La Audiencia fija otro juicio de los ERE para julio de 2023 y mantiene a los ex altos cargos excluidos

El señalamiento del juicio de otra pieza de los ERE que corrobora el monumental atraso de la Audiencia de Sevilla por las macrocausas, que tiene una avalancha de 170 juicios pendientes que no podrán celebrarse antes de una década. La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla acaba de fijar para el día 10 de julio del año 2023, es decir, para dentro de casi dos años, el inicio del juicio contra 15 acusados, entre los que se encuentran cinco ex altos cargos de la Junta de Andalucía acusados de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con otro continuado de malversación de caudales públicos, en relación con las ayudas que por importe de 2.340.137,38 euros recibió la empresa Surcolor-Surcolor Óptica en 2006 y en las que fueron incluidas dos intrusos, uno de los cuales es concuñado del que entonces era delegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.

Este juicio es el séptimo que señala la Audiencia de Sevilla de los ERE, aunque en los últimos tres años sólo se han celebrado dos juicios de esta macrcocausa, el del denominado "procedimiento específico" de los ERE y el de las ayudas a la empresa Acyco, pero de este último ni siquiera se ha dictado aún la sentencia a pesar de que la vista oral acabó en diciembre del año pasado.

En el caso de las ayudas a Surcolor se da la circunstancia, como ocurrió también en el caso de Acyco, que el tribunal ha decidido mantener en el banquillo de los acusados a los ex altos cargos que ya fueron excluidos por la Audiencia en aplicación del principio non bis in ídem, al haber sido juzgados en la pieza política junto a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Los autos de exclusión de los ex altos cargos fueron dictados con posterioridad a la apertura de juicio oral.

El tribunal ha previsto inicialmente la celebración de un total de 35 sesiones entre los meses de julio y noviembre de 2023. La vista oral arrancará con las cuestiones previas los días 10 y 11 de julio, y continuará a partir del 11 de septiembre, estando prevista su finalización con los informes de las partes para el día 27 de noviembre de 2023.

La pieza de Surcolor, aunque fue una de las primeras en ser investigadas y fue incluida en el proyecto piloto cuando se dividió la macrocausa de los ERE por parte de la juez Bolaños, llega a juicio con un importante retraso. De hecho, fue en noviembre de 2016, hace casi cinco años, cuando el entonces juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla Álvaro Martín dictó el auto de apertura de juicio oral, que se dirigía en principio contra 16 acusados -ahora son 15 tras el fallecimiento del ex director de Trabajo Javier Guerrero-.

El proceso se dirige contra el ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, el que fuera ex viceconsejero Agustín Barberá, los ex directores de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y el ex delegado de Empleo Antonio Rivas, así como al ex sindicalista y conseguidor de los ERE Juan Lanzas Fernández. Completan la lista dos representantes de Surcolor, dos directivos de la consultora Vitalia, que gestionó la póliza, un representante sindical de la empresa, un abogado, un testaferro de Lanzas, y los dos intrusos.

La Fiscalía Anticorrupción pide ocho años de prisión para el ex consejero Antonio Fernández por un delito continuado de falsedad en documento oficial, mientras que a Agustín Barberá, el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, el abogado Carlos Leal Bonmati, el conseguidor de los ERE Juan Lanzas y su testaferro les reclama otros ocho años de prisión a cada uno. En el caso de los ex directores de Trabajo, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera se enfrentan a seis años de cárcel a cada uno.

Para los responsables de Vitalia Antonio Albarracín y Jesús María Bordallo solicita ocho años de prisión para el primero y cuatro años para el segundo, mientras que los dos responsables de Surcolor y Surcolor Óptica –Antonio Manuel Bustamante y Manuel Rafael Castilla Bustamante- y un representante sindical se enfrentan cada uno a ocho años de prisión. Para los intrusos Juan Manuel López Espadas y José Antonio Márquez Sánchez, Anticorrupción pide cuatro años de cárcel para cada uno.

En cuanto a las indemnizaciones a la Junta, la Fiscalía pide por ejemplo que Antonio Fernández, Agustín Barberá y Antonio Rivas, solidariamente con otros acusados, abonen 817.393,23 euros.

