El Ayuntamiento cesará en septiembre a los 44 policías locales afectados por la "filtración" de las oposiciones

Filtración de las oposiciones de la Policía Local

El Ayuntamiento informa a la juez de que de esta forma se causaría "el menor daño posible" al servicio de la Policía Local y también a los afectados que participaron "de buena fe" ajenos a la filtración

Un grupo de 33 policías afectados por las oposiciones plantea que se indemnice al denunciante para no ser cesados

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, con policías locales. / M. G.

Ya hay fecha para el cese de los 44 policías locales afectados por la "filtración" de la oposiciones de la Policía Local del año 2012. El Ayuntamiento de Sevilla ha informado a la juez de lo Contencioso-administrativo encargada de ejecutar la sentencia que cesará a los agentes en el mes de septiembre, fecha en la que según asegura podría repetirse además el examen práctico de las oposiciones al que tienen derecho a presentarse unos 250 aspirantes.

En el informe remitido al juzgado de lo Contencioso-administrativo número 7 de Sevilla por el jefe de servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento, al que ha tenido acceso este periódico, se justifica el retraso del cese de los agentes hasta después del verano para causar el menor "daño posible" al servicio de la Policía Local.

En concreto, el dictamen señala lo siguiente al respecto: "Con la intención de causar el menor daño posible a la prestación de sus servicios por parte del cuerpo de la Policía Local de Sevilla, y también a los afectados por la sentencia 51/20 que participaron de buena fe y que, en principio, fueran ajenos a las filtraciones que se hubieron producido, desde el servicio de Recursos Humanos entendemos que podría demorarse también hasta el mes de septiembre, antes en todo caso de la repetición del examen, el cese efectivo de la relación de servicios que une con el Ayuntamiento de Sevilla a los policías cuyo nombramiento ha sido judicialmente anulado".

El Consistorio reconoce que la ejecución de esta sentencia es "más compleja y prolija que la de otras resoluciones jurisdiccionales, tanto por la naturaleza de los actos administrativos parcialmente anulados, como por el tiempo (más de diez años) transcurrido desde que se dictaron". A esto añade la "incidencia directa" que en la ejecución de la sentencia han tenido las elecciones municipales del 28-M, dice el informe municipal, que explica que el cambio de gobierno con la llegada del nuevo alcalde popular, José Luis Sanz, "ha afectado a los órganos competentes para la ejecución de la sentencia".

En cualquier caso, recuerda el Ayuntamiento que hay dos informes -uno de Recursos Humanos y otro del letrado-jefe de la Asesoría jurídica municipal- que presentan un "alto grado de coincidencia" en lo que respecta a la ejecución de la sentencia, y recuerda que el 29 de junio pasado, el delegado de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Recursos Humanos dictó una resolución para "excluir a 18 policías afectados" por la sentencia del proceso para la provisión de 17 plazas de "oficial" de la Policía Local, una exclusión que se fundamenta "no sólo en la ejecución directa de la referida sentencia, sino también en la necesidad de impedir que se pueda dificultar la posterior ejecución completa de esta última".

El informe del Ayuntamiento subraya que el aspecto "nuclear" de la ejecución de la sentencia es "sin lugar a dudas, la repetición del ejercicio práctico de las oposiciones en condiciones de igualdad y con respeto estricto a los principios de mérito y capacidad", y añade que es precisamente en la repetición del examen en lo que se está trabajando actualmente en el servicio de Recursos Humanos, para lo cual hay que nombrar un nuevo tribunal calificador no sólo por cuestiones de oportunidad, sino también de necesidad, ya que "buena parte de los integrantes del tribunal original ya no tienen la condición de funcionarios de carrera", algunos incluso se han jubilado ya.

En segundo lugar, precisa, hay que buscar una sede adecuada para la realización del examen teniendo en cuenta que podrían concurrir hasta 250 aspirantes y, eventualmente, tramitar el contrato administrativo necesario para su utilización, además de notificar individualmente a cada uno de ellos.

Estas consideraciones, unido al periodo estival en el que no encontramos, llevan al Ayuntamiento a estimar que "la repetición del caso práctico podría llevarse a cabo a finales del próximo mes de septiembre".

La juez requiere al Ayuntamiento para que "siga efectuando gestiones" para ejecutar el fallo

Tras el informe remitido por el Ayuntamiento, la juez de lo Contencioso-administrativo número 7 de Sevilla, Nuria Marín, ha dictado una providencia en la que reconoce que el Ayuntamiento hispalense ha iniciado las actuaciones para el "cumplimiento de la sentencia" y, en este sentido, requiere al Consistorio para que "siga efectuando gestiones con el mismo fin de cumplimiento, debiendo informar a este juzgado del resultado de las mismas".

Antes de que se produjeran estas últimas actuaciones, un grupo de 33 policías locales de Sevilla afectados por la sentencia que obliga a repetir el caso práctico de las oposiciones del año 2012 han presentado un "incidente de ejecución" en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7, en el que plantean la imposibilidad material de ejecutar la sentencia con el cese de todos estos agentes y que se indemnice al denunciante por parte del Ayuntamiento, dado que el cese de los funcionarios once años después de que lograran sus plazas supone "una brecha para la seguridad en la ciudad" y además acarrearía la "muerte civil" desde el punto de vista económico y familiar.

Según han confirmado a este periódico fuentes judiciales, la defensa de estos 33 agentes, representados por el sindicato mayoritario de la Policía Local, ha reiterado el incidente de ejecución que planteó antes de que se cumpliera el plazo voluntario para la ejecución de la sentencia por parte del Ayuntamiento de Sevilla y la juez de lo Contencioso-administrativo número 7 no se ha pronunciado sobre la misma, a la espera de recibir el informe del Consistorio sobre por qué no se ha ejecutado todavía el fallo.

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