Chaves y Griñán elevan a definitivas sus peticiones de absolución

Tras elevar a definitivas los cargos la Fiscalía Anticorrupción, la defensa de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán han hecho lo propio y han solicitado la absolución a los magistrados de ambos ex presidentes, cuyos abogados, Pablo Jiménez de Parga y José María Mohedano, han sido los primeros intervenir tras el turno de conclusiones de las acusaciones.

El abogado de Chaves se ha limitado a elevar a definitivas su escrito de conclusiones provisionales, mientras que la defensa de Griñán también ha solicitado su absolución, pero ha introducido en su calificación de manera alternativa una circunstancia "eximente" que figura en el artículo 14 del Código Penal, la del "error invencible", dado que, según este precepto, "el error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal".

Mohedano sostiene, en esta conclusión alternativa a la absolución, que cuando llega Griñán a la Consejería de Economía en 2004, había ya tres leyes de Presupuestos anteriores que recogían el uso de las transferencias de financiación y el interventor había realizado tres cuentas generales sin plantear ningún reparo, y además las liquidaciones en el presupuesto del IFA/IDEA habían arrojado superávits, por lo que concluye que “no había el más mínimo aviso” que pudiera alertar a Griñán de las irregularidades.

El letrado José María Mohedano, que también defiende al ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, también ha solicitado la absolución de este ex alto cargo, dando lectura a un extenso escrito de defensa, y ha pedido igualmente que se "impongan las costas" procesales del juicio a las acusaciones.

En su escrito de defensa, Mohedano sostuvo que no hubo ninguna "conspiración" para cometer el fraude de los ERE, ya que, si hubiera existido esa conspiración, planteada hipotéticamente, ni el consejero habría llevado al Consejo de Gobierno las memorias de control financiero ni hubiera propuesto las medidas que la Intervención General de la Junta consideró "pertinentes" para mejorar su función de control.

Mohedano atacó en ese escrito la acusación presentada por la Fiscalía Anticorrupción por el delito de malversación de caudales públicos -por el que el ex presidente Griñán se enfrenta a seis años de cárcel-, al entender que desde la causa abierta en el Tribunal Supremo no se ha acreditado por el juzgado de Instrucción de Sevilla que investigó la causa "ninguna nueva investigación en relación con la posible participación de Griñán en un delito de malversación". El escrito defiende que el ex presidente "nunca intervino en la concesión concreta de ayudas ni se ha acreditado que conociera el presunto uso irregular de fondos públicos, dado que no era de la competencia de su departamento de Hacienda".

El abogado de Griñán alegó igualmente que las transferencias de financiación por las que se pagaban las ayudas fueron aprobadas en las sucesivas leyes de presupuestos del Parlamento andaluz de los años 2002, 2003 y 2004, y añade que "nunca" aprobó en su condición de consejero de Economía ninguna modificación presupuestaria, sino que lo hizo el Consejo de Gobierno y además contaban con el informe favorable de la Intervención General de la Junta, entre otros organismos.

De hecho, la defensa del ex presidente argumentaba sobre la legalidad del uso de las transferencias de financiación que "todas las actuaciones del consejero y del Consejo de Gobierno se adoptaron partiendo de que el máximo órgano de control interno de la Administración autonómica consideraba legales las transferencias y, por consiguiente, no inició en ningún caso los procedimientos que le corresponderían haber actuado en el caso de considerar lo contrario".

Sobre los continuos informes de la Intervención en los que se alertaba del uso inadecuado de las transferencias, la defensa sostiene que "nunca se elevaron" a Griñán los informes de cumplimiento de 2003 ni el informe adicional del año 2005, y así insistió en que "hay datos y pruebas de que ni se elevaron ni fue informado de los mismos porque en ningún momento se proponía su actuación". Para Mohedano, las presuntas irregularidades no estuvieron en el presupuesto, ni en las transferencias, ni en las modificaciones, sino, en el caso de existir, "en la concreta gestión del gasto del programa presupuestario 31L", la partida conocida popularmente como el fondo de reptiles.

