La Cámara de Cuentas no detectó menoscabo de fondos públicos en los contratos y salarios de Invercaria

La Cámara de Cuentas no detectó menoscabo de fondos públicos en los contratos y salarios de Invercaria, aunque sí les llamó la atención los salarios de cinco trabajadores de la sociedad pública de capital riesgo. Así lo han expuesto dos peritos que han comparecido en la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, que está celebrando el tercer juicio de esta macrocausa contra cuatro ex directivos de la sociedad pública andaluza de capital riesgo en relación con los salarios y préstamos recibidos.

Las dos peritos, Amelia Martínez Sánchez -actual interventora general de la Junta- y María José González, que era ayudante en la Cámara de Cuentas, han informado al tribunal sobre el informe de fiscalización de Invercaria del ejercicio 2009, y en este sentido han coincidido en señalar que no apreciaron responsabilidad contable, ni por tanto menoscabo de fondos públicos, en relación con las contrataciones y salarios de Invercaria, aunque sí han destacado que las contrataciones incumplían lo establecido en el artículo 77 de la Ley 9/2007 de 22 de diciembre, de Administración de la Junta de Andalucía, relativo al personal de las sociedades mercantiles del sector público andaluz, según el cual, las contrataciones debían respetar los principios constitucionales de acceso al empleo público: igualdad, mérito y capacidad.

La actual interventora general de la Junta ha reconocido que le "llamó la atención" el hecho de cinco trabajadores concentraran una buena parte de la masa salarial de Invercaria. En concreto, el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas señalaba que el "32% de las retribuciones totales, que ascienden a 464.203,96 euros, corresponden a las retribuciones brutas anuales de cinco trabajadores, que suponen un 41,74% del importe de la subvención de explotación recibida en 2010 de la Agencia IDEA para cubrir los gastos de explotación del 2009". Los gastos de personal de Invercaria, que tenía una plantilla de 30 trabajadores, ascendían a 1.850.000 euros.

No obstante, descartan que haya responsabilidad contable ni menoscabo de fondos públicos en estos casos porque los trabajadores "estaban prestando servicio a la administración pública", incluso en el caso de los tres trabajadores que estaban en la nómina de Invercaria pero prestaban su servicio en el Observatorio de Innovación de la Consejería, caso en el que tampoco se podrían emprender acciones para recuperar los salarios porque estaban desempeñando sus servicios y si se actuara habría un "enriquecimiento injusto" por parte de la Administración.

Según las peritos, en la misma situación se está en el caso de los incrementos salariales por encima del 2% que fijaba la ley de presupuestos para los empleados públicos, en el que en todo caso habría que acudir a un procedimiento administrativo para declarar su nulidad.

El informe de la Cámara de Cuentas recogía que "al no tener convenio colectivo propio", la empresa se rige en sus relaciones laborales por el Estatuto de los Trabajadores y en ocasiones puntuales, por el Convenio colectivo para el personal de la Agencia IDEA.

La Fiscalía Anticorrupción relata en su escrito de conclusiones provisionales que entre los ejercicios de 2006 a 2010 Invercaria no respetó los límites que las sucesivas leyes de Presupuestos establecían para los incrementos salariales que podían tener los empleados de Invercaria, en cuanto eran empleados del sector público andaluz, "superándose con creces en todos esos ejercicios los límites que marcaban las respectivas leyes".

El fiscal señala que Pérez-Sauquillo, que tenía un salario de 108.182 euros en su contrato de alta dirección, "decidió enriquecerse a costa del patrimonio" de la sociedad y con "manifiesto abuso de las funciones que le correspondían", por lo que se incrementó de manera "notable e injusta" su sueldo, "con completo desprecio por los límites" de las leyes de Presupuesto y "sin más fundamento que el de enriquecerse de manera injusta a costa del patrimonio de dicha entidad pública". Así, cobró 142.552,44 euros en el año 2007; 152.006,37 euros en 2008 y 140.472,48 euros en 2009 "sin ningún motivo objetivo que justificase esos incrementos salariales" y a pesar de que las leyes de presupuestos sólo permitían una subida salarial del 2% para los empleados del sector público. Según el fiscal, las cantidades máximas que debió cobrar esos años ascendían a 112.552,55 euros; 114.803,60 euros y 117.450,98 euros.

El informe de los inspectores de Trabajo

En la sexta sesión del juicio, celebrada este lunes, también han comparecido dos inspectores de Trabajo y Seguridad Social que elaboraron un informe pericial a instancias del juzgado que investigó el caso y que han concluido que los finiquitos de varios de los acusados se hicieron para condonar los préstamos, una conclusión a la que habían llegado previamente los policías que investigaron el caso y con los que ambos peritos se reunieron antes de iniciar su labor.

Los peritos han señalado, a preguntas de la Fiscalía, que "no encuentran justificada" la inclusión de horas extraordinarias o complementos de destino en los finiquitos de los ex directores de Promoción Juan María González y Cristóbal Cantos. Sobre las horas extra, han dicho que en los documentos que obran en el sumario no se acreditaba cuántas horas se habían pagado y la normativa exige un "registro diario" de dichas horas.

A juicio de los inspectores, las nominas se hicieron para "compensar lo que quedaba pendiente" de los préstamos. Sobre Juan María González, que inicialmente trabajaba en el Observatorio de Innovación de la Consejería aunque era Invercaria la que pagaba su salario, han indicado que éste "materialmente no trabajó para Invercaria y todas las prestaciones abonadas por Invercaria no tenían justificación legal", por cuanto su "empleador material" era el Observatorio de la Consejería de Innovación, que eran quien debía "dirigir y supervisar" su labor.

Las defensas han cuestionado a los peritos sobre la decisión del Tribunal de Cuentas que no apreció responsabilidad contable en la contratación de los empleados de Invercaria, los inspectores han dicho que les sorprendió la decisión.