abril de ese año en la que se introdujo por primera vez el uso de las transferencias de financiación al IFA para el pago de las ayudas que concedía la Consejería de Empleo.

El representante del Ministerio Público ha dicho que no se trataba de un cambio menor, era un cambio de norma, y así ha subrayado que lo más lógico es pensar que como afectaba a varias consejerías, cualquier variación en la concesión de las ayudas tenía que pasar por la "lógica decisión final del superior jerárquico", en este caso el presidente de la Junta, que era "perfecto conocedor" de que la consecuencia lógica con la creación del nuevo sistema es que se "suprimía la fiscalización previa" de la ayudas.

La "trascendencia de los cambios", ha proseguido, conllevaba que no podía ser una decisión que "tomara por si solo" el consejero de Empleo, sino que exigía la participación de la consejera de Economía, entonces Magdalena Álvarez, y ha añadido que el reflejo del nuevo sistema en la fase de presupuestación "exigió la decisión aprobatoria del superior jerárquico de ambos consejeros".

Es "absurdo" que las decisiones de calado las adoptaran los funcionario de rango inferior

Frente al alegato de Manuel Chaves de que desconocía cómo se concedían las ayudas y de que las modificaciones presupuestarias que incrementaban la partida 31L llegaban en "índice verde" al Consejo de Gobierno, el fiscal ha sostenido que resulta llamativo que si se estimara esa supuesta ignorancia podríamos llegar al "absurdo de que bajando de rango al final las decisiones de mayor calado estén en manos de los funcionarios de rango inferior, puesto que los superiores manifiestan no conocerlos". Para el fiscal, una cosa es la delegación de competencias y el principio de "confianza debida" y otra "ignorar lo que por su relevancia, importancia y trascendencia debería ser inexorablemente objeto de conocimiento y decisión por parte de los máximos responsables de cada centro directivo". La delegación de competencias "no excluye el principio de jerarquía", ha concluido el fiscal.

En este sentido, ha explicado que no es exigible que un presidente de la Junta "conozca todas y cada una de las decisiones" que toman los miembros de su gobierno, pero es "poco entendible que decisiones de calado político y económico sean desconocidas por el presidente de todos los andaluces y de sus consejeros", recordando además que Chaves era el que resolvía las "diferencias" entre los consejeros cuando se producía una discrepancia en cuanto a los recursos de estos departamentos.

Por ello, el fiscal estima que es lógico que Chaves tuviera conocimiento del modo en que se articulaban las ayudas, de la cuantía de las mismas y de la forma de pago, aunque en este punto ha señalado que la "opacidad del sistema exigía que el Consejo de Gobierno no tuviera participación formal alguna". A pesar de la trascendencia social de las situaciones de iris y la importancia de las cuantías de algunas de la ayudas, "resulta paradójico que el Consejo de Gobierno y su presidente no tuvieran formalmente conocimiento" de las mismas, que "no tuvieran la última palabra" en aquellas cuantías que debían pasar por dicho Consejo, ha continuado el fiscal, que ha citado por ejemplo los 16 millones que se concedieron a Heineken, y también ha cuestionado que ninguno de los miembros del Consejo de Gobierno "no se extrañaran de que no llegara ninguna ayuda".

El representante del Ministerio Público se ha referido a lo que ha denominado como un "cortafuegos del gabinete de la Presidencia" para que no se le informara de lo que estaba ocurriendo, consideran "poco lógico" que cuando se produce una denuncia o reclamación relacionada con las ayudas el presidente tuviera "cero conocimiento" y es ilógico pensar igualmente "que no se le cuente nada", ha afirmado.

A modo de conclusión final de su informe, el fiscal ha leído un párrafo del contenido de la respuesta del interventor de la Junta a las alegaciones de la Consejería de Empleo al informe adicional de 2003, en la que el interventor sostiene en relación con las deficiencias detectadas que "no sólo es una cuestión de oportunidad y conveniencia, sino básicamente de legalidad", porque "la eficacia de la actuación no dispensa del cumplimiento de la ley".

Antes de informar sobre los hechos que atribuye a Chaves, el fiscal se ha referido a la participación del ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, a quien también ha situado en el cambio del modelo de sistema para el pago de las ayudas, afirmando que con ese cambio "se pretendía por los encausados germinar o cristalizar un sistema opaco" para la concesión de las ayuda en aras de la "inmediatez y rapidez".

Por último, el fiscal ha rechazado la petición de la defensa de Zarrías que ha impugnado toda la prueba pericia al considerar que se trata de una "pericial jurídica" que está vedada por la ley, recordando que la designación de los peritos de auxilio judicial de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) "no fue impugnada" en su momento y además la pericial versa sobre una materia económica y presupuestaria.

El juicio contra los 21 ex altos cargos se reanudará mañana con los informes definitivos de la acusaciones populares que ejercen el Partido Popular y el sindicato Manos Limpias.