Chaves "ni conoció ni pudo conocer" las irregularidades

Por su parte, Pablo Jiménez de Parga, que representa a Manuel Chaves, defiende en el escrito de defensa que ahora ha elevado a definitivo en que el ex presidente no incurrió en ningún delito de prevaricación en relación con el fraude de los ERE. El letrado solicita su absolución porque entiende que el ex presidente “ni conoció ni pudo conocer las supuestas irregularidades vinculadas a la concesión de las ayudas sociolaborales, puesto que nadie le advirtió de ello y el interventor general tampoco consideró oportuno utilizar el mecanismo del informe de actuación”.

En el escrito de defensa, el letrado explica que Manuel Chaves, que fue presidente de la Junta entre 1990 y 2009, “desconocía los procedimientos concretos por los que se canalizaban las ayudas sociolaborales, así como las ayudas concedidas en cualquier otro ámbito, al no ser ésta su función como presidente de la comunidad autónoma”.

Chaves rechaza de esta forma los cargos presentados por la Fiscalía Anticorrupción, que reclama una condena de diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, y de las demás acusaciones, al considerar que los hechos no son constitutivo de ningún delito que se le pueda imputar.

Durante los 19 años en los que estuvo al frente del Ejecutivo andaluz, Manuel Chaves suscribió seis acuerdos de concertación social con la Confederación de Empresarios de Andalucía y las organizaciones sindicales más representativas de la comunidad autónoma, en los cuales, precisa su defensa, “se fijaba como prioridad política, compartida por todos los agentes sociales, garantizar la cohesión social en Andalucía, lo que implicaba, entre otros aspectos, la necesidad de atender a los trabajadores de empresas en crisis mediante distintas ayudas sociolaborales en casos de procesos de reestructuración empresarial o de reconversión, especialmente significativos en algunos sectores de actividad industrial”.

Esta política se trasladó a los planes económicos que fueron aprobados por el Parlamento de Andalucía, en especial el plan económico Andalucía Horizonte 2000 (1998-2000) y el plan económico Andalucía Siglo XXI (2002-2005), que fueron aprobados por el Pleno del Parlamento y que se recogió en las sucesivas leyes de presupuestos de la comunidad autónoma de Andalucía.

Entre los años 2000 y 2009, el Consejo de Gobierno que presidía Chaves, aprobó 18 modificaciones presupuestarias relativas al programa 22E y 31L –conocida popularmente como el fondo de reptiles, según la terminología empleada por el ex director general de Trabajo Javier Guerrero- de un total de 1.271 modificaciones presupuestarias aprobadas durante ese mismo periodo por el Consejo de Gobierno.

Con todos los informes preceptivos

La defensa de Chaves explica en su escrito que esas 18 modificaciones presupuestarias fueron tramitadas con arreglo a la Ley general de la Hacienda Pública de Andalucía y contaron “con todos los documentos e informes preceptivos, las memorias justificativas y explicitaron el impacto en los objetivos de los programas de actuación, inversión y financiación afectados”.

Además, todas las modificaciones contaron con el preceptivo informe favorable de la Intervención General de la Junta, añade Jiménez de Parga. “Manuel Chaves, en su condición de presidente de la Junta de Andalucía, se limitó a participar en la formalización de la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno que él presidía, de unas modificaciones presupuestarias que habían seguido todos los trámites legalmente exigibles y que contaban con todos los informes preceptivos favorables, incluido el informe favorable de la Intervención General de la Junta de Andalucía en todos y cada uno de los casos”, asevera.

El abogado explica que todas las modificaciones presupuestarias formaban parte del denominado “índice verde” del Consejo de Gobierno, en alusión a los asunto del orden del día que “ni siquiera se someten a deliberación entre los miembros del Consejo de Gobierno, sino que se aprueban directamente por ser de su competencia, según una práctica habitual no sólo en los gobiernos autonómicos, sino también en el Gobierno de la nación”. Tras su aprobación por el Consejo de Gobierno, las 18 modificaciones fueron remitidas a la oficina de control presupuestario del Parlamento de Andalucía y se incluyeron en la cuenta general de cada ejercicio, que fue objeto de análisis y de aprobación anual por parte del Parlamento.