Caso FIVA: visto para sentencia un juicio que empezó hace cuatro meses

La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla dejó este lunes visto para sentencia el juicio correspondiente a la pieza separada de la macrocausa de Invercaria, la empresa pública de capital riesgo Invercaria, relativa a los préstamos por importe de 716.000 euros concedidos a la entidad Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA).

El juicio comenzó el 26 de septiembre del año pasado y entre los acusados figura el expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, ya condenado en otras cuatro piezas y absuelto en otras tantas, y figuró su sucesora, Laura Gómiz. Esta última, sin embargo, no ha llegado hasta el final porque la Fiscalía Anticorrupción retiró todos los cargos contra ella en sus conclusiones definitivas. En el caso de Pérez-Sauquillo no hubo absolución en esa fase pero sí una importante rebaja en la petición de condena, de diecinueve a diez años de cárcel.

En el banquillo inicial también se sentaron los consejeros de Invercaria Juan Vela Quiroga, otrora director de finanzas de la agencia IDEA, de la que dependía Invercaria, y Ramón Martín; la ex secretaria de Desarrollo Industrial y Energético de la Junta Isabel de Haro, condenada ya por las ayudas a Cedes Electria; el ex director de Inversiones Estratégicas de IDEA Bienvenido Martínez; el ex director general de IDEA Jacinto Cañete; el ex director financiero de Invercaria Antonio Nieto; y Mariano Pérez-Sauquillo, hermano del entonces presidente.

Tambien estaban el representante de Novasoft Francisco José Barrionuevo y los representantes legales de Innovaes, Juan Antonio Bardón, y Grupo Imagen, Francisco Gallardo.

Durante su comparecencia, Pérez-Sauquillo defendió que el proyecto de FIVA fue "el más analizado de todos en los que ha invertido Invercaria", hasta el punto de que contó con un informe de una empresa especializada en el sector, elaborado por un experto en la materia, como documento "previo" al posterior plan de negocios aportado para la inversión en esta entonces naciente sociedad, participada por Invercaria, Novasoft, Grupo Imagen y Corporación Gráfica.

El análisis del proyecto de inversión en FIVA, según sus palabras, "no pudo ser mayor", y si bien Invercaria aprobó en efecto "una reserva" de 600.000 euros para su inversión en esa iniciativa, no fue fijada una "fecha de desembolso" de ese dinero. El único fue el inicial de 12.000 euros de Invercaria. "Un año y pico después", el consejo de administración de Invercaria aprobó "por unanimidad" una ampliación de capital en FIVA.

En la fase de conclusiones, el fiscal del caso anunció modificaciones importantes en su calificación provisional. Para empezar, eliminó los delitos de trafico de influencia, negociaciones prohibidas a funcionarios y negocio simulado y acusó sólo por dos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Fruto de ello, la Fiscalía retiró su acusación contra Gómiz, defendida por Adolfo Cuéllar (Zurbarán Abogados), y los ex consejeros de la entidad Martín, defendido por Juan Carlos Alférez (Constitución 23) y Vela, defendido por Antonio Uceda.

Para el Ministerio Público, Pérez-Sauquillo, Nieto, De Haro, Martínez y Cañete "incumplieron el marco procedimental establecido por Invercaria y quebrantaron las más elementales pautas de conducta en la administración de los fondos públicos", dada la "falta de estudios" sobre la viabilidad técnica y económico-financiera del proyecto FIVA.

Eso generó un "perjuicio económico" para Invercaria de 284.000 euros por la aportación dineraria inicial, de 716.000 euros por los "préstamos impagados" y de 359.171 euros por los prestamos concedidos a Grupo Imagen y Barainsa, según el fiscal Manuel Guerra.

La Fiscalía, en cualquier caso, también retiró parcialmente su acusación contra Cañete y Martínez, defendidos también por Alférez, y contra De Haro, cuyo abogado es Manuel Garrido. En total reclama para cada uno de ellos cuatro años y tres días de prisión y diez años y tres días de inhabilitación, por un delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación agravada, en todos los casos con la atenuante de dilaciones indebidas.