La Audiencia de Sevilla fija el tercer juicio de los ERE para septiembre de 2023

Una nueva prueba del colapso de la Audiencia de Sevilla por las macrocausas. La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha fijado para septiembre del año 2023, es decir, para dentro de más de dos años, el inicio del tercer juicio del caso de los ERE, en la que se investigan las ayudas que por importe de casi 400.000 euros recibió la empresa Electronic Devices Manufacturer (EDM) Séneca en el año 2008. Se trata del tercer juicio del macroproceso de los ERE cuya celebración se ha fijado, después del denominado "procedimiento específico" y el de la pieza por las ayudas concedidas a la empresa Acyco, éste último todavía pendiente de que se dicte la sentencia.

Como singularidad de este tercer juicio, además del retraso en su señalamiento, se da la circunstancia de que se trata de la primera vista oral en la que sólo se sentarán en el banquillo dos responsables de la empresa EDM Séneca, tras haber sido excluidos los cargos responsables de la consejería de Empleo y de la agencia IDEA, una circunstancia que muchas defensas cuestionan, al estimar que no se puede juzgar sólo a los empresarios que recibieron las ayudas sin que se enjuicie la conducta de los concedentes de las mismas.

En julio del año pasado, la Audiencia excluyó de este juicio a cuatro ex altos cargos de la Junta en aplicación del principio non bis in ídem, dado que habían sido juzgados en el primer juicio de los ERE por del denominado "procedimiento específico" o la pieza política, en la que fueron condenados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 19 ex altos cargos. El tribunal excluyó de esta pieza al ex director general de Trabajo Juan Márquez; al ex director de la agencia IDEA Jacinto Cañete; al ex consejero de Empleo Antonio Fernández Garcia; y a Bienvenido Martínez Martínez, ex director de Inversiones de IDEA.

La Sección Cuarta de la Audiencia ha fijado ahora el inicio del juicio por las ayudas a EDM Séneca, que arrancará el 7 de septiembre de 2023 y que está previsto que finalice el 19 de octubre de ese mismo año, habiéndose fijado en principio un total de 18 sesiones de juicio, en la que declararán los dos acusados, Juan R. C. y María Josefa C. G., así como los testigos y peritos.

Entre los testigos que comparecerán a la vista oral se encuentran precisamente los cuatro ex altos cargos que figuraban inicialmente como investigados y que han quedado finalmente excluidos de la vista oral. El tribunal considera que el juicio puede quedar visto para sentencia el 19 de octubre, tras la exposición de los informes de conclusiones de la defensa.

La Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de tres años y medio de cárcel y ocho años y tres meses de inhabilitación para los dos únicos acusados, como cooperadores necesarios -en su condición de extraneus- de los delitos de prevaricación en concurso media con el de malversación de caudales públicos. También reclama que reintegren a la Junta el importe de la ayuda (384.841,65 euros) más los intereses legales.

En su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso este periódico, el Ministerio Público recuerdan que ambos acusados eran accionistas fundadores con un 25% del capital social de EDM, empresa de ubicada en Mancha Real (Jaén), siendo María José C. G. inicialmente presidenta del consejo de administración y apoderada desde la constitución de la sociedad en el año 2006, y Juan R. C. apoderado y consejero.

La empresa estaba calificada como centro especial de empleo -dado que al menos el 70% de los empleados debían tener la condición de discapacitados-, aunque entre 168 empleados contaba con otros trabajadores que prestaban sus servicio gestionando distintas áreas y que estaban acogidos al régimen general. Los dos acusados también eran socios constituyentes de Innovación y Desarrollo Empresarial Séneca, que tenía por objeto el comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos.

Ayudas de Invercaria e Idea

La Fiscalía recoge que EDM había obtenido diversas ayudas y subvenciones de administraciones y entidades públicas, como por ejemplo de Invercaria, en forma de préstamos participativos por importe de 1,2 millones; de la agencia IDEA, por otros 781.652,80 euros; y del Ministerio de Industria mediante la concesión de un préstamo para la industrialización de 1,2 millones y otras subvenciones como centro especial de Empleo por otros más de dos millones de euros.

