Carpetazo judicial al caso de la agresión con un palo que suspendió el derbi de Copa en el Villamarín

Carpetazo judicial a la investigación por el palo lanzado al futbolista del Sevilla Joan Jordán durante el derbi celebrado en enero pasado en el estadio Benito Villamarín. Un juzgado de Instrucción de Sevilla ha archivado la causa que se abrió tras los incidentes que tuvieron lugar durante la disputa del clásico sevillano y que obligó incluso a suspender el encuentro la noche del 15 de enero. Según fuentes judiciales consultadas por este periódico, el sobreseimiento de la causa se ha debido a que “no se ha podido identificar” a través de las imágenes aportadas por la Policía al autor del lanzamiento del objeto al campo y todo ello a pesar de que fue detenido un joven como presunto autor de los hechos.

Las mismas fuentes han explicado que el auto de archivo dictado por el juzgado se produce, por tanto, ante el desconocimiento del presunto autor de los hechos, en una decisión judicial que no ha sido recurrida por nadie.

Tras el derbi, la Brigada de Información de la Policía Nacional en Sevilla, que se encarga del control y vigilancia de los grupos ultras de la ciudad, detuvo a un joven de 29 años, al que inicialmente se le imputaban por parte de la Policía delitos de desórdenes públicos –por haber alterado el desarrollo de un espectáculo como era el encuentro que disputaron el Betis y el Sevilla– y también de lesiones, ya que en principio el parte médico aportado por el club sevillista señalaba que el jugador había sufrido un traumatismo craneoencefálico.

El palo que fue arrojado al césped del Benito Villamarín era el mástil roto de una bandera, de plástico, que fue lanzada desde la grada del Gol Sur en la que se ubican los hinchas más radicales del Betis.

La Policía analizó desde el primer momento en que tuvo lugar la agresión las cámaras de la unidad central operativa del estadio, que sirvieron para identificar y localizar al aficionado que arrojó el palo al campo. Sin embargo, ese reconocimiento policial del presunto autor no ha sido suficiente para identificarlo en la causa judicial como el responsable los hechos, lo que ha determinado la decisión del juzgado de sobreseer provisionalmente la investigación.

La detención del sospechoso se produjo apenas 48 horas después del incidente, en la tarde del lunes 17 de enero, y tras ser conducido a las dependencias policiales de la Jefatura Superior de Blas Infante, se acogió a su derecho constitucional a no declarar. Ni siquiera fue puesto en ese momento a disposición de la autoridad judicial, puesto que la propia Policía acordó dejarlo en libertad con cargos. El arrestado, que es vecino de Parque Alcosa, tenía varios antecedentes por malos tratos, lesiones y robos con fuerza, y de hecho resulta curioso que uno de sus arrestos anteriores se debió a un robo cometido en una peña bética de su misma barriada, hecho que se remontan a diciembre del año 2010.

El joven fue propuesto asimismo para una sanción en la vía administrativa por una infracción a la Ley del Deporte. Como se trataba de una acción que había impedido el normal desarrollo del partido de octavos de final de la copa del Rey, lo ocurrido podría ser calificado como una infracción muy grave a la ley que regula la violencia y el racismo en el deporte. En ese caso, las multas oscilan entre los 60.000 y 650.000 euros. En el caso de catalogarse como graves, la multas pueden ir de los 3.000 a los 60.000 euros, y en el caso de que se considerase como hechos leves, la sanción oscilaría entre los 150 y los 3.000 euros.

En cualquier caso, el incidente provocó un claro perjuicio al Betis, dado que el juez de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) castigó al Betis con el cierre de dos partidos del Benito Villamarín.

Competición consideró probado, “a la vista de los hechos contemplados constatados en el presente expediente”, que las medidas tomadas por el Real Betis para la prevención de incidentes de público “se han mostrado insuficientes”.

En septiembre pasado, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) estimó el recurso del club verdiblanco y acordó que el estadio no sería clausurado ni de forma parcial ni total y que el Betis, según la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia del Deporte, tendría sólo que pagar 36.000 euros de multa.