En el auto de procesamiento, el magistrado explicaba que en el año 2005 Surcolor y Surcolor Óptica tenían 45 trabajadores e iniciaron en marzo de ese año un ERE para la extinción de la totalidad de los puestos de trabajo por causas "económicas y cierre de la actividad", pero el ERE fue archivado al no subsanar los defectos detectados por la delegación provincial de Empleo. La empresa optó entonces por despidos individuales, que tuvieron lugar entre junio de 2006 y abril de 2007, y que afectaron a 24 trabajadores de ambas empresas y para el pago de las indemnizaciones se comprometieron a contratar una póliza de seguro.

Se incluyó a dos intrusos en las pólizas

Pero a pesar de la "ausencia de solicitud formal de ayuda", la Junta tramitó un único expediente para ambas empresas para la concesión de una ayuda sociolaboral a favor de los trabajadores, que sería abonada en un 85% por la Junta y el 15% restante por la empresa. En el ERE se incluyó finalmente a 26 personas, entre ellas dos intrusos, dos personas que "nunca habían trabajado para la empresa y que no formaban parte del listado de personas para las que se proponía la extinción de los puestos de trabajo".

Los dos intrusos eran Juan Manuel López Espada, militante del PSOE y esposo de una concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Camas, y José Antonio Márquez Sánchez, concuñado del delegado Antonio Rivas. Estos intrusos, "prevaliéndose de su relación personal" con Rivas, lograron que le concertaran una cita con el director de Trabajo Javier Guerrero, al cual entregaron la documentación personal para su inclusión. Una vez contratada la póliza, Surcolor dejó de atender el pago de la parte que le correspondía.

En el auto, el magistrado procesó al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, al estimar que comprometió el abono por parte de la Junta de una prima de 2.340.137,38 euros, "conociendo que ello se llevaba a cabo pese a no existir solicitud de concesión, no haberse suscrito protocolo de colaboración con la empresa, no haberse firmado convenio de colaboración con IDEA para la materialización del pago y no haberse comprobado que los trabajadores despedidos lo hubieran sido legalmente". También subraya que Fernández autorizó la contratación de la póliza “a sabiendas” de que iban a ser incluidos dos intrusos, personas "próximas" a Antonio Rivas.

El juez reprocha a Antonio Rivas que no impusiera, "como máxima autoridad laboral obligada a velar por la legalidad, que los despidos que afectan a más de diez trabajadores de una plantilla inferior a 100, como era el caso de Surcolor, se realizase mediante el preceptivo ERE, y además "consiguió" que se concediera la ayuda a los dos intrusos, que percibieron 131.398,30 euros en el caso de Juan Manuel López Espada, y de 60.210,48 euros a su concuñado. "De esta forma, la Junta de Andalucía, además de asumir arbitrariamente a través de la activa participación de Rivas obligaciones que eran de la empresa, asumió también la cobertura de personas ajenas a esa misma empresa por el hecho de ser amparadas por Rivas”.

La intervención del conseguidor Lanzas

En cuanto a la participación de Juan Lanzas, el juez considera que se encargó de conseguir la financiación de la Junta y la intervención de Vitalia y Estudios Jurídicos Villasís, y por la "influencia" que ejerció sobre Guerrero logró que se autorizara la póliza para 26 ex trabajadores, en la que hubo un sobrecoste de 367.000 euros y una comisión del 16,9%. Lanzas, decía el juez, "tuteló" la inclusión de los dos intrusos, pues "al darse cuenta los empresarios de la existencia de los intrusos, Lanzas, de acuerdo con Estudios Jurídicos Villasís y con Antonio Rivas les informó de que se había unido a trabajadores ajenos a Surcolor y Surcolor Óptica conforme a una práctica habitual en este tipo de expedientes".

El juez considera que los dos representantes de Surcolor, Antonio Manuel Bustamante León y Manuel Rafael Castilla Bustamante, presidente y consejero delegado, respectivamente, "se beneficiaron ilícitamente de ayudas por parte de la Junta de Andalucía", para o cual contactaron con el ex sindicalista y conseguidor Juan Lanzas, "el cual se ofreció como interlocutor con la Junta para lograr financiación", mediando con el delegado de Empleo Antonio Rivas, quien “comprometió la ayuda de la Junta".