Durante el año 2008, prosigue el Ministerio Público, hubo problemas de "reestructuración interna" en EDM agravados por la crisis económica, que había provocado la caída de la demanda, de la cifra de negocios y todo ello pese a la inversión realizada en sus líneas de producción. "La empresa tenía problemas de liquidez y de solvencia con importantes deudas contraídas con sus trabajadores -nóminas-, proveedores, entidades financieras y cantidades pendientes de abono a la administración tributaria y la seguridad social, entre otras".

Dicen los fiscales Anticorrupción que los acusados, para paliar el impago de las nóminas de los trabajadores y "con absoluto depreciado de las más elementales normas de procedimiento en la gestión de los fondos públicos procedieron para que, con fondos públicos de la Junta de Andalucía, se abonaran las obligaciones contraídas por las sociedades EDM y Séneca con sus trabajadores por salarios devengados pendientes de abono por un importe de 384.841,65 euros".

Los altos cargos que han sido excluidos de este juicio "en connivencia" con los dos empresarios "diseñaron una estratagema con apariencia de legalidad para transferir a ambas mercantiles fondos públicos de la Junta que tenían a su disposición y eludir a la vez otras obligaciones ya reclamadas por acreedores de la sociedad", entre ellas un embargo acordado por un juzgado de Jaén a la Consejería de Innovación.

La Fiscalía recuerda que la consultora Deloitte realizó un informe de la situación económica y financiera de EDM-Séneca para Invercaria en el año 2008, en el que se ponían de manifiesto que tenían un patrimonio neto negativo de 6,2 millones, un déficit financiero del grupo estimado en 17-20 millones, y salarios pendientes de pago por otros 1,3 millones, entre otros aspectos.

La operación se materializó finalmente en un convenio de colaboración entre la Consejería de Empleo y la agencia IDEA que fue firmado el 29 de diciembre de 2008 y en el que "se hacía constar con la finalidad de dar apariencia de legalidad, saltando conscientemente a la verdad, que EDM y Séneca eran una sola empresa con una plantilla de 145 trabajadores fijos". La "movilización de fondos públicos instrumentada" mediante este convenio por importe de 384.841,65 euros a través de la forma de préstamo sin interés o interés cero, se efectuó "conculcando a sabiendas y de forma palmaria la normativa vigente, pues no constaba emitido el preceptivo informe del gabinete jurídico de la Junta al convenio" y su finalidad era "el pago de una obligación de la empresa por nóminas ya devengadas y no abonadas".

Además, se prescindió "de manera absoluta del procedimiento establecido, en especial la ausencia absoluta de fiscalización por la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA)" y se utilizó un concepto presupuestario "inadecuado" de las transferencias de financiación al IFA/Idea, "cuya finalidad legal es la cobertura de gastos o actuaciones propias de la agencia IDEA con cargo al programa presupuestario Administración de Relaciones Laborales", la famosa partida 31L.

Las condiciones plasmadas en el contrato de préstamo suscitó con los dos acusados no fijaba interés alguno, concertándose por un plazo de dos años desde la fecha del contrato, determinando que la devolución se efectuaría en una sola amortización a la fecha de su vencimiento, prevista para el 29 de diciembre de 2010. Y el contrato no recogía ni contemplaba la constitución de garantía alguna por parte de los empresarios.

El 5 de marzo de 2009, el consejero delegado de EDM, Juan R. C., solicitó el concurso de acreedores voluntario en un juzgado de Jaén, declarándose dicho concurso y extinguiendo las relaciones laborales de los trabajadores, "sin que Idea exigiera la amortización anticipada del préstamo tal y como constaba en el propio contrato", y en junio de 2011 la agencia Idea se personó en el procedimiento concursal, sin que hasta la fecha conste que se haya satisfecho el crédito, concluye la Fiscalía.