La ventana
Luis Carlos Peris
Recuerdos de un agosto memorable
Macrocausa de Isofotón
Una declaración que puede dar un giro a la investigación de la macrocausa de los avales concedidos por más de 80 millones a Isofotón. El ex director de la agencia IDEA Antonio Valverde ha revelado este miércoles en su declaración como investigado ante la juez de Instrucción número 3 de Sevilla que la Cámara de Cuentas de Andalucía analizó pormenorizadamente los avales concedidos a la empresa malagueña y concluyó que no se apreciaban "defectos formales ni de contenido".
Así lo ha explicado el ex director de IDEA Antonio Valverde, cuya defensa, que ejerce el penalista Francisco Baena Bocanegra, ha anunciado que incorporará a la causa el informe de la Cámara de Cuentas realizado en noviembre de 2015 sobre la "Fiscalización de los recursos y aplicaciones de fondos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)" referido al ejercicio del año 2012.
En ese informe, según ha expuesto Antonio Valverde en su declaración ante la juez Patricia Fernández, se indica que precisamente los expedientes de los avales a Isofotón formaban parte de la "muestra seleccionada" por el órgano fiscalizador para la realización de ese informe de 2012.
Las incidencias detectadas en la muestra de avales se recogen en el anexo 3.3 del informe de la Cámara de Cuentas mencionado, donde se recoge expresamente que los tres avales concedidos a Isofotón en los años 2010 y 2011 por importes de cinco, 12 y 12 millones aparecen "sin defectos formales" y "sin defectos de contenido". Sí aprecia, no obstante, el órgano fiscalizador que en los expedientes "no constan informes de seguimiento de los planes de salvamento o reestructuración y/o del correcto uso y destino de las ayudas ni información suficiente facilitada por la empresa beneficiaria".
El ex director de IDEA Antonio Valverde ha añadido que el gabinete jurídico de la Junta emitió, como parte de los trabajos para ese informe de fiscalización, el dictamen D044/2014, de 30 de diciembre de 2014, que establece la consideración de los avales como "operaciones financieras", por lo que la concesión de avales "en modo alguno es equivalente a la concesión de una subvención" y de ahí que no se les puede aplicar la normativa de subvenciones, han explicado a este periódico fuentes del caso.
También señala ese informe del gabinete jurídico, según ha añadido Valverde, la posibilidad de aplicar de forma supletoria la ley de subvenciones para la recuperación de los fondos en los casos en los que se produzcan impagos e incumplimiento del plan para el que se otorgó el aval, por lo que Francisco Baena Bocanegra ha asegurado que también incorporará dicho informe a la investigación judicial.
La juez también ha tomado declaración este miércoles al ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, quien ha rechazado que la Junta realizara un compromiso previo de conceder una ayuda a la empresa malagueña. El ex director financiero de producción de Isofotón Óscar López García había asegurado a la instructora que la Junta de Andalucía se había comprometido a conceder ayudas por importe de 35 millones antes de la compra realizada por el grupo Affirma, propiedad de los hermanos Ángel Luis y Diego Serrano, que adquirió en 2010 el 80% de Isofotón y el 20% restante la surcoreana Top Tec, por un “precio simbólico de un euro”.
Rodríguez Román ha afirmado que está seguro de que no existió tal compromiso y ha añadido asimismo que los avales contaron con todos los informes favorables de los servicios técnicos y de la dirección general de la agencia IDEA.
Varias defensas de los investigados han señalado que tras estas declaraciones se ha producido un "giro copernicano" en la instrucción y la macrocausa está "absolutamente desinflada", puesto que la causa está repleta de "informes jurídicos y técnicos que justifican la legalidad de las ayudas", han señalado varios letrados defensores.
En la sesión de hoy también estaba citado a declarar el ex director de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar, quien se ha acogido a su derecho a no declarar puesto que sus abogados, Manuel Pérez Cuajares y Miguel Delgado Durán, acaban de incorporarse al proceso y no están suficientemente instruidos sobre los más de 26.000 folios de que constan ya estas actuaciones, si bien la defensa del ex alto cargo ha anunciado que en breve solicitará declarar de manera voluntaria.
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