La juez Bolaños impone una fianza de medio millón de euros al ex ministro Bernat Soria

La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha impuesto una fianza de 520.000 euros al ex ministro de Sanidad Bernat Soria por un delito de frustración de la ejecución -alzamiento de bienes- por haberse desprendido supuestamente de su patrimonio para no pagar una deuda de 400.000 euros de su empresa Newbiotechnic -pionera de la biotecnología en Andalucía y que en su día estuvo en un concurso de acreedores-, y a cuyo pago fue condenado en una sentencia dictada el 31 de mayo de 2021.

La magistrada María Núñez Bolaños ha dictado un auto en el que acuerda la apertura de juicio oral contra el ministro y sus dos hijas, por haber realizado presuntamente una "despatrimonialización fraudulenta" que ha hecho imposible el cobro de dicha deuda, según determinó la instructora en el auto de procesamiento.

Ahora, en un nuevo auto, dictado con fecha 14 de febrero, la juez ha requerido a Bernat Soria y a sus dos hijas para que en el plazo de un día presten fianza por importe de 520.000 euros para "asegurar las responsabilidades pecuniarias" que pudieran imponérseles a los tres acusados, todo ello con apercibimiento de que en caso de no prestar dicha fianza se les "embargarán los bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada", recoge la resolución.

El auto de apertura de juicio oral se ha producido después de que la Fiscalía de Sevilla y la acusación particular que ejerce un empresario hayan pedido una condena de hasta tres años de cárcel para el ex ministro, multas de hasta 15.000 euros y una indemnización por el importe de 520.000 euros.

La Fiscalía de Sevilla recoge en su escrito conclusiones provisionales, al que tuvo acceso este periódico, que el origen del caso se remonta al 19 de julio de 2016 cuando el ex ministro Bernat Soria firmó como garante a primer requerimiento de un préstamo que la empresa Bula Investment Company S. L. concedió a Newbiotechnic por valor de 400.000 euros.

El 19 de febrero de 2018, la sociedad Vegetal Green adquirió el crédito por importe de 520.000 euros y se subrogó en la posición de Bula Investmen Company, respondiendo como garante a primer requerimiento, entre otros, el propio Bernat Soria, al que le fue requerido el pago del préstamo con fecha 29 de agosto de 2019.

Donación de bienes a sus hijas para "entorpecer" el pago de la deuda

La Fiscalía añade que el 4 de septiembre de 2019 Bernat Soria, "de común acuerdo" con su hijas y con la "intención de impedir el pago de la deuda contraída con Vegetal Green donó a sus hijas, mediante escritura pública", un inmueble en Sevilla valorado en 500.000 euros; un inmueble y un garaje en Alicante valorados en otros 200.000 euros y el 50% de la vivienda familiar ubicada en Playa de San Juan, valorado en un millón de ueros, "entorpeciendo de esta manera la efectividad del pago al no disponer de otros bienes con los que hacer frente a las deudas previamente contraídas".

El Ministerio Público concluye que los hechos son constitutivos de un delito de alzamiento de bienes, del que considera autor al ex ministro y cooperadoras necesarias a sus dos hijas, y reclama una condena para los tres acusados de dos años y seis meses de prisión y el pago de una multa de 18 meses a una cuota diaria de 25 euros -13.500 euros en total-.

Además, reclama que se declare la "nulidad de las donaciones" de los inmuebles y, subsidiariamente, en caso de que la nulidad no sea posible, que indemnicen con 520.000 euros a Vegetal Green.

Una "tradición en su pueblo"

En su declaración en la fase de instrucción, el ex ministro aseguró que es una "tradición en su pueblo" donar los bienes a los hijos cuando llega la edad de jubilación, un argumento con el que pretendió rechazar la acusación por alzamiento de bienes, al tiempo que negó que fuese "insolvente".

El ex ministro afirmó que es "una tradición" de su pueblo, Carlet (Valencia), hacer la donación de los bienes a los hijos cuando se alcanza la edad de jubilación. Soria añadió que cuando se realizó la donación, en el año 2019, era "solvente", y cuando la juez le preguntó por la deuda de 400.000 euros, indicó que dicha deuda "no existe", porque la compró su empresa, y añadió que la sentencia en la que se le condena al pago de esta cantidad está "recurrida en apelación" ante la Audiencia de Sevilla, por lo que no es firme.