La Audiencia suspende el juicio al "chófer de la coca" por la renuncia de un letrado

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha suspendido el juicio por las ayudas concedidas al "chófer de la coca", que debía comenzar el próximo lunes, tras la renuncia del abogado y del procurador que representa a la empresa Travol 2007 -la antigua mediadora Vitalia-, que había sido acusada por la Junta de Andalucía como responsable civil a título lucrativo.

Para este juicio se habían fijado en principio siete sesiones para los días 5, 9, 14, 15, 16, 23 y 30 deseptiembre, pero tras la renuncia del abogado y del procurador, el tribunal ha decidido suspender la vista oral, según consta en una providencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia y de la que ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En la providencia, la Sala recuerda que la renuncia de estos profesionales "constituye una circunstancia sobrevenida que impide la celebración del juicio hasta tanto no sean designados nuevos profesionales que asuman la representación y defensa de dicha mercantil".

En esta causa hay tres acusados, dado que además de Juan Francisco Trujillo, el que fuera chófer del ex director de Trabajo Javier Gauerrero, están procesados el directivo de Vitalia Antonio Albarracín Muñoz – al que se impuso una fianza de 158.000 euros- e Isidoro Ruz Espigares, socio de una de las empresas del chófer y cuya fianza asciende a 585.000 euros, mientras que la esposa del conductor de Guerrero, Juana Gallego, debe hacer frente a una fianza de 77.000 euros como beneficiaria "a título lucrativo” de las ayudas que recibió su marido.

La Fiscalía Anticorrupción reclama para el chófer una condena de 14 años de prisión y 30 años de inhabilitación por delitos continuados de falsedad, prevaricación y malversación de caudales públicos, mientras que solicita una condena de seis años de prisión y diez de inhabilitación para el ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín Muñoz, y seis años y tres meses de prisión y 17 años de inhabilitación para Isidoro Ruz Espigares, socio de una de las empresas del chófer.

El Ministerio Público reclama asimismo que Trujillo indemnice a la Junta con 900.000 euros; mientras que Trujillo e Isidoro Ruz deberán abonar otros 450.000 euros de otra ayuda. Por último, los acusados Trujillo y el ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín deberán abonar otros 125.028,01 euros de la póliza que suscribieron a nombre de la madre del chófer. El fiscal pidió además que la esposa de Trujillo, Juana Gallego, responda de la cantidad de 24.000 euros como responsable "a título lucrativo" de parte de las ayudas que recibió su marido.

En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía Anticorrupción relata que el ex director de trabajo y su chófer "idearon inicialmente la constitución de sociedades mercantiles para poder disponer para ellos de parte de los fondos públicos que tenía a su disposición la Dirección General de Trabajo con cargo a la partida 31L”, conocida como el fondo de reptiles, y esas sociedades –Lógica Estratégica Empresarial e Iniciativas Turísticas Sierra Morena- recibieron cantidades "para financiar falsos proyectos de inversión".