Carpetazo judicial a las denuncias por compra de votos en Huévar y Albaida

No hay caso de compra de votos en las localidades sevillanas de Huévar y Albaida del Aljarafe. Eso es lo que han entendido sendos juzgados que han archivado las denuncias por esta supuesta corrupción política que fueron denunciadas en octubre de 2019 por el PP e IU, respectivamente. Ambas formaciones presentaron sendas denuncias en esa fecha ante la Fiscalía de Sevilla que, tras analizar el caso, denunció ambos casos en los juzgados pero ambas causas han sido finalmente archivadas por los juzgados, según han informado a este periódico fuentes judiciales. En ambos casos, el sobreseimiento no es definitivo porque tanto el PP como IU han presentado sendos recursos contra los autos de archivos decretados por el juzgado.

En el caso de Huévar, su alcaldesa, María Eugenia Moreno (PP), había pedido que se investigaran posibles delitos electorales por la “compra de votos y malversación continuada con dinero público” en el Ayuntamiento hervense por parte de los anteriores gobiernos municipales socialistas. La denuncia ahora archivada sostenía que a la alcaldesa se le negó la llave del Ayuntamiento después de ser investida y tuvo que pedir una copia, y al acceder a las dependencias municipales comprobó como los “antiguos regidores municipales habían procedido a almacenar e intentar destruir toda una serie de documentos” que se desconocen.

En el despacho de la Alcaldía y, en concreto, detrás de la silla del alcalde, había una“trituradora de papel, inservible y casi quemada por el uso”, mientras que en el despacho del teniente de alcalde se localizaron una serie de cajas con documentos algunos “transcritos de puño y letra del anterior ex alcalde Francisco Martín González”, según relataba la denuncia de los populares.

Los denunciantes añadían que al comprobar esas cajas descubrieron que se trataba de un “intento de ocultar las maniobras del anterior equipo de gobierno municipal y el partido al que representan para incidir en los electores y vecinos del pueblo, mediante, sin duda, el ofrecimiento de dádivas y recompensas mediante la contratación pública de vecinos o familiares, para la obtención de votos en las diferentes elecciones”.

Por la extensión de la documentación encontrada, el PP aseguraba que había “claros indicios de la existencia de un entramado para la captación de votos mediante el ofrecimiento de trabajos municipales”. También denunciaron una serie de facturas “presuntamente pagadas con fondos municipales, entre las que se encuentran una serie de cargos por carteles e invitaciones a un mitin del PSOE”.

La denuncia de Albaida

Por su parte, el coordinador de IU-LVCA en Albaida del Aljarafe, Clemente Franco, presentó una denuncia contra el alcalde de esta localidad, José Antonio Gelo, por la supuesta compra de votos a cambio de puestos de trabajo en el Ayuntamiento y un fraude relacionado con el voto por correo. Esta denuncia se dirigía además contra otras siete personas, entre ellas varios concejales o ex ediles socialistas y algún trabajador de la Oficina de Correos, a los que acusa de haber formado una “posible organización o grupo criminal” dirigida a la compra de votos en las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019.

IU de Albaida indicaba que había “sospechas e indicios” de un posible fraude en el voto por correo de más de 100 personas, cuyos DNI habrían sido recogidos con “promesas” de obtener contratos laborales o con “amenazas veladas” de quedarse sin el puesto de trabajo, en unos casos, o de “cerrar el programa de alfabetización para mayores si no se votaba al PSOE”, en otros.

En este caso, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Sanlúcar la Mayor ha dictado un auto en el que acuerda el archivo "al no existir motivos para la continuación del procedimiento por considerarse que los hechos que han dado lugar al presente procedimiento no han quedado debidamente acreditados y ello pese al extraordinario trabajo de la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Sevilla", precisa el auto de dos folios, al que ha tenido acceso este periódico.

IU ha presentado un recurso contra el archivo en el que considera que el auto no está motivado "ni de forma mínima" y que el archivo es "precipitado, cerrándolo en falso" una investigación que, según esta formación política, "se ha debido agotar más". "Entendemos que la instrucción se ha debido agotar aún más, antes de adoptar la decisión de archivo que se ha tomado, ya que, en la causa existen elementos indiciarios suficientes para seguir investigando", añade el recurso.

Los denunciantes señalan que en el informe de la Guardia Civil se recoge que "podrían haberse producido algunas irregularidades en la oficina de Correos de Albaida del Aljarafe en la solicitud del voto por correo de al menos" dos personas, "pues ambos han manifestado que no han tramitado personalmente la documentación necesaria para ello". Y olvida manifestar, indica el recurso, que "existe una solicitud sin firmar y sin embargo la persona que hipotéticamente aparece en la misma pudo votar por correo".

Además, los denunciantes indican que "si se observan en profundidad las solicitudes de voto por correo se puede ver, que todas ellas fueron redactadas por 3 o 4 personas, ya que, las letras que constan en muchos ellas tienen similitud o identidad, como por ejemplo, en todas las que figure la Z que tiene un palito horizontal en la parte media del trazo oblicuo. Y las A, N, B, y otras, tienen evidentes similitudes o identidades". Y, más aún, que revisada la documentación de autos ha podido apreciar que hay otra solicitud de una señora que "posiblemente no puede firmar ya que es o ciega o casi invidente, por lo que, se cree, que alguien le puedo redactar y firmar la solicitud y se la gestionó. Y, todavía más, que en muchas solicitudes aparece al final del documento una X en el lugar donde de la mención firma", algo que concretamente ocurre en 55 personas.

Todo ello, concluyen, debe "conducir a pensar que alguien ha redactado las solicitudes y luego podían haberse firmado por sus titulares u otras personas, extremos todos ellos que habrá de investigarse". El recurso pide que se reabra la investigación y se practiquen una serie de diligencias, entre ellas declaraciones de testigos y de investigados, entre los que figura el alcalde de Albaida, José Antonio Gelo (PSOE).