Bolaños reabre la causa por las ayudas a 36 ex trabajadores del Grupo Joly

La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha reabierto la investigación por las ayudas concedidas a 36 ex trabajadores del Grupo Joly y ha citado a declarar como investigado el próximo 9 de julio al presidente de la Asociación de Trabajadores de la Prensa de Cádiz, Juan Romero Huertas.

En el auto, la magistrada deja claro que no se investiga la extinción de los contratos de los trabajadores por parte del Grupo Joly, que pagó más de un millón de euros por este concepto, sino los pagos posteriores de la prejubilación de los ex empleados del Grupo por parte de la Junta de Andalucía.

La instructora accede a la petición realizada por la Fiscalía –que se había opuesto al archivo provisional de la causa mientras la Guardia Civil elabora el correspondiente atestado–, a la vista de que el juzgado ha recibido de la Junta el expediente completo de la ayuda y del informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) relativo a la misma.

La juez señala que en este caso se investiga “la ayuda concedida a la Asociación de Trabajadores de la Prensa de Cádiz” para el pago de un “seguro de prejubilación de 36 ex trabajadores del Grupo Joly afectados por los ERE número 55/2004 al 60/2004”.

Es decir, la juez precisa que la ayuda fue dirigida a los trabajadores, lo que concuerda con el reciente planteamiento de la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía en cuanto a que los beneficiarios de los ERE son los trabajadores y no las empresas.

Dice la instructora que con fecha 26 de octubre de 2005 el Grupo Joly solicitó a la delegación provincial de Empleo en Cádiz el ERE por “causas organizativas y productivas”. Los expedientes fueron aprobados con fecha 19 de noviembre de 2004 y la empresa firmó, el 26 de octubre de 2004, un plan social con los representantes de los trabajadores.

Ese mismo día, precisa la magistrada, la dirección general de Trabajo y Seguridad Social y la Asociación de Trabajadores de la Prensa de Cádiz suscribieron un protocolo por el que dicho organismo “se comprometía a pagar la póliza de seguro de prejubilación de los 36 afectados”.

La instructora también señala en el auto que, tras el decreto-ley 4/2012, de 16 de octubre, de regularización de las ayudas de los ERE, la póliza de estos 36 ex trabajadores “ha seguido siendo financiada por la Junta en 2012, y posteriores, según los compromisos adquiridos, con los límites y requisitos establecidos en el mismo”.

El propio informe de la IGAE reconoce hasta en tres ocasiones que las ayudas a los ex trabajadores del grupo Joly fueron incluidas en el decreto 4/2012, por lo que la legalidad de las ayudas ahora investigadas ha sido avalada por la propia Junta de Andalucía.

La póliza fue contratada con la mediadora Ingotor, a la que la juez cita en este procedimiento como responsable civil subsidiario.