El Ayuntamiento de Sevilla pide a la juez que no ejecute la sentencia de los 44 policías locales afectados por las oposiciones

Un "coste económico desproporcionado" y un "grave perjuicio" para la Seguridad Ciudadana por el cese de los funcionarios. Estos son los dos principales argumentos que el Ayuntamiento de Sevilla ha alegado, siguiendo el planteamiento de una de las defensas, para plantear al juzgado que es imposible ejecutar la sentencia que ordenó repetir las oposiciones a 44 agentes afectados por el caso de la "filtración" de la oposiciones de la Policía Local del año 2012, de la que fueron absueltos.

En un auténtico giro inesperado de los acontecimientos, el Ayuntamiento de Sevilla ha pasado de informar al juzgado de que los 44 agentes serían cesados a lo largo de este mes y que el examen de la prueba práctica se realizaría el próximo 30 de septiembre, a informar a la juez de que ya no es posible la ejecución de la sentencia por esos graves inconvenientes que acarrea el cese de los agentes y la ejecución del fallo.

El nuevo planteamiento del Ayuntamiento se produce después de que la defensa de once de los agentes planteara un último intento para frenar la ejecución de la sentencia, alegando que el cese de estos funcionarios supondría un coste para las arcas municipales de unos seis millones de euros y proponía como alternativa que se hiciera una "reserva de notas" para el denunciante en las próximas oposiciones o que se acordara una indemnización para el mismo.

Esa petición de la defensa fue rechazada por la juez, al presentar el Ayuntamiento una resolución por la que iniciaba la ejecución de la sentencia -lo que implicaba el cese de los agentes-, pero en las últimas semanas esta defensa ha vuelto a presentar en el juzgado de lo Contencioso-administrativo numero 7 de Sevilla otros cuatro incidentes de inejecución del fallo, mientras que el denunciante de las oposiciones presentó un escrito rechazando los términos en los que el Consistorio había planteado la ejecución del fallo y solicitando que se declarara nula la resolución por la que se convocaba el examen para el próximo 30 de septiembre para que se realizara la ejecución conforme al dictado de la sentencia y evitar futuras impugnaciones.

De la misma forma, el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme), que representa otros 33 agentes afectados por estas oposiciones, se ha adherido a la suspensión del examen solicitado por el denunciante de las oposiciones y también se va a adherir a la petición de inejecución planteada por la Ayuntamiento.

Todo ello ha provocado que el director general de Recursos Humanos del Ayuntamiento, Fernando Díaz Orta, haya presentado con fecha del pasado 7 de septiembre un escrito en el juzgado en el que pone de manifiesto la imposibilidad de ejecución de la sentencia y señala que la ejecución de la misma supondría para el Ayuntamiento un "coste económico y esfuerzo absolutamente desproporcionado" en relación al beneficio que el denunciante puede obtener con la ejecución, además de afectar a la "seguridad ciudadana", al tiempo que destaca la "complejidad de los actos administrativos dictados durante la dilación del proceso referido y la situación previsible de los/las Agentes afectados/as por la sentencia en términos económicos, familiares y de empleo".

El escrito del director general de Recursos Humanos, al que ha tenido acceso este periódico, hace hincapié en los más de diez años que han transcurrido desde que se llevaron a cabo las oposiciones, por lo que solicita a la juez que considere la "imposibilidad material" de ejecución de la sentencia, por los perjuicios que la misma plantea.

En primer lugar, el responsable municipal alerta, coincidiendo con el escrito presentado en su día por la defensa de los once agentes, el "grave perjuicio a la Seguridad Ciudadana y al interés público por la pérdida de 44 funcionarios/as de Policía Local en servicio activo con la consiguiente merma de al Seguridad Pública, dificultando el poder cubrir con el mínimo rigor y de seguridad las laborales encomendadas al cuerpo referido, así como las necesidades policiales de determinados eventos de especial raigambre en el ciudad de Sevilla (Navidad, Fiestas Primaverales, entre otros)".

Todo ello, prosigue, habida cuenta la disminución de la plantilla municipal de Policía Local "en casi medio centenar de Agentes, plantilla mermada en número por motivos de diversa índole, principalmente las actuales y futuras situaciones de jubilaciones que se producen y se producirán en la plantilla de Policía Local, situaciones de incapacidad temporal, situaciones de segunda actividad, sumado a ello, la falta de efectivos de Policía Nacional en el ciudad de Sevilla, en tiempos donde los índices de criminalidad e inseguridad se incrementa de forma constante".

En segundo lugar, el Ayuntamiento se refiere al "coste económico para la Administración y, por ende, a la colectividad por el esfuerzo absolutamente desproporcionado en relación al beneficio que hubiera obtenido el único recurrente de la ejecución". Y en relación con este extremo, señala la "complejidad de actos administrativos dictados (permutas y ascensos)" -los agentes que han ascendido a oficial o han permutado su plaza con agentes de otras provincias-, "al margen del proceso selectivo referido, durante el transcurso del tiempo, no ajeno a al consolidación de al situación (dilación de más de diez años)".

Graves perjuicios familiares a los agentes una década después

El responsable de Recursos Humanos cita asimismo las repercusiones del cese como funcionarios de carrera de los Policías Locales afectados, que supondría, "una vez transcurridos más de diez años desde el nombramiento de los mismos, graves perjuicios económicos y familiares para todos/as los/las Agentes que obtuvieron plaza en el procedimiento (cargas familiares, préstamos hipotecarios, préstamos personales, etc). Así como la dificultad de los mismos de reincorporarse al mercado de trabajo".

Por todo ello, desde la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sevilla propone a la juez la inejecutabilidad "dado el tiempo transcurrido, los perjuicios desproporcionados, la salvaguarda de interés público, la protección de terceros de buena fe y la seguridad pública", concluye el documento.

Ahora la juez de lo Contencioso-administrativo número 7 de Sevilla tiene que resolver sobre la inejecución planteada y decidir cuál es la posible alternativa que se plantea en este caso, como una indemnización para el denunciante de las oposiciones.

Al inicio del escrito, el director de Recursos Humanos, Fernando Díaz Orta, se refiere precisamente al cambio de gobierno municipal que se produjo tras las pasada elecciones municipales y, en este sentido, afirma que "siendo esta nueva Corporación Local muy sensible a las circunstancias y procesos que han tenido lugar durante el tiempo transcurrido (más de diez año desde el acto de nombramiento como funcionarios/as de carrera, en 2013 y al fecha inicial de ejecución de al Sentencia, en 2023) que hacen bastantes compleja y problemática la ejecución material de la Sentencia referida".

Como anécdota, el escrito está firmado de puño y letra por el propio director de Recursos Humanos y no se ha presentado digitalmente, debido al ciberataque que sufrió el Ayuntamiento de Sevilla la semana pasada y que mantiene bloqueado los servicios telemáticos y los sistemas informáticos.